Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció este miércoles ante fiscales por tercera vez en lo que va del año debido a su presunta responsabilidad en la represión de las protestas que ocasionaron 50 muertes tras la destitución de su antecesor, el expresidente Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra encarcelado.
Boluarte estuvo presente en la sede del Ministerio Público durante aproximadamente 90 minutos, donde declaró ante la Fiscal General, Patricia Benavides, y su adjunto, Carlos Huamán.
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El abogado presidencial, Joseph Campos, informó a la prensa después de la diligencia: “Hemos asistido y declarado”.
La mandataria, una abogada de 61 años, se retiró del lugar sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, ya que estaba resguardada por un fuerte contingente policial que limitó el acceso de los periodistas.
El defensor reiteró afirmaciones anteriores de que no existió una orden de la presidenta a las fuerzas de seguridad del Estado para abrir fuego contra los manifestantes. Añadió: “Dimos declaraciones de que se controlara la situación y se mantuviera el orden público, respetando los derechos fundamentales”.
Este es el tercer interrogatorio al que se somete a Boluarte en el contexto de una investigación que comenzó en enero y que aborda los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
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Dina Boluarte es cuestionada por tercer ocasión en el marco de una investigación sobre la represión de movilizaciones sociales en diversas regiones del país. (ALDAIR MEJIA/AFP)
La pesquisa se originó a raíz de “las muertes de ciudadanos durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023″.
La fiscalía busca determinar la posible implicación de Boluarte en la represión de las protestas antigubernamentales en diversas regiones de Perú, como Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
En caso de que se presente una acusación, la presidenta no podría ser enjuiciada hasta julio de 2026, cuando finaliza su mandato, según lo establece la Constitución.
Desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre pasado, la represión del gobierno peruano resultó en 50 muertes, con aproximadamente veinte de ellas atribuidas a disparos efectuados por las fuerzas militares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Boluarte ocupaba el cargo de vicepresidenta de Perú hasta que asumió la presidencia el 7 de diciembre, tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo debido a su intento fallido de disolver el Congreso, gobernar por medio de decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
Castillo está actualmente en prisión preventiva en Lima, a la espera de una decisión judicial sobre su eventual enjuiciamiento.
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