Contraloría lanza alerta por deterioro en la deuda del Gobierno de Costa Rica
Informe al primer semestre advierte de que en dos años crecieron el porcentaje de endeudamiento en dólares, los vencimientos a menos de un año y los instrumentos financieros con tasas de interés variables
Marta Acosta, contralora General de la República hizo un llamado urgente a enfrentar el problema fiscal. Foto Jeffrey Zamora Jeffrey Zamora R
Marta Acosta, contralora General de la República hizo un llamado urgente a enfrentar el problema fiscal. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)
La Contraloría General de la República advirtió de que la deuda del Gobierno Central experimenta una desmejora en los principales indicadores de riesgo.
En teoría, los deudores deben buscar los plazos más largos, tasas fijas de interés si el contexto es de tasas al alza, como el actual, y, si genera ingresos en colones, entonces los préstamos en esta misma moneda, para evitar riesgos con variaciones en el tipo de cambio. No obstante, el Gobierno por la urgencia con la que tiene que conseguir los recursos, está haciendo lo contrario.
“En palabras sencillas, ante la premura en las necesidades de liquidez, se deben ofrecer tasas más altas, plazos más cortos, y en moneda extranjera en las colocaciones de deuda”, señaló la Contraloría, en un informe denominado Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público. Primer Semestre 2018, publicado este jueves 9 de agosto del 2018.
En dicho informe, la Contraloría también llamó la atención de otras instituciones del sector público por su baja ejecución del presupuesto en este año.
Sobre el deterioro de la deuda del Gobierno, la Contraloría argumentó que aumentó el riesgo de tipo de cambio, pues la proporción de deuda en dólares del Gobierno creció de 19,3%, en el 2016, a 24,6%, al mes de junio del 2018; además incrementó el riesgo de plazo, porque el porcentaje de deuda que vence en menos de un año pasó de 15,0%, en el 2016, a 18,2% en el 2018 y también se elevó el riesgo de tasa de interés, con un 20,2% de la deuda pactada en tasa variable, mientras que en el 2016 era de solo 12,3%.
El exministro de Hacienda, Francisco de Paula Gutiérrez, explicó que una deuda más vulnerable significa que el débito es más sensible a ser afectado ante variaciones en las condiciones generales de la economía.
“Cualquier variación en el tipo de cambio nos pega en la parte de dólares y cualquier variación en la tasa de interés nos pega en el costo de la deuda por tasa variable, en un mundo que es un poco más incierto ahora (...) eso nos hace que estemos más expuestos a recibir impactos no deseados”, comentó Gutiérrez.
El exministro explicó que si los inversionistas perciben que el país es más vulnerable, nos perciben como más riesgosos y entonces van a tratar de pedir tasas de interés más altas que las que podrían pedir si se tuviera una estructura de deuda más segura.
(PatriMbl)
“El país vive la coyuntura más compleja de las últimas décadas. La estrechez fiscal y la dimensión de la deuda van en aumento. Ante este panorama, el país requiere tomar las decisiones sobre la reforma fiscal, así como sobre los temas estructurales para iniciar el camino hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas de forma inmediata, sin distractores, ni dilaciones provocadas por discusiones estériles y por encima de intereses particulares”, señaló la Contraloría en el informe.
Añadió que el costo de no hacerlo resulta inconmensurable y con el potencial de afectar, no sólo el orden económico, sino social y democrático del país.
Según la Contraloría, los riesgos ya se están materializando. El año pasado, el Gobierno enfrentó problemas para realizar sus pagos y ahora tuvo que pedir incrementar el límite de endeudamiento interno en ¢600.000 millones, con el fin de hacer frente a los vencimientos del 2018.
También el Gobierno realizó amortizaciones de títulos de la deuda sin contar con el necesario contenido presupuestario al 31 de julio del 2018, por un monto de ¢182.000 millones (¢48.000 millones de corto plazo y ¢134.000 millones de largo plazo), ante cambios no previstos en las colocaciones y menores canjes.
Además, las obligaciones del Estado con la Caja no están siendo presupuestadas (aumento del 0,58% a 1,24% en la cuota estatal), aunque sí se registran como un pasivo en los estados financieros del Poder Ejecutivo.
“El panorama fiscal que presenta nuestro informe sobre evolución fiscal y presupuestaria es realmente sombrío, lamento mucho que las advertencias que, sobre este tema, ha realizado la Contraloría, en múltiples informes se estén materializando”, dijo la contralora general, Marta Acosta.
