El Consejo Nacional de Producción (CNP) no solo cobra más caro que el mercado por los frijoles y huevos que vende. Las Juntas de Educación consideran que ese sobreprecio está presente en todos los alimentos que le compran al Consejo para alimentar a alumnos de escasos recursos.
Tal afirmación se desprende de la investigación realizada por Leiner Vargas, catedrático del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA), quien analizó los efectos del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP en la cadena del valor de frijol en Costa Rica.
Como parte del estudio, se consultó a las Juntas de Educación sobre su percepción como clientes del PAI, en temas como precio y nivel de satisfacción.
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La investigación general, que se centró en el frijol, registró que a las instituciones se les vende el grano al doble del precio que reciben los productores. Sin embargo, el investigador quiso indagar cómo estaban los precios en los demás productos.
Con ese objetivo, se tomó una muestra de 15 Juntas de Educación de diferentes zonas de Occidente. La muestra incluyó escuelas que tienen desde 88 estudiantes hasta 594. El 100% le compran al PAI.
Puntualmente, se les consultó si consideraban que el precio al cual vende el PAI es más elevado que los de otros negocios, en distintos productos.
El 80% de las Juntas consultadas le otorgó una calificación “mala” y “muy mala” al Consejo en el rubro de precio.
Por productos
En el caso de los frijoles, que el CNP vende en ¢1.300 el paquete de 900 gramos, el 93% de las Juntas dijo que el precio era mucho mayor que en otros negocios. En el arroz, el 87% de los entrevistados también dijo percibir un sobreprecio en el producto que ofrece el Consejo.
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En las carnes, el 100% de las Juntas aseguró que era más caro comprar en el PAI que en otros comercios. En el caso de los lácteos, el 93% opinó lo mismo.
Con respecto a los huevos, que el CNP vende en ¢1.950 el paquete de 15 unidades, el 97% de las Juntas afirmó que son más caros que en el mercado y, en cuanto a las verduras, el 87% afirmó que pagaban mucho más al Consejo.
En el caso de las frutas, embutidos y “otros productos” el 93% de los entrevistados consideró que hay sobreprecio.
“Si bien el programa diseñado por el CNP satisface a las juntas educativas de manera correcta, esta satisfacción es a cambio de precios bastante elevados. Se puede inferir que, a pesar de que el presidente del CNP mencione que los precios que ofrece la entidad son competitivos en el mercado, lo cierto del caso es que, con base en las consultas a las Juntas de Educación, esto no parece ser así.
“Por el contrario, de manera bastante contundente, en la mayoría de los productos que ofrece el CNP, cerca del 90% de consumidores finales mencionaron que el precio del PAI sí es más elevado si se compara con las distintas opciones existentes en el mercado”, explicó el informe.
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El artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo, obliga a las entidades públicas a comprarle solo a esa institución. Según la norma, las escuelas, cárceles y otras entidades deben adquirir “a los precios establecidos”, aunque estos resulten más elevados que el mercado debido a que se tiene que pagar la intermediación de hasta un 12% del CNP y porcentajes de otros intermediarios en el proceso.
Según datos brindados por el CNP, solo el Ministerio de Educación Pública (MEP), que es su principal cliente , le pagó el año pasado ¢77.175 millones por las frutas, verduras y abarrotes que sus 311 suplidores le vendieron a los centros educativos.
Si se toma en cuenta un margen de comercialización del 6% (el más bajo que cobra el CNP dependiendo del producto), la institución se habría dejado ¢4.620 millones en el 2020. Con un escenario del 12%, el monto percibido habría sido de ¢9.240 millones.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto bajo el expediente 21.424 que elimina la obligación que tienen hoy los centros educativos de comprarle al Consejo.
Los resultados de la investigación de la Universidad Nacional son muy similares a los que dio a conocer la Contraloría General de la República (CGR) en un informe del 2019, en el que afirmó que el 60% de productos que suple el Consejo para consumo de escolares tienen un costo mayor a los precios máximos ofrecidos por los negocios de las comunidades donde operan los centros educativos.
Pese a las pruebas, estudios, informes, quejas de centros educativos, cámaras y distintas organizaciones sobre los sobreprecios, el CNP niega que vendan a las instituciones a precios mayores que el mercado. Afirma que son “informaciones inexactas que buscan desestabilizar el mercado del PAI”.
Sin embargo, la institución no presenta ni un solo estudio formal ni prueba que certifique lo que afirman en los comunicados.
El nuevo presidente ejecutivo de la institución, Ángel Jiménez, tampoco acepta entrevistas sobre falencias del programa y las conclusiones de diversos estudios que señalan, de forma contundente, la obligatoriedad del pago, por parte de las instituciones públicas, de elevados sobreprecios al Consejo y a los intermediarios.