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Desde que empezaron los enfrentamientos en Nicaragua, el 18 de abril, los derechos humanos en el país centroamericano han entrado en una fase de profundo deterioro.
De esta manera lo denunció Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), quien está de visita en Costa Rica.
La organización registra la muerte de al menos 85 personas en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, además de 805 heridos.
– ¿Cómo ha sido este mes y medio en Nicaragua?
En Nicaragua lo que existe es una grave crisis de violación a los derechos humanos. Tenemos un Estado que se ha caracterizado por ser ciego, sordo y mudo frente a las demandas de los ciudadanos y de la comunidad internacional de cumplir tres aspectos fundamentales como lo son la institucionalidad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. El gobierno de Daniel Ortega se ha caracterizado por promover la injusticia, la indolencia y la impunidad hacia los ciudadanos nicaragüenses con respecto a sus derechos fundamentales. Hoy en Nicaragua los poderes no tienen independencia en el ejercicio de su función, esto lógicamente ha traído un descontento en la sociedad.
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– ¿Por qué se ha incrementado el retroceso de los derechos humanos en Nicaragua?
A lo largo de estos años hemos observado que existe un profundo retroceso en el tema del cumplimiento de derechos humanos en el país. Hemos perdido la paz social, esto es preocupante porque es como repetir los mismos problemas que marcaron la historia con dolor, sangre y luto. Observamos un Estado no amigable con los derechos civiles; por ejemplo, el derecho a manifestarse es un delito en Nicaragua, frente a un gobierno que no permite la posibilidad de que el ciudadano lo critique constructivamente.
"Los acontecimientos que empezaron el 18 de abril no son más que el resultado de una serie de violaciones que se han venido dando a lo largo de toda la gestión del presidente Daniel Ortega; es decir, es un “basta ya” de reiteradas violaciones a los derechos de ciudadanos que se miraron reflejados en la impunidad y en la falta de seguridad jurídica que garantizaba el Estado".
– ¿Cuáles son los principales hallazgos de la ANPDH desde que empezaron las protestas callejeras?
El Estado tiene un comportamiento genocida con sus ciudadanos frente a las demandas justas para que se pueda garantizar y mantener la estabilidad de una paz social, permanente y duradera. Hemos venido realizando el trabajo que le corresponde a los órganos legalmente constituidos, como la Procuraduría de Derechos Humanos.
– ¿Creen en la voluntad política del gobierno para llegar a un acuerdo en la crisis?
El proceso de diálogo está lleno de retóricas, más que de soluciones. Las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fue el primer punto que se aprobó por las partes en la mesa del diálogo fue incumplida por parte del Gobierno, porque en Nicaragua hasta el día de hoy tenemos persecución, represalia y muerte. No hay una postura que permita la posibilidad de creer a la sociedad de que el Gobierno tiene voluntad de cumplir las recomendaciones de CIDH y los acuerdos que se puedan lograr en una mesa de diálogo. Se está aplicando lo que popularmente se dice en Nicaragua: “firmar me harás, cumplir quién sabe”.
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"Consideramos la representitividad del Estado en la mesa de diálogo no es más que un tiempo que realmente está desgastando la posibilidad de una recuperación pronta de la paz social en nuestro país. Miramos que el gobierno de Daniel Ortega es repetitivo en su actuar criminal mientras habla de diálogo. Así no vamos a recuperar pronto la paz social".
– ¿Cómo evalúa el apoyo que le ha dado Centroamérica a Nicaragua en esta crisis?
Hacemos un llamado a todos los mandatarios de Centroamérica para que pongan su atención de manera más firme y directa hacia el tema de la violación de los derechos humanos en Nicaragua. Lanzamos un S.O.S. en la atención que nos deben de prestar.
