El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) denuncia que la regla fiscal, que impone límites al gasto en el sector público, ha frenado en los últimos dos años las inversiones que puede hacer la entidad en los programas preventivos y represivos para combatir el narco. Por ello, mediante un proyecto de ley, pretende una exclusión parcial de dicha norma, para poder disponer del dinero proveniente de comisos y decomisos a organizaciones investigadas por tráfico de drogas o legitimación de capitales.
Según detalló su director, Sergio Rodríguez Fernández, con la entrada en vigencia de la legislación de fortalecimiento de las finanzas públicas, solo el 30% del presupuesto anual autorizado –unos ¢1.300 millones–se puede destinar a la construcción de delegaciones y a otros proyectos de los cuerpos policiales, ONGs, entre otras instituciones (ver detalles maś adelante). El restante 70% (¢3.000 millones) se gasta en salarios y otros costos operativos institucionales, por lo que se complica que los múltiples beneficiarios puedan desarrollar grandes proyectos.
La ley de estupefacientes establece, en sus artículos 85 y 87, que un 30% del dinero que obtenga el ICD en comisos y decomisos (en este caso se usan los intereses ganados de los certificados a plazo, ya que del resto del dinero solo se puede disponer cuando hay una sentencia en firme) se destinen a programas preventivos de los ministerios de Educación Pública (MEP) y Justicia y Paz, o bien, con ONGs. Así como aquellos que coordina con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), que adicionalmente recibe otro 30% para manejarlo de la forma que crea pertinente.
Además, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también se ven beneficiados con otro 30%, mientras que el 10% restante puede ser utilizado por el ICD para mantenimiento y custodia de los bienes que tiene en su poder.
El dinero decomisado en operativos policiales queda en poder del ICD, el cual lo invierte en certificados a plazo para poder obtener ganancias mediante los intereses. (Cortesía del OIJ)
Rodríguez contó a La Nación que, por ejemplo, aunque saben que la Policía de Fronteras del MSP tiene entre sus planes la construcción de una delegación en la zona norte, ellos no le pueden garantizar el apoyo económico, al tener un tope de gastos de la regla fiscal, por lo que el dinero que no pueden utilizar, que el año pasado ascendió a ¢3.000 millones, es trasladado a las arcas del Ministerio de Hacienda.
En medio de esa circunstancia y consciente de que si la situación sigue así a mucho dinero no se le va a sacar provecho para combatir las organizaciones criminales que incurren en el tráfico nacional e internacional de drogas, así como el lavado de dinero y otros hechos de crimen organizado, el jerarca del ICD conversó con algunos diputados, entre ellos Gustavo Viales Villegas, proponente del proyecto denominado: “Adición de un inciso f) al artículo 6 del Título IV Responsabilidad Fiscal de la República, Capítulo I Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de aplicación, Definiciones y Principios”.
Actualmente, la iniciativa 22.568 está en la lista de proyectos que están votando los legisladores en el cierre de su gestión, por lo que la esta semana podría recibir su aprobación en ambos debates, tal y como lo espera Rodríguez, para evitar tener que explicar desde cero a los nuevos legisladores la importancia de contar con la exclusión parcial.
“El ICD reconoce la importancia de la promulgación de la ley 9.635, comparte la visión de responsabilidad que tienen las instituciones públicas para la sostenibilidad fiscal del país y además ha cumplido con todas las normativas que en esa línea se han promulgado. Por lo tanto, continuará dando el ejemplo en la contención de gasto público bajo una disciplina fiscal responsable que esté relacionada directamente con la operación ordinaria del Instituto y los recursos de transferencia anual de gobierno.
“La exclusión que se solicita para el ICD es parcial, pues sería exclusivamente para lo que tiene relación con los dineros que el Instituto administra, los cuales devienen de los decomisos y comisos de dinero y bienes que se le realizan al narcotráfico, la legitimación de capitales y cualquier otra manifestación de delincuencia organizada, cuyo destino está dado por ley y se trata de los programas preventivos y represivos”, explicó Rodríguez.
Durante el 2021 las 72 toneladas de droga decomisada en Costa Rica fueron destruidas con plasma en Miami. En medio de estrictas medidas de seguridad, la droga fue llevada hasta el aeropuerto Juan Santamaría, donde un avión militar de Estados Unidos la traslada hasta Miami. Foto: Cortesía OIJ
El jerarca destacó que la plata a la que hace referencia el proyecto no proviene de ninguna actividad económica estatal, ni tampoco es producto de impuestos, tasas o aranceles, ni alguna actividad contributiva, sino que más bien es una forma de luchar contra el crimen organizado, así como de prevenir el tráfico ilícito de drogas, el consumo de sustancias psicoactivas y a la vez fortalecer el sistema antilavado.
“Limitar el uso de recursos específicos como estos no solo impacta negativamente sino que repercute en un posible incumplimiento de las tareas que el ICD debe ejecutar (...). La coyuntura nacional y mundial en relación con el terreno que diariamente gana el crimen organizado no exime a Costa Rica, por lo que no podemos como país darnos el lujo de contener recursos que no devienen del erario público, cuya creación fue pensada justamente para combatir el flagelo. En palabras llanas: tenemos los recursos y el marco legal para hacerlo, pero mediante limitaciones presupuestarias no lo permitimos, al tiempo que el crimen organizado avanza con más rapidez en nuestro país”, argumentó el jerarca del Instituto, quien recalcó la importancia de que el proyecto sea aprobado en los próximos días.
Una de las partidas más significativas otorgadas recientemente con el dinero proveniente del crimen organizado la recibió el OIJ. Se trata de ¢775 millones con los que se pretende trabajar en el diseño y la construcción de un edificio para incinerar las drogas decomisadas en operativos policiales. En la actualidad, Costa Rica traslada a Estados Unidos la droga para su destrucción.
