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El control de 1.838 personas monitoreadas electrónicamente en nuestro país por resolución de jueces de la República, estará a cargo a partir de marzo de la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa).
Así lo dispuso el Ministerio de Justicia debido a que el 8 de marzo vence el actual contrato con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la cual ha tenido a cargo ese control desde que se reglamentó ese beneficio en el 2017 y a la cual la presente administración no le va a renovar el servicio.
El uso de tobilleras se aprobó por ley en el 2014 con el afán de descongestionar los centros penales del país y a la vez contar con una medida alternativa a la prisión que permita respetar los principios constitucionales de proporcionalidad, racionalidad y dignidad humana.
Según un comunicado del Ministerio de Justicia, la medida de urgencia se tomó debido a que la Contraloría General de la República aún no resuelve los recursos presentados contra la nueva contratación que ese ministerio otorgó, recientemente, a una empresa brasileña en asocio con Racsa.
“El contrato emergente se mantendrá mientras adquiere firmeza el proceso licitatorio N.° 2022 LI-000001-0006900001, adjudicado al citado consorcio, denominado Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV Sociedad Anónima-Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima-Synergye Tecnología Da Informaçao LTDA”, dice el documento.
El precio ofertado por ese consorcio es de: $ 5,99 diarios por cada dispositivo instalado, es decir, casi la mitad de lo que se paga por el actual contrato con la ESPH que es de $11,64 diarios por tobillera.
Sin embargo, mientras la Contraloría resuelve, el Estado va a cancelar a RACSA $9,6 diarios por tobillera con IVA incluido, es decir, aunque la medida significará un ahorro de $2,04 diarios por cada mecanismo instalado, ese precio será mucho más bajo cuando entre en vigor la licitación definitiva.
Mauricio Barrantes, presidente de Racsa, expresó que el contrato es de alto requerimiento y de carácter urgente, por lo que realizan todos los esfuerzos para cumplir a satisfacción con lo planteado.
Más control policial
El Ministerio de Justicia informó que duplicará la cantidad de policías penitenciarios designados a la Unidad de Monitoreo electrónico, de modo que 32 hombres y mujeres estarán reforzando en distintos horarios a lo largo de las 24 horas, las labores de control y seguimiento de los portadores de esos dispositivos a partir de este miércoles 15 de febrero.
La Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos, se creó a partir de la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal N.° 9271), aprobada en el 2014 y el Decreto Ejecutivo No 40177-JP, los cuales establecen que la Dirección General de Adaptación Social, es el ente supervisor.
La medida emergente surge en momentos en que el fiscal general Carlo Díaz ha denunciado que existen omisiones por parte del Ministerio de Justicia a la hora de informar a tiempo a los jueces sobre incumplimientos con el uso de tobilleras, así como en lo referido al cambio de medidas, pues han detectado que el Instituto Nacional de Criminología (INC) adscrito a Justicia, en ocasiones ordena quitar la tobillera y ubicar en el régimen semiinstitucional a algunas personas sin avisar al juez de ejecución de la pena.
El 25 de noviembre pasado el ministro Gerald Campos informó de que el monitoreo electrónico con tobilleras debería ser para adultos mayores, así como para detenidos por pensiones alimentarias o por delitos menores, pero no para integrantes de grupos de crimen organizado, como ocurre muchas veces en la actualidad.
Esa vez también enfatizó que la oficina de monitoreo electrónico se creó sin los recursos necesarios para la compra de equipo y contratación de personal, de modo que con los mismos policías penitenciarios, que son escasos, deben atender asuntos de tobilleras.
ESPH cuestiona adjudicación
En un comunicado de prensa la ESPH informó de que la adjudicación del monitoreo electrónico al consorcio conformado por Racsa y socios brasileños, les genera dudas en la estabilidad, correcto funcionamiento y evolución de ese proyecto.
Lo anterior, al afirmar que ese consorcio implementaría tecnología que en el pasado fue descartada por el mismo Ministerio de Justicia y Paz, por su fácil vulneración por parte de la población monitoreada y graves falencias tecnológicas.
Sostienen que en tan sólo seis meses que el país mantuvo esa tecnología brasileña, se registraron 523 casos de daños al dispositivo, es decir, 87 casos por mes.
“Nos preocupa como institución y como proveedores actuales del sistema electrónico, que un proyecto tan importante y sensible para la seguridad ciudadana; presente un retroceso tan grave al volver a utilizar una solución que hace tres años fue descartada”, dice el escrito.
Añaden que es la primera vez que ese Ministerio adjudica una tecnología de este tipo, sin realizar una prueba de concepto.
