La Contraloría General de la República (CGR) rechazó este lunes el recurso de apelación planteado por el alcalde de San José, Johnny Araya, por la sanción de 30 días de suspensión sin goce de salario impuesta por actuar “de manera negligente e imprudente”, al permitir el pago de una millonaria indemnización y otros dineros a la empresa española Setex Aparki, encargada de los parquímetros de la capital.
Dicha apelación fue también planteada por regidores y regidoras, tanto actuales como anteriores, así como por funcionarios que resultaron implicados en la resolución emitida por la CGR el martes 10 de agosto del 2021. Entre los sancionados están Osman Mariano Rodríguez Solís, Édgar Luis Sandoval Montero, Mario Enrique Vargas Serrano (actual vicealcalde) y Alexander Cerdas Rojas, todos ellos con el mismo castigo que Araya, 30 días de suspensión sin goce de salario.
La investigación del órgano contralor había señalado a Araya como “responsable administrativamente en grado de culpa grave” por un pago sin “fundamento técnico” de ¢253 millones a Setex Aparki, en el 2018. Desde el 2014, la empresa alegó un desbalance financiero ante la Municipalidad por el grado de ocupación de parquímetros. En el cartel de licitación, primero se estimó de un 60 a un 70%, pero luego se actualizó a un 13%.
No obstante, cuando Setex Aparki alegó que no se cumplía con la demanda del servicio establecida, lo hizo con base en el porcentaje inicial, sin tomar en cuenta la actualización, y aun así fue indemnizada, pese a no haber presentado un sustento legal y técnico en su queja.
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Además, el Ayuntamiento llegó a modificar el contrato con la empresa española, para incrementar la comisión que recibía la compañía por hora de parqueo y añadir un 5% extra por concepto de multas. Sobre esto, la CGR recalcó que Araya “promovió y recomendó se aprobara un reajuste contractual y reconoció pasar de una comisión de un 32% a un 45% a favor de la empresa, cuando se había indicado que un porcentaje mayor a un 33% resultaría ruinoso para la Municipalidad”.
La denuncia que desembocó en la investigación fue planteada en el 2019 por el regidor del partido Juntos Diego Miranda, con ayuda del diputado frenteamplista José María Villalta.
“Desde mi punto de vista, viendo la primera resolución y ahora este rechazo a la apelación, la sanción tuvo que haber sido mucho mayor y más contundente; lo que pasa es que el artículo que se utiliza para aplicar la sanción solo permite un rebajo salarial a la persona funcionaria. En nuestro caso, considerábamos que se tenía que haber planteado la remoción de las credenciales del alcalde y de los regidores involucrados”, dijo Miranda sobre el pronunciamiento de la Contraloría.
Además de los mencionados, el órgano contralor también sancionó a los siguientes miembros del Concejo Municipal: Jorge Luis Vargas Espinoza, Donald Alberto Leiva Hernández (actual regidor por el Partido Unidad Social Cristiana), Reina Isabel Acevedo Acevedo (actual regidora por el Partido Liberación Nacional), Rolando Luis de los Ángeles Murillo Cruz, Wilber del Carmen Hernández Mora, Fernando Jiménez Debernardi (actual regidor por el Partido Republicano Social Cristiano) y Flor María Zamora Álvarez.
Colaboró el periodista José Andrés Céspedes
