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Para inicios del 2022, el CNP abastecía a 2.833 centros educativos, de los 4535 que hay en el país, (Eduardo Vega Arguijo)
La Junta de Educación del Liceo Rural Los Arbolitos, en Puerto Viejo de Sarapiquí, tuvo que correr, en mayo anterior, para buscar un proveedor privado que supliera la alimentación de sus 26 estudiantes.
El apuro surgió luego de que el Consejo Nacional de Producción (CNP) les enviara un oficio en el que les informaba que ya no los iba a seguir abasteciendo, alegando como razón las deudas que tenían otros centros educativos de la zona con sus proveedores y a las restricciones presupuestarias que tiene la institución debido a la regla fiscal.
“Nuestros proveedores no han podido hacer frente a las obligaciones financieras adquiridas y nos han informado que no podrán seguir abasteciendo. Manifestamos la anuencia a que se puedan suplir de actores privados, dada la imposibilidad real de poder ser atendidos por un lapso de hasta un máximo de seis meses”, indicaba el oficio, con fecha del pasado 3 de mayo.
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La nota fue suscrita por Manrique Oviedo, director regional del CNP de la región Huetar Norte. Esa misma carta fue enviada a las Juntas de Educación de decenas de centros educativos, principalmente de zonas rurales, cuyos miembros tuvieron que ingeniárselas para buscar un privado que siguiera entregando la alimentación de los alumnos en lugar del Consejo.
Sin embargo, la realidad es diferente a la expuesta por el Consejo en el oficio. Tal y como lo reconoció el presidente del CNP, Víctor Julio Carvajal, las deudas que las escuelas y colegios tienen con los proveedores surgen por la incapacidad del propio Consejo para entregarles a los centros educativos, en tiempo y forma, las facturas para que puedan pagar a sus suplidores.
En el caso de la regla fiscal, el problema radica en que el Consejo presupuestó vender más de lo que realmente se le permitía.
Pero más allá de las justificaciones, la decisión del CNP golpea directamente a la población estudiantil. Según el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo dejó de abastecer a 93 centros educativos en el 2022. Un total de 45 reportaron que el Consejo alegó la falta de pago por parte de las escuelas y colegios a sus proveedores y que por ello renunciaran a seguirles entregando alimentos.
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Otras 48 instituciones reportaron que los proveedores del Consejo no tenían los productos que ellos necesitaban, por lo cual el CNP les autorizó a contratar a un proveedor privado.
Reporte de centros educativos
El MEP cuenta con una base de datos sobre las dificultades que los centros educativos reportan tener con el CNP. Por ejemplo, el Liceo Rural Los Arbolitos indicó que tuvo que cerrar el comedor debido a la falta de alimentos.
“El incumplimiento con las entregas de alimentos llevó a que se tuviera que cerrar el comedor y no se le brindara alimentación a la población estudiantil. CNP les informó que busquen proveedores privados”, se lee en el reporte del Ministerio, del cual La Nación tiene copia.
Mientras, la Escuela Cristóbal Colón, en Acosta, reportó que el proveedor de la Corporación Hortícola Nacional les comunicó que no harán más entregas porque renunciaron al CNP y el centro educativo no había recibido comunicación por parte del Consejo; nada más se quedaron sin alimentos.
Cuatro centros de Isla Chira, en Puntarenas, (Escuela Isla de Chira, Escuela Montero y Palito, el Liceo Isla de Chira y la Escuela Bocana) reportaron al MEP los problemas con el abastecimiento de alimentos por parte del CNP.
“Refieren que el CNP les informó que deben buscar un proveedor privado, de manera temporal”, indicó el MEP.
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La Escuela La Peregrina, en la dirección regional de San José Oeste del MEP, se quejó que el proveedor no quería entregarles alimentos porque el CNP le adeuda dinero.
El artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción obliga a las instituciones públicas a comprarle al CNP a los precios establecidos. Sin embargo, en este caso, es el mismo Consejo el que deja de cumplir su función de abastecer a los centros educativos.
Ante la situación, el MEP, por medio de la oficina de prensa, indicó que lo que corresponde es vigilar que se dé el derecho de alimentación a los alumnos con la contratación de un proveedor privado por parte de las Juntas de Educación.
Razones
El CNP alega que es por la regla fiscal que deja de suplir a los centros educativos. Sin embargo, esa medida se aprobó desde el 2018, como una forma de contención del gasto público incluida dentro de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y aún así el Consejo presupuestó vender más de lo que se le permitía.
Con esta misma justificación es que el Consejo desistió de incorporar a 450 centros educativos más en el 2022 al listado total que abastecen, para cumplir poco a poco con lo que indica la ley orgánica. En marzo del 2021 el Consejo les había prometido abastecerlos para 2022, pero, a finales del año anterior, les envió un oficio indicándoles que mejor no.
Para inicios del 2022, el CNP suplía a 2.833 centros educativos, de los 4535 que hay en el país, pero, según se discutió en la sesión de la Junta Directiva del 23 de febrero de este año, aún se necesitan realizar más recortes a las ventas a clientes institucionales para llegar al presupuesto que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) tiene aprobado para el 2022 y cumplir con la regla fiscal.
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El CNP también alega que, por la morosidad de los centros educativos con los proveedores, es que deja de abastecerlos; sin embargo, según presidente del CNP, Víctor Julio Carvajal, las deudas con los proveedores surgen por los problemas de facturación del Consejo.
El centro educativo recibe los alimentos pero debe esperar la factura del CNP para hacer el pago al proveedor. Sin embargo, el Consejo tarda más de tres meses en entregar dicha factura, mientras tanto, los proveedores deben seguir entregando los suministros pero no reciben el pago y la deuda se acumula.
Carvajal dijo que, cuando inició con su gestión, en mayo anterior, las deudas con los suplidores del PAI por las cuentas por cobrar, superaban los ¢18.500 millones.
El 21 de mayo, el CNP informó que pagó ¢6 252 millones a los proveedores del PAI para reducir la deuda, agilizando el envió de las facturas a las instituciones y para que puedan entregar el dinero adeudado.
Otros reclamos
En la base de datos de las problemáticas que reportan los centros educativos al MEP resalta la baja calidad de los productos que les venden los proveedores del CNP, el mal servicio y los altos precios.
-Colegio Académico de Guápiles: Manzanas podridas, golpeadas, deformes, enanas; también guayabas que parecen uvas de lo pequeñas que son, en proceso de maduración, pepinos y papas dañadas. En otras ocasiones han salido pepinos y zuquinis totalmente podridos.
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-Escuela Beverly, Limón: Mala calidad de los alimentos entregados: arroz con gusanos, naranjas podridas, frijoles con gorgojos. Problema es recurrente.
-CTP San Pablo de León Cortés, Los Santos : Las carnes llegan sin congelar y a destiempo. Los empleados de los suplidores cuando entregan la mercadería se molestan cuando la misma se revisa. El trámite para el pago de las facturas al CNP es muy lento, ya que tardan demasiado en subir las facturas electrónicas al sistema. Sobreprecios en la mayoría de productos.
-Escuela Dr. Ferraz, en San José Norte: Miel de abeja etiquetada con fecha de vencimiento 2020 y sobre esta etiqueta otra con fecha del 2021.
-Escuela Santa Rosa, en La Palmera de San Carlos: Precios elevados de huevos con respecto a proveedores locales; tres alzas en tres meses.
-Escuela Arturo Quirós Carranza, en Alajuela: se compra un kilo de tilapia, cuando se entrega congelado pesa 1 kilo; pero cuando se descongela el producto final pesa 500 grs. Proveedor le informa que así es.
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