Madrid. Las autoridades de Nicaragua “cometieron violaciones graves de derechos humanos” durante la llamada “operación limpieza” destinada a eliminar barricadas, denunció Amnistía Internacional (AI) en un informe al cumplirse seis meses de protestas reprimidas hasta con “fuerza letal”.
En muchas oportunidades, las violaciones de derechos humanos fueron cometidas “no solo con conocimiento de las más altas autoridades”, entre ellas del presidente Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sino bajo su “orden y control”, denunció la ONG de defensa de los derechos humanos en el informe presentado en Madrid.
Desde junio, el Gobierno nicaragüense “intensificó su estrategia de represión” contra las protestas, iniciadas el 18 de abril, durante la llamada “operación limpieza” lanzada para retomar el control de ciudades y carreteras en manos de los manifestantes.
En su segundo informe sobre la situación en el país centroamericano, Amnistía enumeró “torturas, detenciones arbitrarias y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la Policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas”, así como seis “posibles ejecuciones extrajudiciales”, que constituyen delitos de derecho internacional.
La represión contra las protestas, inicialmente contra una reforma del seguro social, pero luego para exigir la renuncia de Ortega, han dejado hasta finales de agosto al menos 322 personas muertas, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 heridos, según Amnistía Internacional. Entre las personas fallecidas 21 eran agentes.
“Hoy se cumplen seis meses de represión continua en nuestro país y no le vemos salida, no sabemos hasta dónde va a llegar, cuándo va a terminar, cuándo podremos vivir en paz y empezar a reconstruir un país moralmente destruido”, dijo Vilma Núñez, una de las más destacadas activistas de derechos humanos en Nicaragua, que participó en la presentación.
“El gobierno está tratando de imponerse por la fuerza (...) Mantiene la represión, el hostigamiento, las persecuciones selectivas. En Nicaragua se ha perdido el derecho a circular libremente, porque las calles han sido tomadas por fuerzas militares”, aseveró en rueda de prensa la presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh).
Ortega, quien ha negado que tanto la Policía como el Ejército hayan disparado contra civiles, acusa a los opositores de formar parte de un plan “golpista” financiado por Estados Unidos.
La embajadora nicaragüense en Francia, Ruth Tapia, afirmó que el informe de AI es “infundado”, hace acusaciones “sin pruebas” e “inventa” el número de muertos.
Garantizar derechos
En Madrid, Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, pidió que “en lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de ‘terroristas’ y de ‘golpistas’, el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”.
Las autoridades nicaragüenses deben "desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria".
Entre los posibles casos de ejecuciones extrajudiciales, AI documenta el de Leyting Chavarría, de 16 años, quien murió en la ciudad de Jinotega (norte). “Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que solo llevaba una honda o tirachinas”, señala la ONG.
Asimismo, cita el caso del policía Faber López, muerto a manos "de sus propios compañeros", indicó Pilar Sanmartín, investigadora de AI.
“Según familiares, la causa de la muerte de este policía fue haber criticado al cuerpo policial y haber presentado su denuncia, y así (lo) consideraron que era un traidor”, manifestó Sanmartín. Las autoridades dijeron que murió por un disparo de “terroristas”, pero “un examen forense alternativo demostró que no existía ningún impacto de bala en el cuerpo, sino múltiples signos de tortura”.