Sin superar todavía las fallas en la ejecución del último crédito para infraestructura, el Ministerio de Educación Pública se prepara para solicitar un nuevo empréstito.

Serán $124 millones que se gestionarán ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), confirmó el viceministro académico, Steven González.

Los fondos se usarán para construir 65 centros educativos, principalmente, en zonas indígenas y en Limón. Es en esa provincia, donde se encuentran las “peores del escuelas del país”, según manifestaciones que hizo en 2019, el entonces jerarca de Educación, Édgar Mora.

El nuevo crédito fue anunciado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, en su discurso de rendición de cuentas ante los diputados, el 4 de mayo.

“El Gobierno presentará un nuevo crédito para inversión en infraestructura educativa. El tiempo no alcanzará para que nuestro gobierno logre ejecutar ese crédito, pero le dejaremos a la próxima administración la herramienta para seguir adelante con este sueño de igualdad de oportunidades en todos los rincones”, manifestó Alvarado

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Evitar errores

De acuerdo con el viceministro, el MEP trabaja en la etapa de preinversión desde hace más de año. En esa fase, se revisan definen los centros que se van a construir, se revisan anteproyectos, estudios de terreno, asuntos ambientales y planos, de cada uno.

Será la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio la que ejecutará el préstamo y contratará una unidad ejecutora.

La intención, dijo González, es que no se repitan los problemas que enfrentaron con el fideicomiso educativo que se constituyó con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ese crédito por $167,5 millones fue aprobado en 2013, pero al concluir solo alcanzó para realizar la mitad de las obras prometidas debido, justamente, a fallas en la etapa de preinversión.

Actualmente, el MEP trabaja en los requisitos para presentar la solicitud del crédito ante el directorio del BCIE y los requisitos que pide el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán). Después, el plan debe presentarse a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

“Esperamos que esta etapa de preinversión sea muy fuerte para evitar errores que se vieron en créditos anteriores que luego no se pudieron ejecutar o no se ejecutaron de la mejor manera. Entonces, estamos dando mucha atención a esta etapa de preinversión, preparando todos los requisitos que pide el BCIE y Mideplán para que el crédito se lleve de la mejor manera”, aseveró González.

El funcionario aseguró que la tasa de interés del BCIE es “muy favorable”, de 1,5%, con un período de gracia de 5 años para pagar. El crédito será por 25 años.

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Compromiso

El viceministro dijo estar consciente de que en la Asamblea Legislativa, el plan se podría topar con cuestionamientos, debido a la experiencia en la ejecución del fideicomiso educativo con el préstamo del BID.

“La garantía que le ofrecemos a los diputados es la responsabilidad en la etapa de preinversión, que los proyectos incluyan estudios de los terrenos adquiridos para ese fin, anteproyectos, planos, la parte ambiental y todos los estudios. No veremos el desarrollo de la obra en esta administración, pero queremos que el próximo gobierno tenga esa ruta y no nada más un crédito aprobado”, explicó el funcionario.

El proyecto sería enviado al Congreso al finalizar este año.

Para González, el crédito es esencial para desarrollar infraestructura educativa ya que el presupuesto anual de la DIE es de ¢20.000 millones, los que se deben usar para obras nuevas, mantenimiento y atención de órdenes sanitarias; lo cual es insuficiente para cubrir todas las necesidades.

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En el caso del fideicomiso educativo con el BID, la ley establecía que se debían construir 103 obras (80 centros educativos y 23 canchas techadas); sin embargo, el dinero solo alcanzó para concretar 55.

La causa del mal cálculo es que en la etapa de preinversión, se determinó un valor para cada centro educativo sin que existiera un estudio técnico que lo sustentara.

El costo previsto para cada obra que se incluyó en el texto de ley solo era “referencial” y por eso, en la práctica se dieron casos como el de la Escuela Finca La Caja, ubicada en La Carpio, estimada en $5,8 millones, pero que costó $6,8 millones, o sea, un 17% más.

La errada estimación y el atraso de más de dos años del Banco Nacional en la conformación de la Unidad Ejecutora (encargada del desarrollo del proyecto), encarecieron los costos de los centros educativos.

El Nacional era el administrador y el Ministerio de Educación Pública (MEP), como unidad supervisora.

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De las 55 obras para las que alcanzaron los fondos del fideicomiso, siete quedaron a medio construir ya que el desembolso de los últimos ¢20.000 millones para terminarlas quedó congelado cuando finalizó el plazo de ejecución, establecido en la ley.

Por ejemplo, la construcción de la Escuela Azul, en Turrialba, comenzó en enero del 2019, pero, desde enero del 2020 las obras están abandonadas y expuestas a robos.