EscucharEl centro de monitoreo de tobilleras electrónicas para privados de libertad, abierto el 8 de marzo en una zona residencial en Jardines de Tibás, ha levantado los temores de los vecinos, quienes ya presentaron quejas ante el Ministerio de Justicia y Paz.
Según relatan los locales, durante el día merodean sentenciados o sujetos con medidas cautelares, porque en el edificio de Justicia no hay sala para esperar mientras les van a colocar el dispositivo, ni tampoco baños. Además, temen que se den actos delictivos e incluso ajustes de cuentas.
“Problemas con los privados de libertad son muchos, no tienen dónde hacer sus necesidades fisiológicas, por lo que lo hacen en la calle, se sientan en las entrada de las casas y cuando las personas quieren salir no pueden porque sienten temor”, apuntó.
“Pasan muchas horas en espera afuera y dejan la basura de lo que comen, cuando los traen en perreras no tienen cómo irse para sus casas, por lo que piden dinero en el vecindario”, explicó Mireya Ross, una vecina de la localidad, quien en entrevista con La Nación afirmó que desde el 31 de mayo enviaron una nota al Ministerio, sin embargo, no habían recibido respuesta.
Por su parte, Arturo Hernández, regidor suplente de la Municipalidad de Tibás y vecino de Jardines, se unió también a las quejas por la inseguridad que sienten en el vecindario.
“Nadie va a caminar a la par de uno de esos camiones penitenciarios por miedo a que venga una persona, amiga de esa persona que le están poniendo el brazalete, y haya una balacera, usted no me garantiza que no la vaya a haber, ese es el temor que tenemos nosotros”, dijo Hernández al ministro de Justicia Gerald Campos, la noche de este martes en la sesión del Concejo Municipal.
Junto a Campos compareció el viceministro Exleine Sánchez. Ellos explicaron que la ubicación de ese centro no fue decisión del Ministerio, sino que ya venía incluida en el contrato de emergencia adjudicado a Radiográfica Costarricense (Racsa), subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que desde marzo es la encargada de administrar las tobilleras, luego de que finalizara el contrato anterior con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
El ministro aseguró que si dependiera de él, hubiera colocado el centro de monitoreo en un edificio más apto para esa actividad, pero que en cualquier cantón habría recibido el mismo tipo de quejas. Señaló, además, que la inseguridad en esa zona de Tibás ha disminuido desde marzo, cuando empezó a operar el centro.
“Resulta que del periodo de noviembre del 2022 a marzo del 2023, había 19 denuncias por asaltos, robos hurtos y tacha de vehículos, una vez que abrimos el centro acá, con fecha al 23 de junio, solo siete (denuncias), bajamos en un 63% con solo la presencia policial y no tengo una sola denuncia, ni en Fuerza Pública, ni en el OIJ, con el titular de un vecino de acá que haya sido objeto de asalto, al día de hoy al menos no me la han pasado”, indicó Campos ante los regidores.
“Si alguno ha sufrido alguna actividad delictiva deme el nombre y lo revisamos con el OIJ”, añadió el jerarca, quien mencionó la posibilidad de hacer una alianza con el Organismo de Investigación Judicial si fuera necesario.
José Alejandro Alvarado, presidente municipal, respondió que aunque haya más policías, los vecinos no se sienten cómodos cuando ven oficiales con armas de alto calibre afuera de sus casas. “Eso nos quitó la paz a todos”, dijo el regidor del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por su parte, el viceministro Sánchez invitó a los vecinos a visitar el centro de monitoreo para que observen cómo funciona desde adentro.
Cuestionamientos por uso de suelo
Además de las quejas por seguridad, los vecinos también señalaron que el centro, ubicado en una finca de Racsa próxima a la sede del ICE, no cuenta con los permisos de uso de suelo correspondientes. Otra de las dificultades señaladas es que Tibás no tiene plan regulador.
Según un informe del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) enviado el 25 de mayo a la organización vecinal Contraloría Ciudadana de Tibás, el cambio de uso de suelo, realizado desde el 2001 por parte del ICE para actividades comerciales de Racsa, requería el consentimiento de los vecinos que viven dentro de un radio de 50 metros medidos desde el vértice del lote, trámite que al parecer no se hizo.
El documento cita al Reglamento de Construcciones de 1983, vigente al momento de la reunión de fincas del ICE, el cual señala que los usos no residenciales deberán ser siempre compatibles con el uso residencial predominante.
“Contemplando esta indicación, se puede catalogar la Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos en RACSA como conflictiva con la zona habitacional. En adición, el Reglamento de Construcciones anterior demanda confinar las molestias al predio involucrado”, señala.
Si bien el informe del INVU no fue mencionado en la sesión del Concejo Municipal, el ministro Campos enfatizó en que el uso de esa propiedad cuenta con todos los permisos necesarios.
“Sobre el plan regulador, hablé con la ministra de Vivienda, doña Jéssica (Martínez), lo que les puedo garantizar es que al momento no hemos actuado de manera ilegal. Aquí hay un asunto de seguridad nacional y hay un compromiso con el país de tratar de controlar todo lo que es la seguridad, por eso yo al frente de todos les digo: los invito, conozcan el lugar”, indicó Campos.
