Violencia en prisiones de Ecuador persiste: Gobierno amplía el estado de excepción

El presidente Guillermo Lasso emitió un decreto la semana pasada desde Nueva York, adonde viajó para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para renovar por un mes la declaratoria de grave conmoción interna en todas las prisiones, la cual inicialmente se dispuso por 60 días el 24 de julio, según informó la Secretaría de Comunicación.

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“Esta renovación tiene como finalidad controlar las circunstancias que alteraron el funcionamiento del sistema penitenciario, restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de estos, a efectos de que los centros puedan cumplir con su misión constitucional de rehabilitación social”, establece el documento.

Frente a las repetidas masacres en las cárceles, algunas de las cuales se cuentan entre las peores de América Latina, Lasso decretó en julio el estado de excepción como medida para desplegar militares en las prisiones. Esto ocurrió después de que enfrentamientos entre reclusos en la ciudad portuaria de Guayaquil, en el suroeste del país, dejaron decenas de víctimas.

En ese entonces, la policía reportó el hallazgo de once cadáveres y 29 piezas humanas en la penitenciaría, mientras que la fiscalía confirmó 31 fallecidos.

El mandatario sostiene que una guerra entre bandas por el negocio del narcotráfico desencadenó el aumento de la violencia dentro de las prisiones en los últimos años, con más de 430 presos muertos en enfrentamientos desde febrero de 2021, incluyendo decenas de casos de desmembramientos e incineraciones.

En las calles, los homicidios se cuadruplicó entre 2018 y 2022, llegando a un récord de 26 por cada 100.000 habitantes.

Esta tasa, en un Ecuador con 16,9 millones de habitantes según el censo de 2022, podría llegar a 40 este año según expertos.

A principios de setiembre, casi 60 guardias penitenciarios y policías fueron retenidos temporalmente por presos de seis cárceles, que son utilizadas como centros de operaciones por organizaciones con vínculos con cárteles de México y Colombia.

Desde mayo de 2021, cuando asumió Lasso la presidencia, el país, que solía ser una isla de paz en medio de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, decomisó más de 500 toneladas de droga, principalmente cocaína.