EscucharBrasilia. El Tribunal Supremo de Brasil dictó una condena de 17 años de prisión este jueves para el primer procesado relacionado con la asonada bolsonarista de enero en Brasilia, un intento de golpe de Estado que tuvo lugar poco después de la toma de posesión del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
“El Supremo Tribunal Federal, por mayoría de votos”, decidió condenar a “Aecio Lucio Costa Pereira a la pena de 17 años”, afirmó la presidenta de la corte, Rosa Weber, al concluir el primer juicio contra los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que saquearon las sedes de poder en Brasilia, mostrando su desacuerdo con la derrota electoral del ultraderechista.
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La condena más severa fue la que prevaleció entre los once jueces del tribunal. Pereira, un brasileño de 51 años proveniente del estado de Sao Paulo, participó en la invasión al Congreso y fue condenado por delitos que incluyen tentativa de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido.
Asimismo, se le impuso el pago de una multa individual y una indemnización por “daños morales y materiales colectivos” de 30 millones de reales (alrededor de USD 6 millones), que compartió con los demás condenados por la asonada.
El 8 de enero, Weber lamentó que “realmente no se trató de un paseo por el parque. Fue un domingo de devastación, el día de la infamia”, refiriéndose a la invasión y saqueo de las sedes de la Presidencia, el Congreso y el propio Tribunal Supremo, ocurridos apenas una semana después de la investidura de Lula, quien ganó las elecciones de octubre por un estrecho margen.
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Aecio Lucio Costa Pereira, el primer condenado relacionado con la asonada bolsonarista en Brasilia, fue sentenciado a 17 años de prisión por delitos que incluyen tentativa de abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio protegido. (ROSINEI COUTINHO/AFP)
Cristiano Zanin, uno de los jueces que votó este jueves, afirmó que el objetivo de los manifestantes era “sitiar Brasilia y propagar por el país la práctica de actos criminales, atentatorios contra el estado de derecho.”
La invasión también incluyó actos vandálicos en los edificios históricos diseñados por el arquitecto Oscar Niemeyer, donde los manifestantes destrozaron vidrios, sillas, mesas, valiosas obras de arte y muebles históricos, como un reloj traído a Brasil por la corte portuguesa en 1808.
El juez relator, Alexandre de Moraes, quien propuso la pena de 17 años, presentó un video de Pereira dentro del recinto del Senado, celebrando la invasión y alentando a través de redes sociales. Solo dos de los jueces desestimaron los cargos de tentativa de golpe, argumentando que la deposición del gobierno no estaba al alcance de las personas involucradas.
Los abogados de Pereira argumentaron que su cliente no estaba armado durante la asonada y que no cometió actos violentos.
La fiscalía presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre los cuales se incluye el primer condenado y otros tres que serán juzgados próximamente, todos hombres con edades entre 24 y 52 años.
El tribunal supremo comenzó a juzgar el segundo proceso el jueves por la tarde. Bolsonaro, recientemente declarado inelegible por ocho años por desinformar sobre el sistema electoral, está bajo investigación por su presunto papel como instigador de la asonada. El expresidente, quien se encontraba en Estados Unidos en el momento de los ataques, negó cualquier responsabilidad.
Antes del 8 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro, convencidos de que fue víctima de fraude electoral, promovieron cortes de carreteras y manifestaciones frente a cuarteles militares, solicitando una intervención militar.
Miembros de la cúpula policial del Distrito Federal, la región de Brasilia, fueron detenidos el mes pasado bajo acusaciones de “omisión” y tentativa de golpe de Estado, después de que las investigaciones revelaran una “alineación ideológica y de propósitos” con los manifestantes, según la fiscalía.
Además de las denuncias por los delitos más graves, la fiscalía está revisando más de mil casos que, en lugar de llevarse a cabo mediante persecución penal, resultará en multas y contribuciones sociales si se alcanzan acuerdos.
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