El activista y abogado nicaragüense, Álvaro Leiva, recibió asilo político en Costa Rica luego de denunciar amenazas que consideró riesgosas para su vida en medio de la ola de violencia que empezó en Nicaragua desde el 18 de abril y que ha dejado al menos 320 muertos.
Leiva, quien nació en la ciudad de Masaya y tiene 54 años, se encuentra en el país desde el 4 de agosto. La Cancillería confirmó esta semana que se le concedió la condición de asilo tras comprobar que el activista “ha sufrido actos que van en detrimento de su vida, libertad, seguridad e integridad personal”.
El asilo se otorga a las personas que han huido de su país por motivos políticos. En Costa Rica, la figura está contemplada en el artículo 31 de la Constitución Política.
“El peligro se refleja en asedios a mi oficina en Managua para mí y mi equipo más cercano, llamadas telefónicas anónimas, campañas de odio en las redes sociales, en las que se puede evidenciar la forma en la que se me ha amenazado y se me sigue amenazando contra mi vida y mi integridad física y mi seguridad”, detalló Leiva en una entrevista a La Nación que brindó el jueves 11 de octubre.
Actualmente, se dedica al monitoreo de la crisis en el país vecino y a la atención de los refugiados nicaragüenses en Costa Rica desde la oficina de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el organismo que representa desde hace al menos 15 años.
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– ¿De qué forma se ha manifestado la persecución y los actos contra su integridad personal que lo han motivado a solicitar el asilo político en Costa Rica?
- Nicaragua desde hace poco más de 10 años ha sido administrada por un gobierno que no demuestra la voluntad política de ser amigable con los derechos humanos ni con los defensores de estos derechos. Siempre ha existido un clima de inseguridad, represalia, persecución y amenaza de muerte como una práctica de un gobierno que se caracteriza en sus actuaciones por ser no respetuoso de los derechos humanos de los ciudadanos. Nicaragua ha venido socavándose día a día.
“En mi caso particular, quedé en una posición de alto riesgo, porque no se me garantizaron los derechos fundamentales. La situación empieza a profundizarse desde abril cuando comienzan las protestas ciudadanas y que por rol de gestiones humanitarias me hace ponerme en el centro del contexto de la crisis de violaciones a los derechos humanos que impera en Nicaragua hasta el día de hoy. Esto generó que después de estar inmerso en la crisis y de acciones que he ejercido como defensor de derechos humanos me haya puesto en riesgo frente al Estado y provocó represalias, persecuciones y asedios simplemente por defender el derecho a la vida. Hoy en día ser defensor de derechos humanos en Nicaragua es estar entre la vida y la muerte, porque no hay tolerancia de un gobierno que centraliza su poder en una sola persona”.
– ¿Qué tipo de amenazas ha recibido usted?
- Las amenazas que he recibido no han sido de abril para acá. Las amenazas a mi integridad física y a mi núcleo familiar tienen un antecedente de denuncia de muerte que en determinado momento manifesté a las autoridades policiales nicaragüenses y que quedó impune. Hasta hoy no se investigó, porque básicamente la institución policial ha tenido la característica de ser centralizada y apegada a la línea partidaria del gobierno de turno, lo que indica que tenemos una policía que en el ejercicio de su función policial no establece la investigación ni la persecución del delito.
"Cuando me refiero a que he venido siendo objeto de un peligro inminente hacia mi derecho fundamental como es el derecho a la vida es basado en el contexto de la realidad que vive el país. Hoy en Nicaragua las ejecuciones sumarias y los secuestros están a la orden del día. Los paramilitares ejercen la función policial acompañados con la Policía Nacional, entonces esto me motivó a pedir protección a la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar de protección para mí y mi familia, para garantizar la seguridad de mi vida y la seguridad de mi núcleo familiar por tener hechos fundamentados de amenazas, y el antecedente que pesa en el país de la crisis de violaciones de derechos humanos. Hoy por hoy en Nicaragua no hay seguridad ciudadana.
"El peligro se refleja en asedios a mi oficina donde he trabajado en Managua para mí y mi equipo más cercano, llamadas telefónicas anónimas, campañas de odio en las redes sociales, en las que se puede evidenciar la forma en la que se me ha amenazado y se me sigue amenazando contra mi vida y mi integridad física.
“Lo que también motivó mi salida es una medida de captura administrativa en mi contra simplemente por salvar vidas y defender los derechos humanos. Actualmente, hay una legislación como la ley de terrorismo que criminaliza el actuar y el trabajo social y humanitario que realizo como defensor de derechos humanos. La acusación se fundamenta diciendo que yo financiaba el terrorismo y los grupos de protesta cívica”.
– ¿Alguna de las amenazas le generó más preocupación?
- En una visita de trabajo de derechos humanos que realicé en Diriamba, en el departamento de Carazo, cuando acompañé a los obispos. Ahí mi vida prácticamente estuvo en peligro cuando caímos en manos de grupos paramilitares, donde si no hubiese sido por la intercesión del Nuncio Apostólico prácticamente yo habría sido secuestrado.
“En esa oportunidad el chaleco que usaba quedó destruido por cuchilladas que fui objeto en ese momento, lo cual quedó evidenciado. Ahí comprendí que a la situación de mi seguridad y de mi vida debía ponerse un poco más de atención puesto que ya no se estaban respetando ni las investiduras de los sacerdotes ni mucho menos las de los defensores de derechos humanos”.
– ¿Fue una de las ocasiones en las que más sintió que su vida estaba en peligro?
- Ese fue uno de los tantos momentos que mi vida estuvo en peligro, hubo muchos más. Como el hecho de asistir a la defensa de la integridad física de jóvenes manifestantes que habían abandonado la protesta y que en la ciudad de Masaya ingresaron en una cuenca hidráulica conocida como La Laguna de Masaya.
– Cuando se le dictó la medida cautelar, ¿el gobierno de Nicaragua acató esta disposición?
- Cuando se dictó la medida cautelar de protección para mí y mi núcleo familiar, el gobierno de Nicaragua fue ciego, sordo y mudo. Hizo caso omiso de la protección que debió haberme brindado en la seguridad. Cuando hablo de esto no me refiero a ponerme policías ni estarme supervisando, cuando me refiero a esto es en el sentido de no tener la posibilidad del riesgo a mi vida y a mi seguridad en el sentido de no ser víctima de grupos paramilitares que hoy asesinan y secuestran avalados por el gobierno nicaragüense.
“De nada hubiese servido tener un policía para dar la apariencia de que el Estado me estaba protegiendo si por otro lado hay grupos paramilitares operando avalados por la misma Policía, entonces el gobierno de Nicaragua no demostró una voluntad verdadera para garantizar que mi vida estaba segura”.
Hemos otorgado oficialmente asilo político al secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, quien ha manifestado ser víctima de persecución materializada en actos concretos en contra de su vida, libertad, seguridad e integridad personal.
— Epsy Campbell (@epsycampbell) October 11, 2018
– ¿De qué forma salió del país?
- Abandoné Nicaragua por las montañas del departamento de Nueva Segovia, no abandoné el país por la vía ordinaria legal. Dejo el país y me toca salir de Nicaragua de forma prácticamente clandestina y el primer país que al que ingreso es Honduras. Salí la tarde del 31 de julio y llego a Honduras el 1°. de agosto. Salgo por puntos ciegos, porque salir por la vía legal, ya sea aeropuerto o por tierra, definitivamente no prestaba las condiciones de seguridad para mi vida. El 4 de agosto salí rumbo a Costa Rica tras realizar varias gestiones de comunicación con las autoridades costarricenses.
“Salí con mi equipo de trabajo conformado por cuatro personas. Traía en su gran mayoría los documentos de los expedientes de las víctimas de violación. Mi objetivo era garantizar los documentos de las víctimas considerando el compromiso y la responsabilidad que tenía frente a ellas, porque si los papeles caían en manos del gobierno esto representaba poner en peligro sus vidas frente a las denuncias que habían hecho en la instancia de derechos humanos a la cual yo represento. Hubo muchos momentos difíciles porque hay que recordarse que el gobierno de Nicaragua tiene una institución armada que resguarda la frontera. Yo no traía ropa, más que una mudada”.
– ¿Cuándo comenzó a realizar las gestiones para la solicitud de asilo?
- Mis gestiones empiezan antes del 4 de agosto. Como abogado, respetuoso de la ley doy los espacios a las instancias correspondientes para que se hagan valoraciones sobre mis intenciones en el país. Hice gestiones preliminares de contacto con el gobierno costarricense, les manifesté mi peligro, mi situación y mi contexto, lo cual dio motivo que todo se hiciera de acuerdo al marco del procedimiento que está establecido en la Constitución para la aplicación de asilo político. Todo ha sido apegado a un procedimiento estricto de entrevista, documentación, análisis y reflexión para llegar a la condición que hoy me ha otorgado Costa Rica.
– ¿Cómo se desarrolló el proceso en Costa Rica?
- Desde el inicio en la embajada tuve la atención y siempre fui asistido, acompañado, informado, y documentado sobre el proceso.
“Hice un primer contacto con la presentación de mis credenciales y mis documentos y realicé una entrevista en Cancillería una vez que llegué a Costa Rica. Allí se inició un procedimiento vía jurisdicciones de instancias de consulado y embajada de acuerdo con lo que establece el derecho internacional”.
– ¿A qué se dedica en Costa Rica?
- Sigo trabajando como defensor de derechos humanos tan es así que la APNDH ya está legalmente constituida en el país. Estamos trabajando con el tema de refugio con la asistencia y orientación a los refugiados en los tres componentes básicos: legal, social y humanitario y también para garantizar la atención internacional por medio de nuestras gestiones en la labor de la protección de los ciudadanos nicaragüenses que hoy están en Costa Rica establecidos producto de la crisis.
“Mi equipo de trabajo más cercano está aquí, pero no los defensores de derechos humanos territoriales con quienes nosotros también estamos trabajando en Nicaragua mediante el Centro de Monitoreo Nacional”.
– ¿Su familia continúa en Nicaragua?
- No quisiera referirme a este tema en este momento por motivos de seguridad.
– ¿En algún momento piensa regresar a Nicaragua?
- Hoy en Nicaragua hay una oscuridad profunda de seguridad y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, hay que tener esperanza frente a la oscuridad y tengo la plena convicción de que en mi país algún día va a brillar la luz en medio de la oscuridad y de que pronto estaremos retornando dentro del marco del respeto a la institucionalidad, los derechos humanos y la democracia que tanto demandamos los defensores de derechos humanos y la sociedad. Tengo la esperanza de que pronto estaremos en nuestra patria, cuando existan las condiciones necesarias.
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– ¿En qué fase se encuentra actualmente la crisis de Nicaragua?
- Está en una fase permanente de violaciones, asesinatos, desapariciones, detenciones ilegales, torturas, asedios, inseguridad ciudadana, falta de acceso al derecho al trabajo, represión a la libertad individual y violación a los derechos civiles y políticos. Es permanente.
– ¿Cómo evalúa la atención que se le da a los refugiados nicaragüenses en Costa Rica?
- Me parece que el Estado costarricense tiene una gran voluntad política de garantizar los derechos humanos a los refugiados. Tan es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a visitar el país del 15 al 18 de octubre, viene a una reunión de alto nivel a ver el tema de los refugiados políticos y esto es avalado por el gobierno costarricense. Es relevante porque nos indica que es más importante la voluntad que el poder y representa una gran lección para los países del mundo y para Nicaragua. Miramos un país con una gran voluntad de cumplir con obligaciones que le competen al mismo Estado nicaragüense.