Narcotráfico

¿Qué pasa con los bienes incautados a organizaciones criminales?

ICD tiene tres opciones al asumir administración y custodia de bienes

Los bienes que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) administra y custodia pueden ser utilizados para tres fines, según la legislación costarricense. Estos consisten en: prestarlos a entidades que previenen o combaten temas relacionados con las drogas, donarlos o venderlos mediante subastas.

Los préstamos y ventas se pueden realizar desde que el artículo se decomisa, no es necesario el comiso; empero, si un juez ordena la devolución a sus dueños, debe cumplirse.

En el caso de los préstamos, las instituciones que los obtienen deben encargarse de cuidarlos y, de ser necesario, entregarlos de vuelta al ICD en el mismo estado en el que lo recibieron, para ello se hace previamente una evaluación detallada.

Por su parte, cuando se trata de ventas, los bienes muebles e inmuebles son sometidos a un avalúo respaldado por el Ministerio de Hacienda para establecer cuál será su precio base.

Posteriormente, se invita a una subasta a varias personas inscritas en una base de datos que posee el Instituto, cuyo perfil previamente se analizó para descartar, entre otras cosas, existencia de antecedentes judiciales.

El día de la subasta, los interesados asisten, observan el o los bienes y escriben sus ofertas en un documento que luego introducen en sobres que se sellan. Dos días después, las ofertas son revisadas de manera pública y la persona que ofrezca la mayor cantidad de dinero será la que finalmente se adueñe de ese mueble o inmueble.

Esa venta genera un monto económico determinado y si el bien está bajo la figura de decomiso, ese dinero no se puede utilizar, pero sí se puede ingresar en certificados a plazo para utilizar sus intereses. Esto se hace porque en caso de que haya un fallo a favor del dueño, se le entrega el dinero obtenido por la venta del vehículo, artículo o propiedad.

Caso contrario ocurre con los comisos, ya que en esa circunstancia el ICD al hacer una venta puede disponer de esa plata en su totalidad y distribuirla de acuerdo con la ley de estupefacientes.

En tanto, las donaciones se dan solamente con bienes que ya fueron comisados, ya que la idea es que la institución beneficiaria pueda sacarle provecho para el combate de temas relacionados con drogas.

Complicaciones

Sergio Rodríguez Rodríguez, director del ICD, reconoce que la administración de las viviendas, edificaciones y terrenos a veces es complicada, ya que estos no siempre se colocan con facilidad en el mercado durante las subastas, por lo que en ocasiones deben hacerse cargo de ellas por varios años.

El principal factor que impide las ventas es el alto costo que tienen esas propiedades, ya que muchas cuentan con una serie de lujos que incrementan su valor. Por ejemplo, piscinas, jacuzzis, pisos de mármol, entre otros.

Una de esas propiedades entrabadas es la decomisada a Alejandro Jiménez González, alias Palidejo, señalado por presunta legitimación de capitales.

La lujosa vivienda, ubicada en Altos de Montenegro de Canoas, Alajuela, está en venta desde febrero del 2014 y, aunque su precio bajó un año después, sigue sin ser adquirida.

Durante todo ese tiempo, el ICD se ha encargado del mantenimiento, la limpieza y seguridad. Esta última se contrata mediante una licitación pública. Estimaciones del Instituto reflejan que una propiedad en su custodia puede requerir una inversión mensual que ronda entre los ¢3,5 millones y los ¢3,7 millones, para cubrir cada una de las aristas de administración y custodia.

Sin embargo, el estigma que existe sobre esta casa y el temor aleja a los compradores y hace que luego de siete años de ser subastada por primera vez, el inmueble siga en manos del Estado.

“Los recursos del ICD no son infinitos, a veces tenemos dificultades con la venta y entonces tenemos que asumir por muchos años su mantenimiento y custodia, que es caro”, reconoció Sergio Rodríguez.

Otra situación complicada ocurre cuando una vivienda carece de los permisos de ley, planos o acarrea situaciones legales que no se han podido arreglar.

Una de estas es una mansión de dos pisos, en proceso de construcción, ubicada en La Guácima, Alajuela. Esta tiene amplias habitaciones, lujosos pisos en mármol, grandes espacios para áreas verdes, piscina con rancho y bar.

Rodríguez detalló que pese a estar bajo custodia de la institución, se requieren de una serie de trámites para poder ponerla en regla y disponer de ella.

“Hay propiedades que son un verdadero dolor de cabeza, porque para poder venderlas o donarlas tienen que estar en regla”, aseveró el director del ICD.

Precisamente, es una situación que, eventualmente, podría ocurrir a futuro con la extravagante vivienda en la que residía un sospechoso de liderar una banda narco, de apellidos Cabrera Espinoza, alias Manzanita.

Esta vivienda de cinco pisos se ubica en León XIII de Tibás, San José, y aunque en este momento no está en manos del ICD, Rodríguez cree que si se les llega a entregar por decisión de un juez van a existir problemas, por los trámites que deberán hacerse para venderla, prestarla o donarla.

La falta de planos y el hecho de que esté cerca de un río son parte de esos inconvenientes que visualiza el jerarca.

Las aeronaves también generan inconvenientes al Instituto, que en la actualidad tiene cinco en sus predios, ya que no se han podido vender, donar ni encontrales otro uso.

“Si no se disponen para escuelas o museos, hay complicaciones, porque las matrículas e identificaciones no están al día y no hay forma de ponerlas en regla”, mencionó Rodríguez.

Cuando una aeronave es utilizada por las bandas narco estas suelen tener matrículas falsas y, previo a ser utilizadas, fueron sometidas a diversos cambios o alteraciones. Ante estas circunstancias, los trámites para que puedan ser usadas son costosos y por ello, en ocasiones, es que las instituciones o empresas no encuentran valor en su adquisición.

Finalmente, entre los bienes incautados a algunas bandas narco sobresalen las embarcaciones, pero ellas no son responsabilidad del ICD en ningún momento. Esa circunstancia obedece a que la legislación establece que será el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), cuerpo policial del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el que asumirá esa responsabilidad.

Eillyn Jiménez B.

Eillyn Jiménez B.

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de Las Américas. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación de Mercadeo. Escribe sobre sucesos.