Siete bancos comerciales tendrán mayor holgura para crear una millonaria provisión por un cobro del impuesto sobre la renta que reclama Tributación.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) permitió a las entidades financieras hacer la reserva del monto que cada institución estime, de forma racional y prudencial, deberá pagar a la Dirección General de Tributación, por una fiscalización del pago del impuesto sobre la renta.

El monto que determine cada entidad podrá aprovisionarse en un plazo de 36 meses.

Además, la cuantía debe incluir el monto principal del cobro, más los intereses y multas, según la orden girada por Sugef en el oficio SGF-2193-2018, del pasado 17 de julio.

Hasta marzo pasado, el cobro de renta a siete entidades financieras ascendía a ¢199.000 millones. El 90% del monto correspondía a la banca pública.

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Esta circular emitida por Bernardo Alfaro, nuevo jerarca de Sugef, brinda más flexibilidad a las instituciones financieras, pues elimina la directriz dada por su antecesora Rocío Aguilar, el pasado 2 de mayo, cuando era superintendenta, pocos días antes de asumir el cargo de ministra de Hacienda.

La orden firmada por Aguilar solo permitía a la banca hacer la provisión tributaria del 50% del monto cobrado por el Ministerio de Hacienda, contra la utilidad anual del banco.

Alfaro explicó que en la nueva directriz se da la opción a las entidades de hacer la reserva según su propia estimación, o hacer el 50% del cobro hecho por el fisco.

“Las entidades deberán justificar por qué utilizaron una de las opciones o la otra”, recalcó el jerarca.

Tributación y la banca tienen, desde hace cinco años, discrepancias en la forma como se imputan las contribuciones parafiscales establecidas por ley. Para los bancos son deducibles de renta; pero para el fisco dichos gastos son gravables.

Los bancos más afectados por este traslado de cargos de Tributación aseguran que este cobro tendrá una efecto negativo en la colocación de crédito, pues afecta su patrimonio y con él, el indicador de suficiencia patrimonial con el cual se cubren de los riesgos de su cartera de préstamos.

Monto por entidad

El traslado de cargos sancionatorios a las siete entidades fiscalizadas incluye el monto de renta sin cancelar, así como multas e intereses, según revelaron las instituciones en sus estados financieros.

La fiscalización tributaria abarcó los periodos comprendidos entre el 2010-2013 y 2014-2016. La banca pública es a la que más recursos le cobra Tributación.

El Banco Nacional afronta el mayor cobro con ¢83.757 millones; le sigue el Banco Popular con ¢62.423 millones; el Banco de Costa Rica (BCR), con ¢16.162 millones y Bancrédito, con ¢15.739 millones.

En el caso de los privados, el traslado de cargos a Scotiabank fue por ¢11.664 millones, a Mutual Alajuela, por ¢6.327 millones y a Banco Promérica, por ¢2.764 millones, muestran los estados financieros de cada entidad.

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El Popular informó, mediante la Oficina de Comunicación Corporativa, que la reserva a crear asciende a ¢17.280 millones, lo cual significa casi una tercera parte del pendiente de pago estimado por el fisco.

La entidad argumentó que la gradualidad de 36 meses genera un menor impacto al Banco. La estimación mensual será de ¢480 millones.

En el BCR, el cumplimiento de la directriz de la Superintendencia significará una reserva de ¢6.466 millones, confirmó Rossy Durán, gerenta Corporativa de Finanzas de la institución.

Dicho monto significa el 39% del cobro dictado por Hacienda a la entidad.

"Dado el nivel patrimonial del Banco no se tendrían efectos relevantes, si bien se afectarán levemente las utilidades", recalcó Durán.

Gustavo Vargas, subgerente de Riesgo y Crédito del Banco Nacional, informó de que la institución aún está en el proceso de calcular a cuánto ascenderá la reserva que necesita para cumplir con la orden de la Sugef.

Vargas confirmó que, para el periodo fiscalizado del 2010 al 2013, el Tribunal Fiscal Administrativo ya emitió una resolución; pero no detalló cuál fue la decisión. Para este periodo el fisco dictó una medida sancionatorio de ¢40.375 millones.

El Nacional tiene pendiente otro reclamo de ¢43.382 millones, en la vía administrativa, por el cobro del periodo del 2014 al 2016.

La Superintedencia advirtió a todas las entidades supervisadas de que, a futuro, se deben realizar las provisiones después de una fiscalización del pago del impuesto sobre la renta, con el fin de prevenir las situaciones financieras de los últimos años en la banca.