Incautadas propiedades de exjefe policial de Honduras extraditado a Estados Unidos

Las autoridades iniciaron el viernes “el proceso de incautación de 19 bienes inmuebles y productos financieros, propiedad del extraditado excomisionado general director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla”, aseguró en un comunicado el MP.

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Se trata de una residencia en Lomas de Toncontín, sur de la capital; una hacienda de 350.000 m2 en aldea Las Ánimas, este del país, un lote en Choloma, norte; tres vehículos de lujo y nueve cuentas bancarias, entre otros bienes, que suman en total casi 10,7 millones de lempiras (más de $400.000), detalló.

Bonilla, alias El Tigre, director de la Policía entre el 2012 y el 2013, fue extraditado el 10 de mayo pasado a Nueva York. Este viernes debería comparecer ante el juez de la Corte del Distrito Sur de esa ciudad, pero la audiencia fue suspendida sin darse causas, ni definirse una nueva fecha.

Bonilla había sido mencionado como “co-conspirador” de narcotráfico del exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, en un juicio en el que ese hermano del expresidente Juan Orlando Hernández fue condenado en marzo del 2021 a cadena perpetua en la misma corte.

Los fiscales federales acusan a Bonilla de “usar o portar armas (...) en relación a la conspiración para importación de narcóticos” a Estados Unidos. El 21 abril también fue extraditado a Nueva York el expresidente (en dos periodos 2014-2022) Juan Orlando Hernández.

Según la solicitud en Estados Unidos, entre el 2004 y el 2022, el expresidente “Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela”.

“La conspiración transportó más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos”, agrega el documento. El pasado 10 de abril, el exgobernante compareció ante la corte pero se declaró “no culpable”.

Sin embargo, en los juicios de Nueva York contra el exdiputado Hernández, Honduras fue calificada como un “narco-Estado” por la participación de altas autoridades del gobierno, políticos y empresarios en el delito. Fabio Lobo, hijo del expresidente (2010-2014) Porfirio “Pepe” Lobo, fue condenado a 24 años de cárcel en Nueva York en el 2017 por ayudar a traficar 1,4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

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