Siete entidades bancarias deberán crear una millonaria reserva de dinero para enfrentar un eventual pago al fisco del impuesto sobre la renta.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ordenó que, en un plazo máximo de 36 meses, las instituciones generen la provisión de al menos el 50% del monto principal del cobro exigido por el Ministerio de Hacienda.
La circular de acatamiento obligatorio, SGF-1261-2018, fue ordenada por Rocío Aguilar, el pasado 2 de mayo, cuando aún era jerarca de la Sugef.
La directriz se dio seis días antes de anunciarse que ella sería la ministra de Hacienda en el Gobierno de Carlos Alvarado.
Los bancos bajo fiscalización tributaria presentaron recursos formales para que se declare la nulidad absoluta de la circular emitida por la Superintendencia.
Hasta marzo anterior, la Dirección General de Tributación efectuó un traslado de cargos por ¢199.868 millones, según revelaron las instituciones en sus estados financieros.
El cobro del fisco incluye el monto de renta sin cancelar, así como multas e intereses.
Sin embargo, todos las entidades financieras involucradas rechazaron este traslado de cargos y apelaron ante Hacienda, por lo que el cobro no está en firme.
La fiscalización tributaria abarcó los periodos fiscales comprendidos entre el 2010-2013 y 2014-2016.
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Sobre la banca pública recae el 89,6% del traslado del cobro de impuestos hecho por Hacienda, mientras que en las entidades privadas descansa el 10,4% restante.
Destaca el caso del Banco Nacional, con un cobro de ¢83.757 millones; el Banco Popular, con ¢62.423 millones; el Banco de Costa Rica (BCR), con ¢17.194 millones y Bancrédito, con ¢15.739 millones.
En el caso de los privados, el traslado de cargos a Scotiabank fue por ¢11.664 millones, a Mutual Alajuela, por ¢6.327 millones y a Banco Promérica, por ¢2.764 millones, muestran los estados financieros de cada entidad.
La discrepancia entre el fisco y la banca se centra en que los bancos imputan como deducibles de renta las contribuciones parafiscales establecidas por ley, pero para Tributación dichos gastos son gravables.
Las entidades financieras reparten parte de sus utilidades a la Comisión Nacional de Emergencias, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y la Comisión Nacional de Préstamos para Educación.
Confrontación tributaria
La Superintendencia argumentó, en su directriz, que el cobro impositivo constituye una obligación de carácter legal-tributaria desde el momento de su notificación.
Además, cuestionó que dicho pasivo no se contabilizara prudencialmente antes por los bancos.
"Técnicamente, lo que se impone es que esos traslados de cargos sean reconocidos en la contabilidad de las entidades afectadas en términos de provisiones", se argumenta en la circular firmada por Aguilar.
La entidad dio la opción de contabilizar la reserva en tractos mensuales y prevenir que no vuelva a ocurrir en el futuro por el impacto financiero en cada banco.
La Nación consultó a Jenaro Segura, superintendente a. í., si se analizó el efecto de la orden en la colocación de crédito y finanzas de los bancos; pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
La Cámara de Bancos cuestionó el argumento de Sugef de que el traslado de cargos tributario es un elemento suficiente para crear la reserva.
"Consideramos que dicha obligación aún no nace a la vida jurídica ni, en consecuencia, debe hacerse provisión alguna, sino que lo procedente es revelarlo como un pasivo contingente", detalló Annabelle Ortega, directora ejecutiva de la entidad.
María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), confirmó que solicitaron la revocatoria de la circular de Sugef.
"Tendrá un efecto negativo en la suficiencia patrimonial de las entidades bancarias y en la colocación de crédito, lo cual profundizaría la contracción crediticia que ya se está presentado y que tiene un importante efecto para el país", explicó Cortés.
Impacto bancario
Gustavo Vargas, director general de Finanzas del Banco Nacional, confirmó que la orden de Sugef implicaría crear una provisión mensual de ¢904 millones, y lograr una reserva de ¢32.544 millones en un plazo de 36 meses.
"Esa provisión reduciría la utilidad y por ende la suficiencia patrimonial. Solo para el 2018, tendría un impacto en la suficiencia de 0,5%", detalló Vargas.
El Banco Popular confirmó que presentaron un recurso de revocatoria contra la orden de la Superintendencia.
Asimismo, detallaron por escrito que esperarán el resultado del recurso para proceder en la defensa del interés público y de la colectividad.