EscucharLa Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) casi triplicó, durante el año pasado, el gasto en cesantía después de revivir las prestaciones legales por 20 años en su convención colectiva y por el incremento en la cantidad de empleados que adelantaron su pensión a raíz de la reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Ambas situaciones provocaron que, en el 2022, los egresos en pago de prestaciones legales de la CNFL fueran de ¢3.027 millones, un crecimiento del 170% frente a los ¢1.122 millones cancelados en el 2021, según los Informes de liquidación presupuestaria entregados a la Contraloría General de la República (CGR).
Juan Manuel Casasola, director Administración y Finanzas de la CNFL, reconoció a La Nación que la combinación de elevar el tope de cesantía de 12 años a 20 años y un mayor número de pensionados elevaron el gasto.
El año pasado la institución se vio obligada a incrementar el presupuesto para prestaciones legales en ¢1.663 millones, pues solo había proyectado desembolsos por ¢1.405 millones, se detalla en las modificaciones presupuestarias registradas en la Contraloría.
Para este año, la Compañía presupuestó ¢1.874 millones para prestaciones legales. Sin embargo, solo en el mes de enero tuvo egresos de ¢910 millones en este rubro, según el Informe de Ejecución Presupuestaria, del mes de enero, entregado a la CGR.
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En el caso del número de jubilados, el año pasado fueron 74 las personas que se acogieron a su retiro por vejez frente a los 43 personas que lo hicieron en el 2021. Para el 2023, la previsión de la institución es que 95 personas se acojan al retiro por vejez, aunque aceptan que el dato puede elevarse.
En contraste, en el 2020 fueron 22 empleados los que se acogieron a su retiro por vejez. Sin embargo, en ese momento la Compañía reconocía el pago de 12 años de cesantía.
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Nueva interpretación
La decisión de subir el límite de prestaciones legales se tomó en un acuerdo de la Junta de Relaciones Laborales, pactado entre la administración de la CNFL y el sindicato, el 17 de febrero del 2021, como reveló La Nación, en setiembre pasado.
El acuerdo se hizo pese a que la Sala IV y la Procuraduría General de la República (PGR) advirtieron a la CNFL que el tope de cesantía en el sector público es de 12 años.
En el 2020, los magistrados de la Sala Constitucional anularon el artículo 99 de la convención de la CNFL que reconocía 20 años de prestaciones legales por renuncia del trabajador, pero no el artículo 100 que es cuando se da por jubilación.
“El hecho de que, durante el 2022, se retoma y aclara la vigencia del artículo 100 de la Convención Colectiva, aumenta el monto de prestaciones legales por los 20 meses que señala ese artículo que aún no ha sido declarado inconstitucional”, dijo Casasola.
También influyó, añadió el funcionario, que más personas adelantaron su jubilación por vejez a los 57 años, después de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) modificó las condiciones de retiro del IVM. Las nuevas reglas comienzan a regir el 11 de enero del 2024.
La Ley de Protección al Trabajador permite a los afiliados al régimen básico pagar el anticipo de su jubilación, a partir de los 57 años y 360 cotizaciones, si cancela al IVM su adelanto con recursos de un fondo de pensión voluntario.
El jerarca dijo que esperan una decisión de las negociaciones de la convención colectiva, entre la administración de la empresa y el sindicato, en específico sobre el artículo 100 el cual se denunció para ajustarlo a los votos de la Sala Constitucional.
“La CNFL aplica la normativa vigente establecida en la convención en su artículo 100. La CNFL luego de realizar las consultas legales pertinentes tanto a la Sala Constitucional como a la Procuraduría, determina que el voto de la Sala es sobre el artículo 99″, afirmó Casasola.
En diciembre pasado, la Contraloría publicó un informe de fiscalización en el cual se argumentó que elevar el tope de cesantía fue una de las razones de que la empresa tuviera una pérdida de ¢12.195 millones en el 2021.
Los estados financieros del 2022, muestran que la institución estatal tuvo una ganancia neta de ¢20.343 millones. Sin embargo, el resultado positivo se explica porque hubo un incremento en los ingresos por venta de energía.
La Compañía financia el pago de la cesantía mediante los ingresos generados por la venta de electricidad a 595.000 abonados en el área metropolitana de San José y algunos cantones colindantes con Alajuela, Heredia y Cartago.
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Cambio en tendencia
La cantidad de nuevos jubilados por vejez, así como el gasto en cesantía, registran dos picos durante los últimos cinco años.
Entre el 2018 y 2019, la salida de trabajadores con derecho al retiro se aceleró a raíz de que la Sala IV estudiaba la constitucionalidad del reconocimiento de 20 años de prestaciones legales en la convención colectiva de la empresa.
El resultado de la acción de inconstitucional era previsible, pues desde 2018, los magistrados dictaron una nueva jurisprudencia en la cual se estableció un tope de 12 años para el sector público.
Sin embargo, con la nueva interpretación de la empresa pública se inició un ascenso en la cantidad de nuevos jubilados, a partir del 2021.
