“Ostentan una profesionalización nunca antes vista”. Lo dice el nuevo ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, al referirse a sicarios o pistoleros a sueldo, a quienes se atribuyen gran parte de los 331 asesinatos ocurridos del 1.° de enero al 17 de mayo. Más de 200 (60%) han sido por ajustes de cuentas y venganzas.
Al asumir las riendas del Ministerio, el 10 de mayo, Zamora, de 53 años, anunció el ataque frontal al sicariato, como principal estrategia para frenar la escalada de homicidios. De seguir las proyecciones, este año cerraría con cifras muy superiores a las del 2022, cuando hubo 656 asesinatos, el año más violento en la historia.
Dijo que hace 10 años, durante su anterior gestión como ministro de Seguridad (2011-2014, en el gobierno de Laura Chinchilla Miranda), quienes dominaban el tránsito de droga por el corredor centroamericano eran principalmente los carteles colombianos. Hoy, explicó, se observan carteles mexicanos con ánimo de ejercer un monopolio absoluto en el tránsito de la droga por Centroamérica.
Añadió que las organizaciones locales se convirtieron en cajas de resonancia de esa criminalidad internacional, pues importan a nuestro medio prácticas como las observadas en los nuevos sicarios, que eran propias de los carteles de México.
“Cuando uno observa el nivel de profesionalización con el que se ejerce el sicariato, ve que algunos, no todos, operan con inteligencia previa. Hacen un estudio sobre la víctima y sus patrones de movimiento para planear el asesinato. También hacen contrainteligencia para saber dónde están en ese momento las fuerzas policiales y así garantizar la huida”, explicó.
Fincas de entrenamiento
Según el ministro, esos grupos tienen campos de entrenamiento en fincas, sobre todo en la zona Atlántica, donde familiarizan y socializan a personas con ese mundo.
Reconoce que estamos observando solo la punta del iceberg y por eso es importante la reacción en este momento, para evitar que esta dinámica se consolide.
Esas agrupaciones están tan organizadas que, si algún gatillero resulta herido en enfrentamientos, sea con rivales o con la Policía, tienen casas que funcionan como clínicas, donde reciben atención médica y así no son detectados en hospitales públicos, donde corren el riesgo de ser detenidos y delatados.
Según el ministro, se trata de un patrón mexicano similar al grupo de los Zetas, que constituyeron la gran pesadilla mexicana cuando el cartel del Golfo logró convencer a los mandos de esa unidad del ejército mexicano, que fue entrenada en Israel, para que abandonara el cuartel con sus armas y se incorporara como el brazo armado de ese cartel narcotraficante.
Posteriormente, esos soldados se cuestionaron por qué ser los soldados del cartel del Golfo, si podían ser los jefes y dueños del negocio, y formaron el cartel de los Zetas, que ha proliferado en otras zonas.
Parte de sus conocimientos militares, según el ministro, los han extendido por el corredor centroamericano, pues son formas de operación que no nacen de la noche a la mañana por generación espontánea. “No es leyendo en Internet que pueden especializarse así”, afirmó.
Al parecer las armas que usan provienen de armerías en Estados Unidos, situadas en la frontera de ese país con México. Integrantes de los carteles mexicanos cruzan momentáneamente la frontera, compran legalmente las armas de grueso calibre y las introducen en México. Ese armamento se está proyectando más allá de México e incluso llegando hasta Centroamérica.
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Procuran impunidad
Zamora indicó que muchos de esos sicarios han recibido entrenamientos y prácticas principalmente en el Caribe.
De igual manera, la forma de operar de ellos hace que, a diferencia de años atrás, no dejan tanta evidencia en la zona del crimen. Generalmente, andan enmascarados o con gorras que dificultan su identificación en caso de quedar grabados en cámaras de seguridad.
De esa forma, en la escena del delito quedan muy pocos indicios que permitan identificarlos y relacionarlos con el hecho delictivo y eso representa una dificultad a la hora de enjuiciarlos.
Así como aumenta la cifra de homicidios, se incrementa la dificultad de esclarecerlos. Al haber menos evidencias surge el fenómeno de la impunidad criminal. “Entonces, el gran problema, además de la cantidad de homicidios, es el nivel creciente de los que no son esclarecidos y la gran dificultad para resolverlos”, sostuvo Zamora.
Lo anterior estimula a las bandas para operar y sentir que nunca van a enfrentar la justicia ante un juez de la República.
Entre los casos más recientes que la Policía atribuye a estos grupos está el de Andrés Corea Cabrera, de 41 años, quien murió acribillado a balazos el 9 de marzo mientras pedía un desayuno en soda La Cabaña, en el centro de Limón. Él tenía previsto ir hacia los tribunales donde era imputado en un juicio por drogas.
Días después, el 31 de marzo, cerca de la antigua rotonda de la Guacamaya, en San Sebastián, fue asesinado Kevin Josué Barrantes Ramírez, de 27 años, quien se bajó de un BMW blanco que llegó a un taller y fue emboscado por un gatillero armado con un fusil de asalto. Él fue antes parte de la banda de Los Lara, pero desertó de esa agrupación.
Además de los sicarios profesionales, también hay otros que venden servicios de sicariato por cuenta propia, a quien lo pague. Zamora afirmó que a estos sicarios “artesanales”, que son la mayoría, también los van a marcar muy de cerca para capturarlos y llevarlos a estrados judiciales.
Esa labor comenzó desde el viernes 12 de mayo. En las próximas horas se va a incorporar el viceministro Manuel Jiménez Steller, quien era fiscal de Limón y desde el 15 de mayo obtuvo el permiso de la Corte Suprema de Justicia para laborar en la cartera de Seguridad.
Será el facilitador de la acción conjunta entre el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía y el OIJ. “Si no coordinamos acciones, definitivamente estamos condenados al fracaso. Esta tormenta no la podemos enfrentar desde un archipiélago desordenado donde cada uno se mueve a propia voluntad”, puntualizó Zamora.
Préstamos gota a gota
El sicariato no solo incursionó en la profesionalización de criminales al cometer el delito, sino también en la forma en que se contrata a los gatilleros no solo para ajustes de cuentas por venganza o drogas, como normalmente ocurría, sino también alcanza los préstamos gota a gota, donde asesinan a los deudores por no tener suficiente capacidad de pago.
Según el ministro Zamora, la actividad del sicariato estaba siendo ejercida entre bandas criminales por las luchas de territorio. Sin embargo, se amplió y también opera en el cobro de préstamos gota a gota.
Precisamente, uno de esos grupos criminales, dijo el ministro, fue uno en Tejarcillos de Alajuelita, San José, donde la Policía encontró sicarios que servían a una organización de préstamos gota a gota y tenían antecedentes de narcotráfico.
“Eso demuestra que el origen fue el narcotráfico, pero ya empiezan a proyectarse sobre otras actividades criminales porque es una corporación, es decir, hay zonas transnacionales de la delincuencia”, comentó.
En 2017, un libanés de 44 años identificado como Elías Akl, quien era conocido en Escazú por ofrecer préstamos sin que mediara un trámite extenso a comerciantes pequeños o taxistas, murió atacado a balazos frente a un centro educativo de ese cantón al oeste de San José.
Días después de su muerte, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que Akl tenía 18 denuncias por extorsión. En general prestaba cantidades que oscilaban entre ¢100.000 y ¢1.000.000.
Cobro de peajes
De acuerdo con el jerarca, otra de las actividades que ha aumentado la criminalidad en los últimos años es el cobro de “peajes” a quienes desean pasar por ciertos barrios o zonas de esos vecindarios. Lo realizan las bandas una vez que se posicionan en un territorio, y monopolizan el ejercicio de actividades ilícitas como los robos, pero también las lícitas como la libertad de tránsito o tener un negocio en el barrio.
“Las personas que sufren más y que son más víctimas de la criminalidad son los más pobres, los más vulnerables, los que no pueden pagar seguridad privada. Muchos ni siquiera pueden denunciar por el temor a represalias, son los que están pagando hoy peaje para poder salir de su casa, trabajar y vuelven a pagar el peaje para poder regresar. Esa realidad silenciosa que está viviendo un sector de la población”, enfatizó Zamora.
“Esa es una parte de las cosas en que los números de antes y los de ahora pueden ser los mismos, pero lo que hay detrás de ellos es lo que marca la diferencia. Eso yo no lo veía hace diez años, era algo que uno veía en otros países, como cosas muy extremas”, indicó.
Zamora agregó que en los barrios de la periferia sur de San José es donde más se evidencia este fenómeno, así como en el cantón central de Puntarenas. No descarta que otras zonas costeras estén relacionadas, sin embargo, actualmente solo tienen identificados esos puntos.
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En 2020, una mujer fue detenida como sospechosa de dirigir una banda que se dedicaba a cobrar hasta ¢300.000 al mes por el paso de los habitantes de dos de las 11 comunidades de Tirrases, Curridabat.
A la organización también se le vinculó con amedrentar al disparar contra las casas de las personas que se negaban a pagar el “peaje”.
Igualmente, en 2017, dos grupos que operaban en Hatillo 2 y Concepción de Alajuelita, San José, cobraban un ‘peaje’ de entre ¢200.000 y ¢2 millones al mes a comerciantes de esas zonas.
“Esta actividad criminal es el germen de mucha violencia. Puede provocar delitos de otra naturaleza, afecta las actividades comerciales lícitas, viola los derechos de las personas y se puede extender al traslado por los lugares donde operan estas organizaciones criminales”, mencionó Wálter Espinoza, (Q.d.D.g.), entonces director del OIJ.