El financiamiento de los servicios de atención médica y pago de pensiones, efectuado mediante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es uno de los desafíos más relevantes que enfrentará la sociedad costarricense en los próximos años.
De hecho, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), lo catalogó como un “pasivo contingente” para el Gobierno porque, la factura a cuenta del Estado, irá en aumento.
En tanto, Jorge Vargas Cullell, director del Programa Estado de la Nación (PEN), fue tajante en que el modelo de seguridad social, tal como está formulado actualmente, no es viable en el largo plazo.
Para ilustrarlo, el especialista mostró un estudio elaborado por el demógrafo Luis Rosero en el cual se prevé que los ingresos de la CCSS crecerán en promedio 21%, entre el 2016 y el 2041. Mientras, los egresos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), lo harán a un ritmo del 42% y, los gastos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un 123%.
La discusión del tema se planteó en el foro virtual Desafíos del Bicentenario: Cargas sociales e informalidad organizado por La Nación, este jueves 21 de octubre.
En la actividad también participó María del Rocío Sáenz, expresidenta ejecutiva de la CCSS y exministra de Salud; y Luis Mesalles, economista y director de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Para Sáenz el país requiere de un sistema de salud eficiente en sus gastos y que eleve la calidad del servicio.
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En esa misma línea, Mesalles destacó que existe el pensamiento de que los servicios públicos deben financiarse, cueste lo que cueste, aunque sean ineficientes sin tomar en cuenta las repercusiones económicas generadas por dicho patrón en el sector empresarial y el empleo.
Los cuatro expositores coincidieron en que Costa Rica deberá analizar, muy pronto, la sostenibilidad de un sistema social fundamentado en aportes obrero-patronales.
Replantear el modelo
La discusión sobre el modelo del financiamiento de la seguridad social se discutió, durante el foro, a raíz de un estudio del BCCR en el que se argumenta que las cargas sociales patronales son elevadas, desincentivan el empleo y fomentan la informalidad.
Cubero explicó que la contribución patronal en el país es del 26,5%, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es del 18,4%.
La contribución financia el seguro de salud, el IVM, pensiones para personas en pobreza, el Instituto Nacional de Aprendizaje y programas sociales.
El planteamiento del ente emisor es que disminuir las cargas patronales impulsaría la producción nacional y disminuiría la desocupación. Por ejemplo, reducirlas a la mitad elevaría el empleo formal del 56% actual, a casi 68%.
“Una reducción en las cargas patronales aumentaría la capacidad de las empresas de emplear gente porque se reduce el costo. Cae la informalidad ala tasa de empleo”, destacó Cubero.
El jerarca agrego que, tomar una decisión en esa línea, implicaría compensar el aporte dejado de dar por los patronos, mediante mayores transferencias del Gobierno, vía impuestos generales, o pensar en reducir el monto de dinero de los destinatarios finales.
Mesalles destacó que, entre más informalidad exista en el país, la carga sobre la formalidad será mayor, pues en los análisis matemáticos la solución para financiar la seguridad social es aumentar las cuotas.
“La disposición de pagar impuestos está relacionada a la calidad de los servicios recibidos (…) pero hoy los jóvenes ven el sistema de salud en que no le ayudará y no recibirá pensión, entonces para qué contribuir”, dijo el economista.
El Director del Estado de la Nación consideró necesario discutir una reforma a los aportes dirigidos a la Caja, pero teme que la decisión afecte el patrimonio construido por el país gracias a la seguridad social.
“Si se abre un hueco (por la reducción en la contribución patronal) se pide financiarlo vía presupuesto nacional. Pero sí sé una cosa, habrá morosidad y sé que habrá politización porque se vuelve una transferencia más. Entonces, tendremos a la Contraloría, a Hacienda, los diputados y grupos de presión decidiendo qué tipo de salud. Entonces, si en 10 años no hay plata para transferencias, no hay salud”, destacó el especialista.
Además, añadió que las cargas sociales fueron diseñadas para financiar la seguridad social, no como una herramienta de política económica y empleo.
Aguilar consideró prudente, antes de modificar la estructura de financiamiento de la seguridad social, definir la deuda histórica del Gobierno, que según la Caja ascendía a ¢2,2 billones, en julio anterior, y cada día se hace más grande.