EscucharLa justicia del Reino Unido dictaminó este lunes que el controvertido plan del gobierno conservador de expulsar solicitantes de asilo a Ruanda es legal, en un momento en el que el número de llegadas irregulares por el canal de la Mancha bate récords.
"El tribunal considera que es legal que el gobierno británico adopte medidas para enviar solicitantes de asilo a Ruanda y que sus solicitudes de asilo se examinen en Ruanda y no en el Reino Unido", señaló un resumen de la sentencia publicado por el Tribunal Superior.
La decisión de la corte se produce después de que un grupo de asociaciones de ayuda a los migrantes presentara ante el Alto Tribunal de Londres un recurso contra la medida firmada entre Reino Unido y Ruanda.
El pacto, firmado en abril por el gobierno del ex primer ministro Boris Johnson, permitía a las autoridades reenviar al país africano a los inmigrantes irregulares interceptados en el canal de la Mancha.
La medida, que busca desalentar la llegada de inmigrantes, desató una oleada de críticas por parte de los grupos de derechos humanos y fue desafiada en los tribunales.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) paralizó el primer vuelo en junio, pero el gobierno del nuevo primer ministro Rishi Sunak se ha comprometido a reanudar la política.
La corte británica considera que las medidas no son contrarias a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU.
"Siempre hemos sostenido que la política era legal, y el tribunal nos ha dado la razón", reaccionó la ministra del Interior, Suella Braverman. "Estamos dispuestos a defendernos de nuevo contra cualquier acción legal", añadió.
Los conservadores británicos consideran la lucha contra la inmigración irregular, una de las promesas del Brexit, una de sus prioridades.
Desde principios de año han llegado a las costas inglesas unos 45.000 migrantes, frente a los 28.526 de 2021.
Tanto Sunak como Braverman alegan que es necesario tomar medidas urgentes para evitar nuevas tragedias en el Canal de la Mancha, después de que la semana pasada murieran cuatro personas al volcar su embarcación en aguas heladas.
La tragedia ocurrió un año después del naufrago de otra embarcación, que provocó la muerte de 27 personas.
El Tribunal Superior pidió sin embargo al Ministerio del Interior revisar la decisión respecto a ocho migrantes que se oponían a ser expulsados hacia Ruanda. La corte considera que el "Home Office" no examinó de manera adecuada las circunstancia de cada uno.
Las organizaciones de defensa de los migrantes y la oposición acogieron la decisión con decepción y enojo.
Para Amnistía Internacional, la resolución es una "vergüenza". "El gobierno se niega a reconocer que cuanto más invierte en crueldad, castigo y disuasión, más pone en peligro a personas desesperadas que no tienen ninguna opción segura de llegar al Reino Unido", manifestó.
La fundadora de la asociación Care4Calais, una de las que había presentado el recurso, afirmó que apelará la decisión y que hará todo para que "ningún refugiado sea expulsado a la fuerza".
Josie Naughton, directora ejecutiva de la organización Choose Love, opinó por su parte que el anuncio constituía un "momento oscuro para la defensa de los derechos humanos en el Reino Unido".
El sindicato de funcionarios PCS, con presencia en la policía fronteriza, consideró que el proyecto gubernamental sigue siendo "moralmente reprensible y totalmente inhumano".
La oposición laborista juzgó a su vez que el proyecto era "contrario a la moral" y "exorbitantemente caro".
Los abogados de las partes argumentaron que la política era ilegal por múltiples motivos, incluida la evaluación de Ruanda como tercer país seguro.
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