Patricia Leitón. 10 septiembre

(Video) Hacia un acuerdo con el FMI

El Gobierno presentará el 17 de setiembre al país la propuesta base que se discutiría a partir del 28 de setiembre con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un acuerdo de mediano plazo.

El corazón del planteamiento serán las medidas fiscales pues es donde la economía corre los mayores riesgos.

Dicha propuesta, coincidieron cuatro economistas consultados, implicará, inevitablemente, medidas dolorosas porque deberá contener tanto acciones para reducir el gasto público como para incrementar los ingresos del Gobierno.

Los economistas Rodrigo Chaves, Luis Mesalles, José Luis Arce y Carlos Conejo coinciden en que el problema es tan grave que si se toman decisiones de un solo lado (del gasto o de los ingresos), los ajustes tendrían que ser muy grandes.

Chaves, exministro de Hacienda, explicó que la venta de activos ayudaría a suavizar un poco el incremento en los impuestos o la baja en los gastos.

(Video) País obligado a aplicar medidas dolorosas para lograr un acuerdo con el FMI

La magnitud del problema

Costa Rica cumplirá este 2020 un total de 10 años seguidos de que los ingresos que recibe el Gobierno, principalmente por la recaudación de impuestos, no cubren los gastos totales en magnitudes importantes. Ese faltante tiene montos que superan el equivalente al 4% respecto a la producción del país.

Esto influye en que cada año el Gobierno tenga que pedir prestada esa diferencia y su deuda crezca a grandes pasos.

En el 2010 la deuda del Gobierno respecto a la producción del país era de 28% y para este año la estimación oficial es de 70,2%. Y para finales del 2021, la Contraloría General de la República prevé que llegará a 80%.

Escenarios para la deuda del Gobierno

El escenario base es con las condiciones actuales, incluidos los efectos de la covid-19 y el de política o alternativo supone mejores rendimientos en la recaudación de impuesto al valor agregado e impuesto a los ingresos y utilidades y resultados positivos de Hacienda Digital. Deuda del Gobierno/PIB

FUENTE: MARCO FISCAL PRESUPUESTARIO DE MEDIANO PLAZO 2020-2025. MINISTERIO DE HACIENDA.    || INFOGRAFÍA/ LA NACIÓN.

Comparar la deuda con la producción es como para una familia comparar sus deudas con los ingresos que puede generar en un año.

Por lo tanto, si el Gobierno quisiera pagar su deuda tendría que tomar el 70% de todos los ingresos que todos generan en un año, lo cual es un monto muy alto.

Sin embargo, lo ideal es que el Gobierno tenga una deuda que equivalga al 50% de la producción nacional (producto interno bruto), lo que se conoce como el “límite natural” de deuda.

De esta forma, así como el país requiere doblegar la curva del coronavirus, también requiere doblegar la curva de la deuda pública si pretende mantener la estabilidad económica. No hacerlo pone al país en riesgo de no poder pagar.

En el comportamiento de la deuda del Gobierno respecto a la producción influyen tres factores: el crecimiento de la producción, la tasa de interés y el balance primario, que son los ingresos del Gobierno, que provienen principalmente de los impuestos, menos los gastos excluido el pago de intereses, que son los gastos donde las autoridades tienen control.

Rodrigo Chaves explicó que los economistas tienen un “truco” para entender cómo se relacionan estas tres variables: “Cuando usted tiene balance primario y la economía crece más que la tasa de interés, usted va reduciendo la deuda respecto al PIB (producto interno bruto). Si el crecimiento de la economía es igual a la tasa de interés, la deuda respecto al PIB se mantiene constante, y si la economía crece a una tasa menor que la tasa de interés, la deuda respecto al PIB aumenta”.

La magnitud del ajuste

Para este año la estimación oficial es que el Gobierno tendrá un déficit primario equivalente al 4% de la producción, aunque Chaves piensa que será más, cerca de 5%.

Por lo tanto, el Gobierno debe buscar un ajuste fiscal que le permita eliminar dicho déficit primario, pero además generar superávit primario, y por varios años, para doblar la curva de la deuda pública.

¿De cuánto debe ser el ajuste que proponga el Gobierno al FMI?

Ahí los economistas discrepan. Chaves es del criterio que se debe tratar de llevar el déficit primario cerca de cero el próximo año.

El economista Luis Mesalles, por su parte, dijo que en el plazo de tres a cuatro años lo que se puede aspirar es a que se detenga el ascenso de la relación deuda respecto al PIB, y de ahí luego empezar a bajar.

Otro economista, José Luis Arce, cree que el ajuste debe procurar -con una combinación de menor tipo de interés real, mayor crecimiento económico y, ojalá, un superávit primario de al menos 1% del PIB- reducir rápidamente la relación deuda pública con respecto al PIB.

Mientras, Carlos Conejo, investigador del Programa de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional, es del criterio que la relación deuda respecto al PIB seguirá creciendo en los próximos años y que su estabilidad y reducción se daría en el mediano y largo plazo.

Medidas para el ajuste

En cualquier escenario, el ajuste es necesario y tendrá gran peso lo que acepte el Fondo Monetario Internacional, pues es el que dará el crédito que sería de unos $1.700 millones en tres años (el monto varía según el valor del derecho especial de giro).

Esos serían ingresos para el Gobierno que ayudarían a que el aumento en los impuestos sea menor.

¿Cuáles medidas son necesarias para el ajuste?

Los economistas discrepan en las medidas específicas, pero todos coinciden en que son necesarias tanto medidas para aumentar los ingresos como para bajar los gastos.

“El país, dada la magnitud del ajuste, y la magnitud de los desbalances fiscales que existen, va a tener que poner sobre la mesa aumentos de impuestos, recortes de gastos y posiblemente venta de activos porque sin esto último la magnitud de los aumentos de los impuestos y de los cortes de los gastos sería brutal”, cree Chaves.

Mesalles opina que debe haber una combinación de mejoras en la recaudación de impuestos; reformas tributarias para mejorar la estructura de impuestos, reducción de gastos, en remuneraciones y en transferencias, y mejorar los procesos de compras públicas.

Agrega la reforma estructural del Estado, fusionando instituciones públicas y abriendo monopolios públicos; venta de activos; ajustes para fomentar una mayor productividad en la economía (más competencia en sectores privados, mayor inversión en telecomunicaciones, reducción y digitalización de trámites).

“Suena ambicioso, pero creo que es la única manera que el país recupere la credibilidad, en cuanto a que en algún momento seremos capaces de pagar de vuelta la gran deuda que hemos acumulado”, dijo Mesalles.

Arce, por su parte, estima que el ajuste debe ser oportuno, suficiente y creíble.

Oportuno significa que debe entregar resultados en reducción del déficit primario más rápidamente que el ajuste iniciado en 2018. Suficiente implica que retome lo iniciado en 2018, pero es ahora mayor debido a los efectos del shock pandémico y que la reducción en el déficit primario debe ser suficiente para estabilizar la deuda gubernamental en el mediano plazo. Y creíble es que debe ser suficientemente blindado jurídica, pero especialmente, políticamente.

“En materia específica de componentes del ajuste, yo me temo que el principal componente pasa, primero, por un aumento en la carga impositiva, al menos temporal. Por ejemplo, ajustando tasas de tributos como el IVA o renta (...). Por el lado del gasto soy menos optimista, porque políticamente es más complejo y porque en mi opinión el problema de Costa Rica no es de alto gasto sino de mal gasto gubernamental”, dijo Arce.

Por su parte Conejo, estima que del lado del gasto se hace necesario que el Gobierno asuma un compromiso claro de contención, y sobre todo evaluar y mejorar la eficacia del gasto, pues no hay tanto margen para una reducción significativa.

“Por el lado de los ingresos, el país debe hacer un esfuerzo titánico, ya que el déficit es tan grande, que no habrá forma de asegurar la sostenibilidad fiscal del país si no se incrementan los ingresos”, añadió Conejo.

Algunas opciones, según Conejo, son revisar la estructura de exoneraciones fiscales y eliminar algunas que gozan las grandes cooperativas, los servicios de educación y la salud privada; redoblar esfuerzos en los temas de evasión y elusión fiscal donde la mejora tecnológica es urgente; revisar la tasa del IVA, y elevarla en al menos dos puntos, de manera temporal (a 15%); elevar el impuesto a la renta empresarial de manera temporal, en 5 puntos, y modificar, de manera temporal, la escala de tarifas del impuesto de renta al salario.

Las negociaciones con el Fondo arrancarán el 28 de setiembre y la propuesta que se lleve al directorio debe ser convincente de que el país logrará doblegar su deuda.