La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que agrupa las principales empresas de cable y servicios relacionados con las plataformas de streaming que operan en Costa Rica, anunció su rotunda oposición al nuevo proyecto de Ley de Cine, que próximamente será discutida en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Además, anuncian que tomarán medidas para evitar su aprobación.
La semana pasada dicho proyecto se dictaminó positivamente en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, por lo que se le dio la bendición para seguir navegando en la corriente legislativa.
Entre otras cosas, el texto propone la modificación la Ley de Espectáculos Públicos, que rige desde 1947, proponiendo el cobro de 1.5% a servicios de streaming como Netflix y servicios de televisión de paga como Cable Tica y Tigo, entre otras compañías similares.
Para Infocom, esa propuesta “golpearía directamente las finanzas de los costarricenses”.
“Consideramos que el país está atravesando un momento difícil, con una comprobada contracción económica. Los costarricenses aún están asimilando la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y no es momento para establecer un nuevo impuesto que, a fin de cuentas, se traducirá en un aumento el recibo mensual que pagan los consumidores”, aseguró Vanessa Castro, presidenta de Infocom.
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Mediante un comunicado de prensa, Infocom recordó que unos 883.000 ticos son usuarios de televisión por cable, sin contar los suscritos a las plataformas de streaming.
En la comunicación, además, Castro lamentó que la iniciativa de ley “no haya sido socializada ni consultada con los proveedores ni los consumidores de los servicios que se verán impactadas por el nuevo impuesto”.
Por si fuera poco, Castro señaló que dicho impuesto se sumaría a otros que ya hoy pagan los usuarios, como el 13% de IVA, un 0,75% que va al Sistema de Emergencias 9-1-1; así como la contribución del 1% destinada a la benemérita Cruz Roja sobre los servicios de telefonía móvil.
“Sobre estas dos tasas, se discuten actualmente proyectos de ley para incrementar al 1% la tasa del 911 y ampliar la base a servicios de internet en el caso del denominado impuesto rojo (a la Cruz Roja). La industria de Telecomunicaciones propone buscar mecanismos alternativos para financiar al sector audiovisual, por ejemplo incentivos fiscales, que ya se utilizan en otros países”, agregó Castro.
Por su parte, José Gutiérrez, gerente de Regulación y Comunicación de Cabletica, expresó que la reforma contribuye a abrir la brecha digital, por lo que no es un avance, sino un retroceso.
“Costa Rica tiene pendiente la meta de disminuir la brecha digital y motivar la alfabetización digital, por lo que hacemos un llamado a los diputados para no generar barreras que desincentiven el uso de la tecnología, por el contrario, se deben generar las condiciones", expresó Gutiérrez, mediante otra comunicación oficial.
Medidas a tomar.
Con el firme propósito de botar este proyecto de manera definitiva, Castro anunció que comenzarán acciones inmediatas para no “ser sorprendidos” con la aprobación repentina de la Ley de Cine.
“La experiencia nos dice que cuando se trata de impuestos corren a hacer las cosas. Es una voracidad tributaria. Por eso nos estamos moviendo desde ya porque no sabemos en qué momento el proyecto de ley comenzaría a discutirse en el plenario”, expresó la funcionaria.
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“Lo que vamos a hacer, desde ya, es tratar de hablar con los diferentes jefes de fracción y otros diputados. Esperamos que tengan conciencia de que ellos representan a la gente. Además, vamos a hablar con otras cámaras que sabemos coinciden con nuestra posición”, agregó Castro.
Castro finalizó diciendo que propondrán una ley distinta, que promueva el cine mediante la rebaja de impuestos para la actividad cinematográfica. Una especie de incentivo tipo zona franca, para desarrollar películas.
Defensores de la propuesta.
Para el diputado Enrique Sánchez, quien impulsa el proyecto, el pago adicional que el usuario tendrá que desembolsar por dicho impuesto es mínimo, por lo que no prevé un gran impacto.
“No será gran cosa lo que tendrá que pagar el usuario. Son ₡80 en caso del cable y ₡232 en el caso de las plataformas de streaming”, dijo Sánchez.
Por ejemplo, la tarifa de Netflix, que actualmente es de $8,99 (unos ¢5.240), con el impuesto, pasaría a ¢5.320.
En tanto, un paquete de televisión básico ofrecido por Cabletica, cuya tarifa más barata es de ¢15.492, subiría a ¢15.724.
Por su parte, un servicio como el de HBO Go, que cuesta $9,99 (¢5.824), aumentaría a ¢5.911.
Sobre la fuerte oposición manifestada por Infocom, Sánchez se limitó a decir que el proyecto es una actualización al impuesto, pues ahora no solo el cine como tal está lucrando con el negocio audiovisual.
“Es actualizar la realidad del mercado actual. Es un tema de que el audiovisual financie el audiovisual y el cine al cine”, expresó el diputado.
El expediente 20.661, sobre Ley de Cine, fue introducido en la corriente legislativa desde el 2017, por la entonces diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero. Actualmente, la iniciativa es impulsada por los diputados rojiamarillos Sánchez y Laura Guido, y por el liberacionista Wagner Jiménez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología.