EscucharEl nuevo gobierno de izquierda de Colombia radicó este lunes ante el Congreso un proyecto de ley para que los ricos paguen más impuestos y financiar con nuevos recursos sus ambiciosos programas sociales contra la pobreza y la inequidad, una de las más altas del continente.
El equipo económico del presidente Gustavo Petro presentó la reforma tributaria al Legislativo de mayoría oficialista, tras instalarse en el poder el domingo por un periodo de cuatro años.
La iniciativa busca "fortalecer la tributación de los sujetos con mayor capacidad contributiva" y reducir las exenciones a "los más pudientes", según un resumen oficial compartido a los medios.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que la carga impositiva recaerá sobre las personas naturales que ganen más de 10 millones de pesos mensuales (unos 2.300 dólares) que representan el 2,4% de la población de 50 millones de habitantes.
"El mayor aumento es solamente para unas 34.000 personas" consideradas como los "ultraprivilegiados en el sistema tributario colombiano", agregó Ocampo.
También fija nuevos impuestos al patrimonio, bebidas azucaradas y productos ultraprocesados como embutidos, a las herencias y ganancias ocasionales, por ejemplo premios de lotería.
Con la reforma, el gobierno de Petro aspira percibir 25 billones de pesos para 2023 (USD 273.000 millones), lo que equivale al 1,72% del PIB, y 50 billones para 2026 mediante una recaudación más efectiva.
Según el gobierno, los ingresos tributarios representan hoy el 13% del PIB, por debajo del promedio de Latinoamérica (14,8%).
Petro llegó al poder con un plan de reformas profundas que apuntan a fortalecer al Estado, reducir la pobreza que castiga al 39% de los colombianos y acortar la brecha entre ricos y pobres, la más amplia de la región según el índice de desigualdad de Gini.
Sin embargo, recibe unas finanzas duramente golpeadas por la pandemia, con un déficit fiscal estimado del 5,6% del PIB para este año y una deuda pública que ronda el 56,5%.
En 2021, el gobierno de Iván Duque intentó gravar a la clase media para hacer frente los estragos de la crisis sanitaria, lo que desató violentas protestas que se extendieron por dos meses y dejaron 46 muertos, entre civiles y policías, según la ONU.
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