El déficit actuarial del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del fondo de pensiones del Poder Judicial es el principal riesgo fiscal que enfrentará en gobierno costarricense en los próximos años.
Así lo advirtió Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), al señalar los retos más grandes del país para brindarle sostenibilidad a los fondos básicos de jubilación.
“Es muy importante comunicar a la clase política el enorme problema que tenemos encima con el sistema de pensiones, fundamentalmente, con el básico porque el quedarnos sin una reserva no es algo que está en el largo plazo (…) Es muy fácil decir vamos a darles pensiones a todos sin pensar en el financiamiento y recordar que el déficit de los fondos básicos son el principal riesgo fiscal del Gobierno”, aseguró la funcionaria.
Aguilar destacó que, pese a las reformas a la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y al IVM, ambos regímenes mantienen un desbalance, lo cual es un problema a futuro.
“El día que se deba enfrentar este riesgo implicará para el Gobierno un aumento desmedido de su déficit fiscal. Debemos de pensar en esto”, enfatizó la funcionaria.
El Ministerio de Hacienda efectuó la misma alerta en el Informe de Riesgos Fiscales: Regímenes de Pensiones, elaborado por la Dirección de Crédito Público.
El análisis destacó que si los fondos del IVM y la Corte llegan a experimentar déficit, el Gobierno deberá salir al rescate, para cumplir con el pago de las pensiones correspondientes, por la garantía de solvencia estatal de ambos sistemas. Sin embargo, dejarían las finanzas gubernamentales en una situación crítica.
El temor de Hacienda se genera porque el último estudio actuarial al IVM, de julio del 2019, registró un déficit en el sistema de ¢100 billones para un periodo de 75 años. Dicho monto es equivalente a dos veces la producción de un año de Costa Rica.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reformó el fondo en agosto anterior, y extendió la vida de la reserva del fondo hasta 2052 desde el 2037; pero aún no se ha determinado la reducción en el déficit.
En el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se reportó un faltante de ¢698.139 millones, según el respectivo estudio actuarial, de marzo del 2021.
Fuera de la agenda
La jerarca de la Superintendencia también criticó que la sostenibilidad de los regímenes básicos de jubilación está, por ahora, fuera de las propuestas de los candidatos a la presidencia.
“Hasta el momento no he visto que este tema (pensiones) esté en la agenda. Esperamos que una vez esté claro cuáles candidatos estarán, de los veinte y tantos, se deberá revisar en sus programas de gobierno qué se dice o si no se dice nada” afirmó Aguilar.
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La jerarca sí dejó abierta la opción de generar espacio de diálogo con los partidos políticos para trasmitir la urgencia de los cambios al sistema de jubilaciones de Costa Rica.
Uno de los retos para el próximo gobierno, destacó, es pensar cómo llevar ingresos adicionales al régimen del IVM sin que descanse en las planillas.
Entre las opciones que la Supén ha propuesto está una redistribución de las cargas sociales patronales para destinarlas al financiamiento del sistema, así como la creación de impuestos directos.
El IVM es el sistema de jubilación más grande de Costa Rica. A junio pasado contaba con 312.304 beneficiarios y un total de 1,5 millones de cotizantes.