La caminata comenzó a las 9 a. m., convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanca (UNAB), constituida a principios de octubre y la cual cobija a unas 40 organizaciones campesinas, estudiantiles, empresariales, ambientalistas y de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, las fuerzas policiales arremetieron de lleno, inclusive contra quienes se alistaban para participar.

Entre los detenidos figuran varios dirigentes de grupos de la sociedad civil y del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS, disidente), denunciaron los organizadores de la protesta.

La periodista costarricense Marianella Cordero afirmó en un tuit que entre los aprehendidos figuran Alllan Cordero Ocón, primo suyo; la esposa de este, y una amiga de la pareja.

Esta versión no había sido confirmada por las autoridades de Costa Rica.

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que el Consulado General en Managua solicitó información a las autoridades nicaragüenses sobre la posible captura de Cordero Ocón. Aún no había respuesta.

"No disparen", "libertad", gritaban los manifestantes a los agentes que de forma violenta los rodearon en el parqueo de un centro comercial, donde se estaban agrupando para iniciar la marcha.

Hombres y mujeres, algunos personas mayores, fueron golpeados y arrastrados por la calle para luego ser subidos a patrullas de la policía.

Algunos periodistas también recibieron golpes y fueron retenidos pero luego les dejaron ir, según denunciaron algunos medios de comunicación independientes.

La Policía Nacional informó en un comunicado de que arrestó a 38 personas, de las cuales ocho fueron liberadas. El resto seguían presas y sometidas a investigación para abrirles un proceso judicial.

Sin permiso para protestar

La UNAB decidió llevar a cabo la manifestación, no obstante que el gobierno del presidente Daniel declaró “ilegales” las protestas.

"No respetan a nadie, ni a (personas) mayores ni a niños. Eso demuestra que hay una escala superior de represión", declaró Azhalea Solís, dirigente de la Alianza Cívica de grupos sociales, empresarios y estudiantes.

La Policía anunció el sábado que no iba a permitir marchas sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlo.

“No vamos a pedir permiso para marchar (...) Hemos visto que es la misma policía y los paramilitares los que hacen actos vandálicos para culpar a manifestantes”, dijo la dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera.

Keisa Chavarría denunció el arresto de su esposo, Mauricio Ríos. Ambos se habían sumido a la marcha.

“No podíamos pasar y nos tuvimos que estacionar allí”, declaró a Confidencial. “A mi esposo se lo llevaron por puro gusto. No nos dijeron nada. Él se bajó solo para asomarse si había algo y lo agarraron y lo subieron a una camioneta”.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su rechazo a la represión y en un mensaje publicado en Twitter llamó al régimen a cesar "de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas” , consignó el diario La Prensa.

Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exteriorizó “profunda preocupación por las detenciones de esta mañana en Nicararagua y reitera que la protesta social es un legítimo de los ciudadanos”. A la vez, instó al gobierno a respetar tal garantía.

También sumó su voz de denuncia el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien demandó la liberación de los detenidos, el respeto a la protesta pacífica"y el cese de “la represión y todo tipo de intimidación contra líderes políticos y la población civil”.

“Qué triste e indignante que se produzcan otra vez hoy en Nicaragua actos de represión de la Policía contra la población que se manifiesta pacíficamente. íLa represión no es la solución! íBasta ya de detenciones arbitrarias”, expresó por su parte el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció el uso de bombas aturdidoras por parte de la Policía contra quienes caminaban en el Camino de Oriente.

Entre quienes condenaron la actuación policial estaba Zoilamérica Ortega Murillo, hija de Rosario Murillo, esposa del mandatario y vicepresidenta de Nicaragua. “¡No más cárcel para callar el grito de libertad! No más banderas de Nicaragua pisoteadas por policías que inventan leyes para justificar represión criminal! A Daniel Ortega y a Rosario Murillo ya solo les queda el poder de la fuerza bruta”, afirmó en su cuenta de Facebook.

Cese de represión

En San José, el gobierno del presidente Carlos Alvarado hizo un llamado al “cese de la represión y las detenciones arbitrarias”, al tiempo que pidió respeto al legítimo derecho de protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política.

Hizo ver el respaldo de la administración a la preocupación internacional “ante la erosión sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales” en Nicaragua, consignó un comunicado de la Cancillería.

También destacó que esos acontecimientos repercuten en el resto de Centroamérica por su impacto en la migración, la afectación social, económica y humanitaria.

Añadió: “Costa Rica reitera su convicción de que el diálogo comprometido y efectivo es el camino para generar el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho, ante la crisis que atraviesa Nicaragua”.

El mandatario expuso en Twitter su preocupación por las detenciones y la represión en el país vecino.

Desde el 18 de abril, cuando estallaron protestas por una reforma a la seguridad social, impuesta por el gobierno, Nicaragua ha sido escenarios de manifestaciones duramente reprimidas, que han dejado al menos 320 muertos.