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Organizaciones del sector financiero como Sugef, la Cámara de Bancos y la Asociación Bancaria Costarricense, rechazaron las críticas de su labor poco efectiva en el combate del lavado de dinero en Costa Rica. (Foto ilustrativa). (Rafael Pacheco Granados)
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y la Cámara de Bancos reprocharon en pleno las críticas del Warner Molina, fiscal general a. i., de que el sistema de inteligencia financiera de Costa Rica es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores de dinero.
La Superintendencia, mediante un comunicado de prensa, aseguró que las afirmaciones de Molina, emitidas en el Congreso, no son consecuentes con el trabajo hecho por la Sugef y la entidades financieras en la prevención de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Rocío Aguilar, jerarca de la entidad supervisora, destacó que el país ha cumplido con las políticas de prevención de lavado internacional. Por ejemplo, mencionó que el país recibió una evaluación positiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
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Además, recordó que en enero pasado entró en vigencia un nuevo reglamento que fortalece la debida diligencia de las entidades financieras sobre clientes políticamente expuestos, el financiamiento a los partidos políticos y la recepción de dinero en efectivo, en especial, en moneda extranjera.
“Delegar la responsabilidad de un tema país en una sola institución sería completamente improcedente”, subrayó Aguilar, en referencia de que es una labor donde participa la Asamblea Legislativa, la Presidencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público.
El jerarca interino del Ministerio Público emitió su declaración durante una sesión de la Comisión especial investigadora sobre la penetración del narcotráfico en la zona sur, donde compartió mesa con las exfiscalas Emilia Navas e Ileana Mora.
Según Molina, si el sistema de prevención antilavado que aplican las entidades financieras del país es tan poco eficaz para detectar a los grandes legitimadores, “menos es posible exponer a aquellos que dan apoyo a las campañas electorales, ya sean nacionales o municipales”.
Tales declaraciones también tuvieron réplica entre los supervisados. La Cámara de Bancos mencionó que Costa Rica ratificó la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
“Las entidades bancarias y financieras (...) cumplen una permanente labor de colaboración de las estrategias nacionales e internacionales que buscan aplicar medidas que ayuden a las autoridades del Gobierno y del Poder Judicial en el control y prevención de lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, así como con el financiamiento al terrorismo”, destacó la Cámara, en un comunicado.
Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la organización, destacó que sí hay un trabajo conjunto entre las autoridades y las entidades frente a la legitimación de capitales.
El Fiscal General interino también cuestionó, en su comparecencia en el Congreso, este martes 17 de agosto, que en el sistema de prevención antilavado solo se cumple con la presentación de los reportes de operación sospechosa (ROS).
A lo cual la ABC aseguró, en un comunicado, que la banca pública y privada cumplen con la obligación de reportar cualquier operación sospechosa de lavado de activos y cerrar cuentas de clientes cuando hay movimientos sospechosos.
“Es claro que los ROS son solamente un instrumento más del cual pueden hacer uso las autoridades judiciales en los casos que tramitan, y que muy probablemente requieran de otros elementos de prueba para concretar sus investigaciones, pero eso no le resta relevancia de estos reportes, que por obligación deben realizar los bancos”, dijo Mario Gómez, asesor legal de la Asociación.
El año pasado las entidades bancarias presentaron 409 reportes de operaciones sospechosas y, entre enero y julio de este año, un total 260, afirmaron.
Las organizaciones bancarias y la Sugef dejaron abierta la posibilidad de una mayor coordinación con el Ministerio Público para mejorar la prevención del lavado de dinero.
