La falta de estudios y capacitación deja a estas cabezas de hogar sin muchas posibilidades de competir por empleos de calidad, es decir, con condiciones y salarios decentes.

Es así como el mercado de trabajo los lanza al desempleo o la informalidad, con actividades por cuenta propia, si acaso de subsistencia.

La nula o poca generación de ingresos, sumado a otros factores de vulnerabilidad propios de cada familia, condenan a estas familias a la pobreza.

Esta situación se da en una coyuntura en la que el Estado es incapaz de propiciar las condiciones necesarias para la generación de empleo, según las demandas de la población.

Entretanto, los sectores productivos que suelen ofrecer puestos a personas con menor capacitación comparten la crisis, agravada por la pandemia.

Posibilidades de empleo

Datos cruzados de las plataformas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencian que cuanto menos estudios tengan las cabezas de hogar, mayores niveles de pobreza enfrentan estos.

Por ejemplo, 50 de cada 100 hogares dependientes de personas sin ningún nivel de instrucción no llenan sus necesidades básicas. Entretanto, la situación se presenta en 32 de cada 100 hogares con jefaturas que llegaron al colegio pero no lo completaron.

En cambio, la realidad entre familias de profesionales es muy distinta. Solo seis de cada 100 enfrentan esa situación de escasez.

Una publicación del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) llamada “Educación, Pobreza y Desigualdad”, fue más allá de esos datos y evidenció que los hogares con menores niveles educativos tienen más probabilidades de vivir en estado de necesidad.

Leonardo Sánchez, uno de los autores del estudio junto con el economista Rafael Arias, identificó cinco razones por las cuales las carencias se hacen presentes entre hogares con baja escolaridad.

Todas están relacionadas con la menor probabilidad que enfrentan de acceder al mercado laboral, a un empleo formal, a una vacante calificada y a desarrollar emprendimientos, así como la menor probabilidad de que los miembros del hogar en edad escolar y de secundaria logren finalizar sus estudios.

“Los estudios científicos en economía de la educación indican que el nivel educativo del padre y la madre son claves para que los hijos logren concluir los estudios. No solo por el acompañamiento y apoyo que le puedan brindar al hijo en el proceso educativo de aprendizaje, sino también con el apoyo económico, de equipo tecnología que implica la educación.

“En resumen, se presenta un círculo vicioso: el bajo logro educativo de los padres determina el bajo ingreso del hogar y ambos limitan la educación que recibe el hijo, y a su vez, las características del hogar asociados a la pobreza influyen el logro educativo de los hijos”, afirmó Sánchez.

Pese a que la pobreza es un fenómeno multidimensional donde convergen varios factores, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) confirma que una de las mayores limitantes de un hogar es, precisamente, la baja escolaridad de sus miembros.

De acuerdo con el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez, la escolaridad promedio en Costa Rica se ubica en 9,3 años, lo que equivale a un noveno año de la secundaria.

LEA MÁS: Pobreza en Costa Rica sube a 26,2%, la más alta en 28 años

No obstante, en zonas fronterizas y costeras la cifra es todavía más baja, pues alcanzan niveles de apenas entre 6 y 7 años de estudios.

“Al final, esa baja escolaridad se refleja en una limitada empleabilidad, entiéndase una baja acumulación de capacidades productivas. Esto es una barrera para que estas jefaturas accedan a empleos formales, permanentes y que les permitan generar ingresos suficientes para atender las necesidades básicas de sus grupos familiares, y mucho menos ahorrar o invertir para el futuro de sus miembros, cuyo número también suele ser mayor que el resto de hogares”, afirmó Bermúdez.

El presidente ejecutivo enfatizó en que parte de las jefaturas con baja escolaridad del presente, fueron aquellos niños y jóvenes afectados por la caída de la inversión educativa en la crisis económica de los años ochenta.

“Estas lecciones no pueden ser olvidadas al analizar la respuesta social frente a los efectos de la covid-19″, manifestó el jerarca.

‘No tuvimos derecho a estudiar’

A ellos se les conoce como “la generación perdida”, son unos 315.000 costarricenses que, por la crisis, fueron empujados a salir de las aulas para buscar cualquier tipo de empleo para llevar sustento a sus hogares o servir como cuidadores de sus hermanos más pequeños y abuelos.

Hoy tienen entre 41 y 57 años.

Aquella época de necesidad marcó de por vida a Jeannete Mora, una alajuelense de 52 años que apenas logró terminar el sexto grado.

“Fue cosa de aquellos tiempos, usted sabe que antes con costos uno apenas sacaba sexto grado. Mi papá me dijo ‘usted saca sexto grado y hasta ahí llega el asunto’, yo no pude continuar los estudios porque a las mujeres solo las dejaban llegar hasta ahí”, contó.

Ella vivió “tiempos duros” en una familia que se dedicaba a la siembra y cosecha de alimentos, por lo que, además, estaba en constante migración de provincia en provincia.

“Es muy duro decirlo, me gradué sola de sexto año porque mi papá y mi mamá viajaban a otras partes a sembrar, hay cosechas que se dan lejos de donde uno vive. Ese año saqué sexto grado solita y no tuve derecho a estudiar más.

“Desde que entré a la escuela, siempre era saber que a setiembre de cada año teníamos que migrar, porque mi papá acostumbraba a irse a las zonas cafetaleras. Mi mamá hablaba con el profesor para decirle que las notas tenía que dármelas en setiembre porque teníamos que irnos.

En este momento, ella retomó sus estudios en un intento de escapar de la vulnerabilidad social, con el sueño de convertirse, algún día, en especialista pediatra o geriátrica. También trabaja como asistente en una empresa privada.

“He continuado mi vida con ayuda de la Oficina de la Mujer que nos ha capacitado mucho, nos ha ayudado con psicólogos, charlas y también capacitaciones para ser jefa del hogar”, afirmó Mora.

De acuerdo con el economista Leonardo Sánchez, el Estado costarricense enfrenta un duro reto hoy mismo, para no tener otra generación perdida al cabo de 10 o 20 años.

El riesgo, afirmó, existe no solo por la crisis financiera del país, sino también producto de los rezagos educativos a raíz de las huelgas de profesores de 2018 y 2019, así como del distanciamiento de las aulas por la pandemia de coronavirus.

“Son eventos que están aumentando el distanciamiento de la brecha educativa existente en nuestro país y han generado fuertes efectos en los procesos de aprendizaje y la adquisición de habilidades de los estudiantes de escuela y colegio.

“La educación pública agrupa más del 90% de las personas estudiantes y alrededor del 40% de esos estudiantes convive en hogares en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, por tanto, no tienen otras opciones para estudiar que no sea la oportunidad que se les brinda en el sector público, además del acceso a los servicios y apoyos sociales que brinda la educación pública.

“La evidencia científica en otros países ha demostrado que estudiantes expuestos a huelgas prolongadas, en el largo plazo tienen peores condiciones laborales y están expuestos al desempleo y subempleo, reforzando con ello el círculo de pobreza”, afirmó el economista.

Frente a la posibilidad de una nueva generación perdida, producto de la crisis económica y las urgencias de los hogares, la ministra de Trabajo, Silvia Lara, aseguró que el Estado deberá encontrar los recursos necesarios para atender a las familias más necesitadas para evitar que los más jóvenes deserten de las aulas.

“Será necesario continuar con las transferencias a los hogares más vulnerables con el fin de evitar que los jóvenes salgan del sistema educativo en busca de empleo informal y probablemente precario, dadas las condiciones actuales. La reinserción educativa es, por ello, una labor también fundamental”, aseveró la jerarca.

“Evitar esta informalización del empleo de los jóvenes es fundamental dado que la inserción en este tipo de empleos marca negativamente sus trayectorias y con ello surge el riesgo de continuar laborando a lo largo de la vida en este tipo de empleo. Por ello es fundamental reforzar nuestro sistema de protección social con el fin de mantener protegida a la población”, aseveró la jerarca.

LEA MÁS: Pandemia dejará tres años de rezago a estudiantes de enseñanza pública

Entretanto, la tarea para sacar de la pobreza a los hogares que se encuentran en esa condición no es nada sencilla, pues no basta con facilitarles capacitación a estudios técnicos.

“Debemos ser conscientes que para la población en pobreza hay un gran costo de oportunidad inmediato. Para capacitarse debe sacrificar el tiempo que le permite llevar comida día a día a su casa y atender los cuidados que requieran sus familias. La apuesta del Estado es alinear en tiempo y población objetivo, las facilidades sociales, los procesos formativos y la intermediación para el empleo.

“Esa es la misión conjunta de la Estrategia Puente al Desarrollo, del Sistema Nacional de Empleo y de la transformación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Ese triple eslabón permite la combinación de transferencias para la atención de necesidades básicas y los cuidados, procesos de transformación de habilidades y un acercamiento de oferta”, afirmó Bermúdez.

LEA MÁS: Ministra de Educación: Recuperar los aprendizajes perdidos por la pandemia tomará varios años

La capacitación técnica se convierte algunos casos en la única vía para encontrar un empleo o incluso generar microemprendimientos.

Durante su permanencia en la estrategia de combate a la pobreza, que les provee para satisfacer sus necesidades básicas, esos hogares tienen el compromiso de mantener a sus hijos en el sistema educativo.

Serán ellos, en muchos casos, los primeros universitarios graduados de sus familias para, ahora sí, con capacidades y herramientas suficientes, accedan a puestos de trabajo dignos que los aleje de la vulnerabilidad social.