El País

Alcaldesa interina de San José deberá sancionar a 12 funcionarios, incluido Johnny Araya

Paula Vargas Ramírez ejecutará las sanciones que dictó la Contraloría General de la República contra estos trabajadores tras pesquisa sobre pago de parquímetros en capital de 2018

La alcaldesa interina de San José, Paula Vargas Ramírez, deberá ejecutar sanciones contra Johnny Araya Monge y otros 11 funcionarios luego de que la Contraloría General de la República (CGR) comunicara, el lunes pasado, la finalización del procedimiento administrativo contra los implicados por permitir el pago de una millonaria indemnización y otros dineros sin “fundamento técnico” a la empresa encargada de los parquímetros de la capital. Los hechos ocurrieron en 2018.

El caso concluye al ser rechazado un recurso de apelación, en diciembre pasado. Para concretar la medida, el órgano contralor dio un plazo improrrogable de cinco días, que debe ser cumplido ante el riesgo de incurrir en una falta grave por desobediencia, “con las consecuencias sancionatorias que ello implique”.

Así lo indicó la Contraloría en el oficio DJ-0001-2022, del cual La Nación tiene copia. Este precisó que “en dicho procedimiento se dictó acto final y se declaró responsable administrativamente a dichos funcionarios; por lo que se recomendó con carácter vinculante la sanción de suspensión” por 30 días sin goce de salario para Araya y otros cuatro trabajadores, mientras que para los demás es por 25 días.

Actualmente, el jerarca municipal josefino se encuentra suspendido del cargo por orden judicial, pues figura como imputado en el llamado Caso Diamante, en el cual se investigan supuestos actos de corrupción en la contratación de obras a la empresa MECO.

¢253 millones

En la resolución de la CGR se indicó que Araya actuó “de manera negligente e imprudente” por permitir el pago irregular de ¢253 millones a la empresa española Setex Aparki hace cuatro años y lo encontró “responsable administrativamente en grado de culpa grave” por el hecho, que fue denunciado por el regidor municipal Diego Miranda, con ayuda del diputado frenteamplista José María Villalta.

Desde 2014, Setex Aparki alegó un desbalance financiero ante la Municipalidad por el grado de ocupación de parquímetros. En el cartel de licitación, primero se estimó de un 60% a 70%, pero luego se actualizó a un 13%. Sin embargo, cuando la empresa se quejó de que no se cumplía con la demanda del servicio establecida, lo hizo con base en el porcentaje inicial, sin tomar en cuenta la actualización, y aún así fue indemnizada, pese a no haber presentado un sustento legal y técnico de su reclamo.

El Ayuntamiento incluso modificó el contrato inicial para incrementar el porcentaje de comisión que recibe la compañía por cada hora de parqueo y además un 5% extra por concepto de multas. “Concluye este órgano decisor que el señor Araya Monge promovió y recomendó se aprobara un reajuste contractual y reconoció pasar de una comisión de un 32% a un 45% a favor de la empresa, cuando se había indicado que un porcentaje mayor de un 33% resultaría ruinoso para la Municipalidad”, indicó la CGR.

Además, señaló que la conducta del jerarca fue “grave y reprochable” y que incurrió en una violación al deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. También, indicó que se violentaron diferentes normas que componen el Ordenamiento de Fiscalización Superior, como el hecho generador de responsabilidad que regula el artículo 110 de la Ley de Administración Financiera, inciso b.

La alcaldesa interina Paula Vargas Ramírez dijo a La Nación que ejecutará lo solicitado por la Contraloría, pero que será ese órgano el que deberá encargarse de los concejales municipales involucrados que ya no están activos. “Con base al artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, normativa que regula el principio de legalidad, la Administración únicamente puede hacer aquello que está permitido por ley, por lo que corresponderá a la CGR el proceder legal respecto a dichos exregidores. Todos los funcionarios municipales que serán sancionados, se encuentran activos”, dijo.

Por su parte, el regidor Diego Miranda declaró que se siente satisfecho con el camino que ha tomado este caso que denunció, pero rescató que todavía le queda la duda sobre si la Contraloría acudirá a otras instancias una vez se ejecute la sanción, pues para él las responsabilidades en este caso no son únicamente de carácter administrativo, sino también penal.

“Es positivo que se esté comunicando las sanciones a la Municipalidad después de pasar las etapas de apelación, sin embargo, sigo a la espera de una contestación de la Contraloría acerca de otros aspectos de la investigación como la prórroga del contrato que se hizo de manera ilegal, la elaboración irregular del cartel originario, las fallas en la ejecución o la modificación del contrato original cuando se hizo el pago de la indemnización, hechos que debieron ser sancionados y aún no sabemos si están o no en investigación”, dijo.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación, graduado de la Universidad de Costa Rica. Escribe sobre vivienda y trabajo.

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