El País

Auditoría señala conflicto de intereses y posibles anomalías con facturas de MECO en Municipalidad de San José

Estudio detectó negocios entre familiares, subejecución de presupuesto, recibos alterados, supuestos arreglos para ganar contratos y extravío de expediente

Un nuevo informe de la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José detectó presuntas irregularidades en diversos procesos de contratación de obra pública vial adjudicados, en su mayoría, a la empresa constructora MECO. El estudio señaló un conflicto de interés, extravío de expedientes, aparentes anomalías con facturas, modificaciones unilaterales, mala planificación de recursos y cambios repentinos en los objetos de gasto.

El informe especial fue solicitado por el Concejo Municipal el 22 de junio del año anterior y dado a conocer este martes 15 de febrero. Su propósito era “verificar y analizar que los procesos de contratación de obra pública, en particular los destinados a construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura vial, se hayan realizado en estricto apego al principio de legalidad”, en el periodo 2017-2021.

Tras el análisis, la Auditoría determinó que con los resultados obtenidos se puede concluir que las obras realizadas por el municipio han sido afectadas negativamente por dichas irregularidades, ya que “el debilitamiento del control interno aumenta el riesgo de posibles fraudes y actos de corrupción”.

Asimismo, determinó que no se cumplió en tiempo y forma con la aplicación de los artículos 8 y 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en al menos 11 procedimientos de contratación.

Sin embargo, rescató que existió una fuerte limitante para el estudio, ya que el pasado 15 de noviembre la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un allanamiento y secuestro de documentación en la Municipalidad de San Jose, que incluyó “información relevante” relacionada con este informe.

La Nación conoció que el pasado 10 de febrero de 2022, la alcaldesa a.i Paula Vargas Ramírez recibió los resultados de este estudio especial, así como la conclusión y las recomendaciones que a criterio del órgano fiscalizador municipal deberían girarse oportunamente.

Consultada por este diario, la jerarca respondió que su administración está anuente a colaborar en todo lo que se requiera para poder establecer las responsabilidades de los funcionarios que puedan estar involucrados en el estudio. “Estaremos brindando el apoyo durante todo el proceso”, aseguró.

En primer lugar, identificó un potencial conflicto de intereses en la reconstrucción de una calle cercana al bulevar de Rohrmoser, obra para la cual se estableció en los carteles de contratación el requisito de que el oferente debía subcontratar un laboratorio de calidad acreditado para que realizara los controles de material.

La empresa a la que se le adjudicó la obra fue a MECO y se determinó que uno de sus representantes es familiar de un miembro de la Junta Directiva del laboratorio de control de calidad que aportó la constructora para la contratación, llamado Ingeniería Técnica de Proyectos I.T.P.

De acuerdo con la Auditoría, esto sucedió porque en las condiciones de los carteles no se establecieron certificaciones de personería jurídica y distribución accionaria, ni tampoco declaración jurada, para descartar nexos o grado de consanguinidad entre los miembros de la empresa oferente y el laboratorio subcontratado.

Por lo tanto, el estudio advirtió de la “existencia del riesgo potencial de mediar relación de subordinación entre las partes, que pudiera afectar la objetividad de las pruebas de control de calidad a realizar”.

Igualmente, señaló el extravío de un expediente de 681 folios de una licitación también adjudicada a la constructora MECO, desde el año 2017. La Auditoría intentó revisar esta contratación para su informe, pero cuando le solicitó el documento a la Sección Gestión de Información y Documentación del gobierno local, le remitieron un expediente que solo contenía 13 folios.

Cuando se percató que el texto había llegado incompleto a dicha instancia, consultó al proveedor institucional sobre el paradero del documento original, pero este le respondió que “se solicitó al archivo y se revisó a lo interno del departamento y no se logró ubicar”. El encargado, además, alegó lo siguiente: “En vista de que trabajo para la Proveeduría desde agosto del 2019, desconozco en detalle el trámite o destino del expediente solicitado”.

Para este caso, el órgano fiscalizador del municipio concluyó que “se generó un debilitamiento del sistema de control interno, afectando la transparencia e impidiendo la revisión y análisis de un procedimiento licitatorio, con lo que se acrecienta el posible riesgo de ocultamiento y pérdida de trazabilidad de la información”.

Entre las posibles anomalías con las obras viales también se encontró que, durante el periodo 2018-2020, se tramitaron para pago una serie de facturas con fecha anterior a la elaboración y notificación del contrato en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) o a la emisión de las órdenes de compra.

Se trató de dos recibos de la compañía Bloques Pedregal S. A. que incluso presentaban alteraciones como “tachaduras”, así como cuatro facturas de la constructora MECO. La Auditoría determinó que no se evidenció puntos de control para cotejar oportunamente las fechas de confección de los comprobantes, por lo que existió riesgo “de que se adquieran bienes y servicios no respaldados por la respectiva orden de compra”.

Bloques Pedregal S. A., sin embargo, rechazó el señalamiento al alegar, este miércoles, que los datos sobre contratos que utilizó la Auditoría Interna son incorrectos y que no corresponden con los que se encuentran en Sicop.

Otro de los hallazgos consignados en el estudio P-AO-013-2021, del cual La Nación tiene copia, advirtió de la modificación unilateral de un contrato adjudicado a MECO en 2017 bajo la modalidad de entrega según demanda, en el que se incluyó la compra de una mezcla asfáltica para una obra que había ganado la constructora en otra contratación desde 2014 y que vencía a finales de 2018.

En este caso, según la Auditoría, lo ocurrido fue que “ante la abstención del entonces Departamento de Recursos Materiales y Servicios de proseguir con el procedimiento de contratación administrativa por posibles vicios de nulidad, la Dirección Administrativa asumió la decisión, cediendo a las pretensiones y justificaciones dadas por las jefaturas de la Gerencia de Provisión de Servicios y de la Sección de Construcción de Vías y Maquinaria, pese a que se conocía de que la imprevisibilidad no era justificante ya que las fechas de vencimiento habían sido de conocimiento con suficiente antelación por las partes”.

Otra aparente irregularidad vinculada con MECO se relaciona con la obra cercana al bulevar de Rohrmoser, para la cual se hizo una aclaración al cartel para indicar que la Municipalidad de San José solo iba a proporcionar el agregado y cemento para la estructura de pavimento, y que para todas las demás actividades que requirieran cemento y material granular de cualquier tipo, la constructora debía de contemplarlas en su estructura de costos y presupuesto.

De esta manera, según el informe, la empresa logró asegurarse en forma previa, la continuidad en el negocio de la obra sin determinarse en Sicop estudios técnicos ni financieros que ampararan tal decisión. Según la Auditoría, con esto se acrecentó “el riesgo de favorecimiento a determinados proveedores que podrían contar con ventaja competitiva en la contratación administrativa, además, se podrían evadir a futuro procedimientos de contratación al variarse los montos según los rangos de contratación en la estimación del negocio”.

Por último, también se detectó una mala planificación de recursos en dos órdenes de compra a MECO, en las que se adquirieron compromisos por demanda por más de ¢780 millones, pero no se utilizó todo el dinero y se generaron subejecuciones presupuestarias por ¢585 millones, casi un 75% del monto inicial. Esto no solo puede generar retención de dineros y pagos de más, sino también incumplimiento de objetivos programados.

Además, se determinó que en octubre de 2020, los miembros de la Junta Vial Cantonal aprobaron una modificación presupuestaria para variar el objeto de gasto por un monto de ¢157 millones, al cambiar una actividad a desarrollarse con la colocación de mezcla asfáltica con recursos propios, adjudicada a MECO, a una contratación a realizarse en el campo por un tercero.

De acuerdo con la Auditoría, esto se realizó sin que existiese la debida descripción en el plan de adquisiciones, por lo que “se materializó el riesgo de incumplimiento de la normativa técnica que define el objeto del gasto, y que es parte del origen del procedimiento de contratación administrativa”.

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