El Vigesimoprimer Informe del Estado de la Nación criticó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) porque los temas medulares que generaron la crisis financiera siguen sin resolverse.
En específico, la investigación señaló los pluses salariales, horas extras, guardias, disponibilidades médicas y el auxilio de cesantía.

El Estado de la Nación llegó a dicha conclusión tras realizar un análisis del cumplimiento de las 91 recomendaciones dadas por la Comisión de Notables para fortalecer el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
La investigadora Natalia Morales enfatizó en que el equilibrio financiero alcanzado en el seguro de salud aún es vulnerable por el alto costo de la planilla de la Caja.
Además, porque los ingresos del SEM aún dependen del aporte obrero-patronal, variable que está asociada a la evolución del empleo formal en el país.
“El tema de las recomendaciones de los Notables no es prioridad en la Caja porque hay un equilibrio financiero y algunos gastos se controlaron. Lo que no se avanzó hasta hoy es muy difícil que se retome para el futuro”, dijo Morales.
La especialista detalló que la medida para contener los gastos fue congelar la creación de nuevas plazas, pero el resultado es una afectación en los servicios hacia los asegurados.
María del Rocío Sáenz, presidenta ejecutiva de la Caja, aseguró que la Junta Directa tomó en cuenta todas las recomendaciones de los Notables, pese a no ser vinculantes.
“La CCSS requiere garantizar su viabilidad desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico. Algunos (pluses), por ejemplo, podrían requerir ajustes de ley. Sin embargo, no se ha dejado de trabajar en ellas, pues es un tema que está abierto”, recalcó la funcionaria.
Saénz aseguró que, tras una consulta a la Procuraduría General de la República, la institución no puede abandonar el actual sistema de pluses salariales a sus empleados mediante un acuerdo de Junta, pues se requieren reformas legales.
Para elevar los ingresos del SEM, la Caja discute una propuesta que recarga en el Estado un mayor al sistema de salud mediante la vía fiscal.