Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, explicó que se están valorando dos opciones: un acuerdo stand-by (Stand-By Arrangement; SBA) o un instrumento de servicio ampliado (Extended Fund Facility; EFF).

Cubero explicó que el EFF es para atender problemas de largo plazo, más estructurales, mientras que el SBA está diseñado para atender problemas de corto plazo, típicamente un choque fuerte en la balanza de pagos (una caída en ingresos externos por turismo, por ejemplo).

“En el caso de Costa Rica, estamos en el medio. Lo que nosotros hemos venido pensando es que quisiéramos tener un instrumento por alrededor de tres años. Estamos discutiendo con el Fondo cuál es el más factible en este caso”, aseveró Cubero.

Añadió que en el EFF la duración del programa es hasta un máximo de cinco años, y que lo tradicional es que tarde de tres a cuatro años. El stand-by tiene un plazo máximo de tres años y el promedio es de año y medio. Además, en el EFF se debe pagar el crédito al décimo año mientras que en el stand-by, al quinto año.

En la coyuntura actual, el Gobierno de Costa Rica ya solicitó un crédito rápido al Fondo Monetario por 369,4 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), que es una unidad de cuenta del Fondo con base un grupo de monedas.

Al viernes 24 de julio, un DEG equivalía a $1,3966 y, por lo tanto, eso serían unos $515,9 millones. El monto final en dólares se tendrá hasta el desembolso. Este proyecto está en discusión en la Asamblea Legislativa.

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¿Cuánto financiamiento puede obtener el país?

El país puede obtener un financiamiento del FMI equivalente a 4,35 veces su cuota, que es de 369,4 millones de Derechos Especiales de Giro, que es el mismo monto del crédito rápido.

“El Fondo es como una cooperativa, le presta a los socios un múltiplo de la inversión de las cuotas que han puesto los países al Fondo”, explicó el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el foro de La Nación: “Análisis de la Propuesta del FMI”.

Al viernes 24 de julio, Costa Rica podía obtener un financiamiento máximo de $2.244 millones, pero hay que restarle los recursos del crédito rápido y, por lo tanto, quedan unos $1.728 millones para el nuevo financiamiento, distribuidos en varios años, según el instrumento.

El proceso

Eduardo Lizano, expresidente del Banco Central (1984-1990 y 1998-2002), quien negoció varios convenios con el Fondo Monetario Internacional en el pasado, explicó que el proceso se inicia cuando Costa Rica le plantea al organismo el interés que tiene por obtener financiamiento. El país ya dio ese paso.

El FMI hace un diagnóstico de la situación y detalla la magnitud del problema que se quiere tratar y por el cual el país está pidiendo la ayuda del organismo. En el caso de Costa Rica, el problema clave es el alto endeudamiento del Gobierno debido a los constantes y altos déficits fiscales.

En el 2008, la deuda total del Gobierno Central representaba 24,4% de los ingresos que podía generar en un año (medidos por el producto interno bruto). Para este año, dicho endeudamiento llegaría a 68,8%, según la estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su último informe sobre Costa Rica, publicado este mes de julio.

El déficit fiscal del país (exceso de gastos sobre ingresos del Gobierno) se agudizó este año con la caída en la recaudación de impuestos debido a la reducción de la actividad económica que ha generado las restricciones aplicadas para afrontar la pandemia y por los gastos adicionales que también provocó la covid-19.

Una vez aprobado el crédito rápido, se iniciará el proceso para negociar la nueva modalidad. Lizano comentó que en el informe sobre el crédito rápido del Fondo se incluyeron dos metas importantes para Costa Rica: tener un superávit fiscal equivalente al 2,2% del producto interno bruto en el 2024 y que el endeudamiento alcance un monto equivalente al 50% en el 2034.

“Esos dos pivotes yo supongo que se van a mantener en el stand-by. Ahí hay dos metas fundamentales, ellos nos van a preguntar, ¿qué proponen ustedes para llegar a esas metas?”, explicó Lizano.

Las opciones para alcanzar esas metas son aumentar los ingresos del Gobierno, bajar gastos o vender activos.

Francisco de Paula Gutiérrez, quien fue el último funcionario que negoció, como presidente del Banco Central, un acuerdo con el FMI, en el 2009, explicó que si se considera que en el 2019 el déficit primario (exceso de gastos sin incluir intereses sobre ingresos del Gobierno) representó 2,8% de la producción, pasar de eso a un superávit primario de 2,2% de la producción al 2024 será un ajuste muy fuerte.

No obstante, añadió que este ajuste el país debe hacerlo con o sin el Fondo si quiere tener estabilidad económica.

“¿Cuál es la importancia de tener al Fondo? Es que nosotros, si queremos tener estabilidad económica, tenemos que hacer un ajuste, con el Fondo o sin el Fondo, y con el Fondo el ajuste va a ser menos severo, que si lo hacemos sin el Fondo porque con el Fondo nos va a llegar algo de plata y entonces esa plata nos va a permitir que el ajuste sea menor y que lo podamos distribuir más en el tiempo”, dijo Gutiérrez.

Añadió que es como el caso de una familia endeudada que debe reducir sus gastos y aumentar sus ingresos, pero si le dan un préstamo, entonces tendría que reducir menos sus gastos porque tiene más ingresos, que si no se lo dan.

Gutiérrez detalló que el acuerdo del 2009 fue para enfrentar la crisis internacional del 2008 y conseguir una promesa de fondos en caso necesario, pero no fue una negociación tan difícil como la que el país enfrenta ahora. El acuerdo actual, añadió, se parece más al de 1995 que hizo el país tras el cierre del Banco Anglo Costarricense, que luego no pudo cumplir.

Directorio debe aprobar plan

Una vez alcanzado el acuerdo internamente, los funcionarios del Fondo deberán llevarlo al Directorio Ejecutivo del FMI, el cual está compuesto por 24 miembros en representación de un solo país o de un grupo de países, para su aprobación.

Costa Rica, por ser un país pequeño, no tiene silla en la mesa principal de este directorio. Costa Rica está en un grupo junto con Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México y Venezuela, según detalla el organismo en el Informe Anual del 2019.

“El Fondo no puede desembolsar un dólar hasta que le haya demostrado a su directorio, a satisfacción de los 24 miembros de la Junta Directiva, de que la deuda de Costa Rica va a caer con un grado de certeza razonable al 50% del PIB en el 2034”, manifestó Chaves.

Dicha demostración no es sencilla pues, explicó Chaves, el Fondo es el más riguroso de todos los organismos.

Una vez que el directorio lo aprueba, y si el programa es con el Banco Central, no tiene que ir a la Asamblea Legislativa porque el Banco Central tiene facultades de endeudamiento externo.

Pero si es con el Gobierno lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa. En esta ocasión, sería con el Gobierno porque para lo que va a utilizar el dinero no es para apoyo de balanza de pagos, sino para apoyo presupuestario.

Chaves explicó que un acuerdo con el Fondo no es suficiente para arreglar los problemas del país, pero consideró que dentro de los instrumentos disponibles, es uno de los menos dolorosos.

Cubero añadió que un acuerdo con el Fondo es un “sello de confianza” que le abre la puerta con otros organismos para solicitar créditos y para acudir a los mercados financieros, internos o externos, y pagar tasas más bajas.