Quito. La Justicia de Ecuador rechazó este lunes una demanda constitucional del creador de WikiLeaks, Julian Assange, para bloquear la aplicación de normas impuestas para sus visitas, comunicaciones y salubridad en su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres.

La jueza Karina Martínez resolvió rechazar por "improcedente" la acción de protección presentada por Assange a través del exmagistrado español Baltasar Garzón, director de la defensa del australiano, ante un tribunal de Quito.

Con la demanda, Assange pretendía lograr el restablecimiento de sus telecomunicaciones, cortadas desde marzo por Ecuador, y bloquear la aplicación de un protocolo especial de convivencia en la legación, cuyo incumplimiento derivará en la "terminación del asilo".

Martínez señaló que la advertencia de dar por terminado el asilo si Assange no cumple con las reglas no es una vulneración de derechos, como el australiano sostiene en su demanda contra el canciller José Valencia, debido a que es potestad del Estado ecuatoriano conceder y retirar ese estatus.

El protocolo está vigente desde el 12 octubre, según Quito, y contempla el restablecimiento parcial de las comunicaciones de Assange.

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El ecuatoriano Carlos Poveda, abogado del australiano, indicó que Assange "es un objetivo internacional" por lo que requiere "una conexión segura" a Internet más allá del acceso a la red WiFi de la embajada, que le fuera suministrado el 19 de octubre y que se negó a recibir según el procurador del Estado, Íñigo Salvador.

Ecuador suspendió todas las comunicaciones de Assange con el exterior de la embajada, donde está asilado desde 2012 para evitar en principio ser extraditado a Suecia, por faltar a su "compromiso escrito de no publicar mensajes que constituyeran una injerencia en la relación con otros Estados".

La audiencia, en la que intervino Assange mediante videoconferencia, se instaló el pasado jueves, pero dos horas después fue suspendida hasta este lunes por problemas técnicos y de traducción.

En su alocución, Assange señaló que el protocolo es parte de una estrategia de Ecuador para retirarle el asilo y que sea entregado a Estados Unidos.

Sin embargo, Quito sostiene que mantendrá el asilo al fundador de WikiLeaks, que le ha costado unos seis millones de dólares de acuerdo con el procurador.

"Si el señor Assange así lo desea y se atiene a las normas que la señora jueza ha declarado que son plenamente constitucionales, puede quedarse en la embajada de Ecuador en Londres todo el tiempo que desee", expresó Salvador tras el dictamen.

De su lado, Poveda insistió en la necesidad de buscar un "diálogo" con las autoridades ecuatorianas para encontrar una solución a la situación de Assange.

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Orden de detención en pie

La Justicia del Reino Unido mantiene orden de detención contra Assange por incumplir obligaciones de su libertad condicional cuando era acusado de supuestos delitos sexuales cometidos en Suecia.

Aunque las causas suecas no prosperaron, el creador de WikiLeaks teme ser extraditado a Estados Unidos por difundir miles de secretos oficiales de esa nación a través de su página web.

Poco antes de la audiencia, Valencia dijo que "no podemos hacer milagros" para solucionar la situación del fundador de WikiLeaks y que "el asunto depende de otros países. Esos países tienen que pronunciarse".

Agregó que "no encuentro la razón de objetar este protocolo; sí nos llama muchísimo la atención, y hasta cierto punto nos decepciona, que ocurra en contra de un país que le ha dado protección a tanto costo y con tanta dedicación a lo largo de seis años y medio casi".

Tras concederle el asilo, infructuosamente Ecuador solicitó en dos ocasiones al Reino Unido que conceda un salvoconducto para que el australiano pudiera salir sin problemas de la embajada y en diciembre pasado le dio la naturalización y hasta rango diplomático, lo que no fue reconocido por Londres.