Cada vez que compran frijoles, escuelas cárceles, hospitales y Cen-Cinái deben pagar al Consejo Nacional de Producción (CNP) no solo por el producto, sino también un monto por intermediación.
Esa suma se distribuye entre el Consejo y las asociaciones que agrupan a pequeños y medianos productores del grano.
Para 2020, el costo de la intermediación representó el 34,4% de las ventas de frijol que se hicieron ese año a las instituciones.
En total, fueron ¢2.600 millones al tipo de cambio actual ($ 4,2 millones), según cálculos realizados por Leiner Vargas, catedrático del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA).
Vargas desarrolló un estudio para analizar los efectos del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP en la cadena del valor de frijol en Costa Rica. El estudio fue motivado por “la existencia de márgenes de comercialización muy amplios en el mercado del frijol costarricense”.
Los resultados del análisis fueron dados a conocer la semana anterior.
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“Los datos son claros, si la información del propio CNP y del MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) sobre el desabasto es correcta, tendríamos $4,2 millones que quedan distribuidos entre el CNP y los intermediarios de frijol en las asociaciones”, dijo Vargas.
Según la investigación, los proveedores de frijoles del CNP son principalmente asociaciones que agrupan a pequeños y medianos productores. Estos últimos no tienen relación con el PAI, pero venden la cosecha a las organizaciones que finalmente las colocan en el Consejo.
Las asociaciones, añade el estudio, venden el frijol a un precio hasta 54% más alto al Consejo y luego, el CNP suma el margen para sostener su operación.
Esta cadena explica por qué el precio de los frijoles que vende el CNP a las instituciones es más elevado que el producto que se puede encontrar en el mercado.
Por ejemplo, las asociaciones en la región Chorotega (Guanacaste), le pagan a los productores, en promedio, ¢32.750 por quintal de frijol rojo. La asociación le vende al CNP este quintal en unos ¢50.500 (un 54,2% más) y el Consejo a las instituciones en ¢64.000, un 95,4% más con respecto al precio original.
De esta forma, el precio que paga el Estado termina duplicándose con respecto al precio original.
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A pesar de las circurstancias, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo, obliga a las entidades públicas a comprarle solo a esa institución.
Según la norma, las escuelas, cárceles y otras entidades deben adquirir “a los precios establecidos”.
Desglose de ganancias por intermediación
De acuerdo con la explicación de Vargas, el reporte del CNP indica que en 2020 el PAI compró 112.000 quintales de frijol a 11 asociaciones de Huetar Norte (Guatuso, San Carlos y Sarapiquí), región Chorotega (Guanacaste) y la región Brunca (Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus, Buenos Aires y Pérez Zeledón), las cuales reunían a 3.600 productores.
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El CNP vendió el quintal a las instituciones públicas en un promedio de $109,75 (¢68.045), o sea, que por los 112.000 quintales el Estado pagó en total $12,2 millones en 2020 (¢7.621 millones).
Según los cálculos de Vargas, las asociaciones gastaron en materia prima (los frijoles, bolsas, mano de obra de empaque y distribución del producto) $72 por quintal (¢44.640).
De esta manera, en toda la compra de frijoles realizada en 2020 por el CNP ($12,2 millones ) en solo materia prima se pagaron $8 millones , eso representó el 65,5% (¢5.021 millones) de la compra total.
Al final, quedaron libres $4,2 millones (¢2.600 millones). Es decir, que entre el CNP y las asociaciones se repartieron el 34,42% como parte de la intermediación.
El Consejo cobra 12% de margen de operación , lo que significa que se dejó $1,4 millones (¢899 millones) y las asociaciones se quedaron con el resto, 23%($2,7 millones), o sea, ¢1.722 millones.
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Vargas añadió que, según la encuesta realizada a pequeños y medianos productores para la investigación, ellos indicaron que no reciben retribuciones económicas adicionales por las ganancias que las asociaciones tienen por la venta de frijol, únicamente entregan su cosecha y desconocen qué hacen estas agrupaciones con el producto.
Además, para poder vender su cosecha a estas organizaciones, deben afiliarse a las mismas y pagar una cuota de ingreso, mensualidad, anualidad y participar en asambleas.
“Es necesario que la Contraloría General de la República valore seriamente el impacto del sobreprecio de venta y los componentes de la cadena de valor agregado en el empacado y distribución de frijoles rojos y negros. Desde nuestro trabajo, podríamos claramente concluir que existe entre un 20% y 25% de sobreprecio en la actualidad y que la distribución de dicho valor no necesariamente se asocia con la compra más alta de precios, sino con el accionar de intermediarios que venden o procesan el frijol con márgenes muy superiores a los que tiene el mercado”, concluye el informe.