El Gobierno ha tocado las puertas de diferentes inversionistas para venderles bonos y así obtener los recursos que necesita para financiar los gastos que no cubre con impuestos (déficit fiscal).
No obstante, esas puertas se han ido cerrando y cada vez se le complica más vender bonos en momentos en que afronta vencimientos importantes de las deudas anteriores. Solo en lo que resta de este año, el Gobierno debe pagar cerca de ¢1 billón –unos $1.892 millones– de préstamos pasados.
Una de las primeras puertas que tocó el Ministerio de Hacienda fueron las instituciones públicas. El gerente de la Bolsa Nacional de Valores, José Rafael Brenes, recordó que al inicio de la administración de Luis Guillermo Solís se emitieron directrices que obligaban a las entidades públicas a colocar sus inversiones por debajo del costo de mercado en Hacienda, lo cual permitió tener un respiro de alrededor de año y medio.
Por ejemplo, entre enero del 2014 y mayo del 2018, los bancos públicos pasaron de tener ¢919.504 millones en bonos de Gobierno a ¢1.392.289 millones. Por otra parte, el sector público no financiero –que incluye a la Caja Costarricense de Seguro Social, la Refinadora Costarricense de Petróleo y el Instituto Costarricense de Turismo, entre otros– pasó de tener ¢1.369.983 millones en valores de Hacienda a ¢2.082.031 millones, según datos de la Tendencia de la Deuda Interna Bonificada del Gobierno Central, que publica el Banco Central.
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Otra herramienta fueron los canjes de deuda, que permitían cambiarle a los inversionistas títulos de corto plazo por otros de más largo plazo y así reducir el riesgo de refinanciamiento; no obstante, esta posibilidad se ha ido cerrando y es una de las razones por las cuales el Gobierno tuvo que colocar, a finales del año pasado, deuda a corto plazo que debe cancelar este año. Para poder cubrir esos pagos, la semana pasada envió un presupuesto extraordinario de ¢600.000 millones.
El camino de pedir prestado a los ahorrantes privados del mercado local también se está complicando, porque dichos recursos son limitados.
Brenes explicó que el Gobierno y los bancos demandan de los recursos disponibles, pero como el crédito al sector privado crece poco, los bancos solicitan poco y por eso han quedado más recursos para el Gobierno.
El Ministerio de Hacienda pasó de absorber el 10% de los recursos disponibles, en el 2012, al 20% en el 2018.
No obstante, para los meses de agosto a diciembre de este año, el Gobierno requiere aproximadamente $1.892 millones y, aun si se supone que el crédito no crecerá, todavía harían falta unos $350 millones de los recursos disponibles internamente para suplir esa necesidad, calculó Brenes.
En el extranjero
El Gobierno también intentó recurrir a los inversionistas extranjeros por medio de la venta de un contrato de colocación por $1.500 millones, que es una figura mediante la cual se emitía deuda interna en dólares que podían adquirir foráneos; empero, el Ministerio de Hacienda anunció el 13 de marzo del 2018 que desistía de esa captación debido a que logró un acuerdo sobre las condiciones financieras.
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Un camino alterno que siguió la cartera fue hacer una colocación en diciembre del 2017 con vencimiento al 2019 y un rendimiento del 6%, la cual adquirió Citi Valores Accival, explicó Antonio Pérez, director del Grupo Financiero Mercado de Valores.
Posteriormente, añadió Pérez, no se dieron colocaciones tan específicas como esta, pero sí similares, como la colocación con vencimiento al 2021, cuya tasa es del 6,5%, y otra al 2022, con una tasa de un 6,75%. A estas tuvieron acceso todos los agentes que participan en el Mercado de Valores costarricense, explicó Pérez. Entre estas tres colocaciones se lograron captar aproximadamente $1200 millones.
La emisión de diciembre del 2017 se empaquetó por parte de Citi en una nota estructurada que fue adquirida por agentes fuera del territorio nacional, detalló Pérez, quien agregó que el Gobierno sigue haciendo este tipo de colocaciones; sin embargo, ya no tiene el mismo éxito que al inicio.
“Entre las emisiones del 2019, 2021 y 2022 logró captar aproximadamente $1.200 millones, pero en la última que se realizó recientemente, al 2023 con una tasa del 6,9%, no se han logrado captar más de $190 millones. Lo anterior demuestra que el modelo pareciera estarse gastando, lo que deja menos posibilidades de éxito al Gobierno para financiarse con este tipo de operaciones”, aseguró.
Por su parte, el economista Vidal Villalobos explicó que la incertidumbre también está minando los deseos de los inversionistas de prestarle al Gobierno.
“El tema le genera a los mercados una duda, una incertidumbre enorme, que trae consecuencias. Una consecuencia básica es que los recursos que ya eran muy escuálidos en las subastas, se van a terminar de cerrar hasta que esto se aclare. ¿Cuál va a ser el elemento importante? Esperamos que este viernes, cuando ya se venza el plazo de discusión y de presentación de mociones para el 20.580 (plan fiscal), veamos salir humo blanco de la Asamblea Legislativa”, dijo Villalobos.