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“El centro educativo que ustedes representan no será abastecido de alimentos por medio del Consejo Nacional de Producción (CNP) en el año 2022, lo cual implica que deben apegarse a procesos de contratación de alimentos diferentes”.
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Este mensaje fue enviado por el CNP, a finales del año anterior, a centros educativos con los que se había comprometido, desde marzo del 2021, a venderles los alimentos para los comedores escolares, fundamentado en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo que obliga a las instituciones públicas a comprarle a los precios que cobre.
Con esa comunicación de hace poco más de un año, el CNP pretendía incluir a 500 escuelas y colegios más en su cadena de suministros, con el fin de alcanzar a un total de 3.321 centros educativos en el 2022. De esa forma, iba a suministrar alimentos al 73% de las 4.535 instituciones del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Sin embargo, los planes no resultaron porque, a finales del año pasado, el Consejo echó para atrás con su promesa y decidió que, en vez de abastecer a los 500, solo incluiría a 50 centros más entre sus clientes, con lo cual 450 quedaron fuera. El argumento que dio la Junta Directiva del CNP es que el límite presupuestario impuesto por la regla fiscal no se los permitía.
La situación deja en incertidumbre a 450 escuelas y colegios pues, aunque están obligados a comprarle al CNP, es la misma institución la que, después de prometer suministros, les quita el servicio. Lo mismo va a ocurrir con hospitales y otros clientes del Consejo ya que la Junta Directiva acordó, en febrero de este año, dejar de abastecerlos en distintos porcentajes para cumplir con la regla fiscal.
Eso hace que las instituciones tengan que correr a buscar proveedores porque el Consejo se echa para atrás en sus compromisos.
La regla fiscal que se aprobó desde el 2018 como una medida de contención del gasto público, está incluida dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Desde entonces todas las instituciones deben tomarla en cuenta al momento de hacer sus presupuestos anuales.
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Para 2022, por regla fiscal se dispuso que los presupuestos de las instituciones no debían crecer más allá de 1,96% con respecto a 2021. A pesar de ese tope, el CNP consideró suplir a más escuelas, pero luego se dio cuenta de que de hacerlo superaba el límite.
No es suficiente
Al final, para el 2022 el CNP quedó abasteciendo a 2.833 centros educativos, pero, según se discutió en la sesión de la Junta Directiva del 23 de febrero de este año, aún se necesitan más recortes a las ventas a clientes institucionales para llegar al presupuesto que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) tiene aprobado para el 2022, apegado a la regla fiscal, que es de ¢54.915 millones en compras de alimentos a los proveedores para abastecer a las instituciones.
Las compras proyectadas para 2022 en el PAI, tras haber desistido de abastecer a cerca de 450 centros educativos, son por ¢72.000 millones por lo que se tienen que hacer recortes por ¢17.000 millones (un 33%) para llegar a la meta (¢54.915 millones) y cumplir con la regla fiscal, según se explicó en el acta.
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Esos recortes no solo incluyen dejar de abastecer a más centros educativos que actualmente compran sus alimentos al Consejo, sino, también, hacerlo en hospitales, cárceles y otros clientes. En el acta N°. 3097 de la sesión se acordó lo siguiente:
“Avalar la propuesta denominada I Fase para el recorte de compras del PAI en la categoría de abarrotes a los siguientes clientes: Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Seguridad Pública y Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); eximiendo del recorte lo correspondiente a granos básicos: arroz, frijoles y café, presentada por la Gerencia General, mediante oficio GG-OFIC-0195-2022, con fecha del 22 de febrero del 2022. Acuerdo firme”, se lee en el acta.
El servicio del Consejo ha sido ampliamente cuestionado, tanto en los centros educativos, hospitales y otros clientes, por los atrasos, sobreprecios y mala calidad.
Un estudio realizado por la Dirección de Programas de Equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), el año anterior, confirmó que los centros educativos que le compran al CNP tienen mayores desventajas que aquellos con proveedores independientes, seleccionados mediante procesos de contratación administrativa. El Consejo era el que reportaba más atrasos en la entrega de los productos, sobreprecios debido al margen de ganancia, tanto de la institución como de los intermediarios, mala calidad y mala atención.
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El análisis indica que el MEP se hubiera ahorrado ¢6.000 millones en las 15 entregas de paquetes de alimentos que se hicieron entre abril de 2020 y julio de 2021 durante la pandemia, si todas las juntas hubieran comprado al precio más bajo que ofrecieron los proveedores privados. Este monto representó cerca de 570.000 paquetes de alimentos más.
Además, un informe de la Auditoría Interna de la CCSS ratificó los problemas de la institución con las compras de alimentos que realizan los hospitales al Consejo entre los cuales destacan los sobreprecios de hasta 170%, principalmente, en frutas y verduras.
Semanas atrás, la Junta Directiva de la Caja autorizó a la presidencia ejecutiva de la entidad a presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, norma que los obliga a comprarles los alimentos a dicha institución al precio que sea.
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Víctor Carvajal, nuevo presidente del Consejo, dijo que al reducir la cantidad de compras necesariamente se tiene que reducir la cantidad de ventas y con esto reducir la cantidad de centros educativos y otros clientes para el 2022.
“Ahora el escenario ha cambiado porque los precios se han incrementado impresionantemente; hay que disminuir más ¿cuánto vamos a dejar de atender? Dependerá de varios factores y eso es lo que estamos trabajando. Por temas de regla fiscal, tenemos que tomar la decisión lo más antes posible. Con la Caja ya no hay capacidad, por temas de regla fiscal, de renovar los contratos a partir de junio; entonces, no vamos a suplir una serie de hospitales, por el momento, los estamos supliendo, ha habido problemas de suministro que logramos solventar, pero, en esta nueva contratación que va hacer la Caja, no vamos a participar por el acuerdo que se tomó de disminuir el volumen de ventas”, explicó Carvajal.
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La Nación solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) indicar qué van a hacer tras este acuerdo, pero, al cierre de la nota, no se habían referido.
La Caja Costarricense de Seguro Social tampoco se refirió a las consultas, sin embargo, este viernes, envió un comunicado en el que explicó que promovió el procedimiento de compra consolidada para suplir a 27 hospitales de 139 artículos comestibles, principalmente abarrotes, para atender los requerimientos de alimentación de los pacientes. No dijo si eso era consecuencia del acuerdo del CNP de no abastecerlos.
Por medio de la oficina de prensa, el Ministerio de Justicia y Paz, que administra las cárceles del país, indicó que conocen el acuerdo, pero que, por el momento, no se ha hecho efectiva la afectación. “Justicia está esperando la anulación de ese acuerdo y, si no pasa, se tomarán acciones”, explicó la institución por medio de su oficina de prensa.
