Judiciales

ICD afronta largos trámites para apropiarse de bienes del narco

Institución se encarga de administración y custodia, pero en ocasiones, por los altos costos de mantenimiento o trámites, propiedades solo quedan con anotaciones

La desarticulación de una banda dedicada al tráfico internacional de drogas, liderada por un sujeto de apellidos James Wilson, alias Turesky, permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisar en mayo anterior ¢1.500 millones en efectivo, entre dólares y colones.

En esa diligencia también se incautaron vehículos, computadoras, teléfonos celulares, artículos de línea blanca y se anotaron algunas propiedades.

Pero, ¿qué pasa con ese dinero y esos bienes? ¿Qué hacen las autoridades luego de la confiscación? ¿Quién queda a cargo de su custodia?

Según la ley de estupefacientes y también la de delincuencia organizada, corresponde al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) administrar lo decomisado hasta que se dicte una sentencia en firme en tribunales, la cual permite disponer totalmente del efectivo, los vehículos, las propiedades y más.

A partir de ese momento pasan varios años y diferentes trámites judiciales para que se pueda disponer en su totalidad de la plata decomisada o la obtenida por la venta de un bien, pues se trata de procedimientos complicados.

En el caso del efectivo, este se deposita en las cuentas corrientes del ICD y, aunque este no puede utilizarse hasta que no se resuelva la situación jurídica de las personas que lo tenían en su poder, sí se puede invertir para “maximizar los rendimientos y minimizar los riesgos”.

Sergio Rodríguez Rodríguez, director del Instituto, detalló que la plata se invierte en certificados a plazo, con el objetivo de ganar intereses que sí pueden utilizar. No obstante, esas ganancias no quedan en su totalidad en las arcas de la institución, ya que deben distribuirse entre varias entidades o programas.

La ley de estupefacientes estipula que un 30% de los intereses se destinen a programas preventivos que el ICD tiene con los ministerios de Educación Pública (MEP) y Justicia y Paz, o bien, con ONGs. Así como aquellos que coordina con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), que adicionalmente recibe otro 30% para manejarlo de la forma que crea pertinente.

Los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el OIJ también se ven beneficiados con otro 30%, mientras que el 10% restante puede ser utilizado por el ICD para mantenimiento y custodia de los bienes que tiene en su poder.

Después de la sentencia

Una vez que el proceso judicial finaliza y hay una sentencia, un juez de la República es quien determina si la plata pasa a manos del Estado o se le devuelve a su dueño.

En caso de que se tome la primera decisión, cuando la sentencia está en firme, el dinero pasa a estar en calidad de comiso y es cuando el ICD puede disponer de él. Sin embargo, al igual que con los montos de intereses, debe haber una distribución.

Rodríguez destacó que en caso de que la causa “no prospere, se ordena la devolución del dinero, que ha estado guardado y solo se ha utilizado para generar ganancias mediante los certificados a plazo”.

Manejo de bienes

En cuanto al manejo de bienes muebles e inmuebles, ya sean vehículos, viviendas, terrenos, joyas, aeronaves, electrodomésticos, entre otros, no en todos los casos llegan a estar a cargo del ICD, luego de los decomisos.

El jerarca explicó que la institución cuenta con una Unidad de Recuperación de Activos, que se encarga de realizar una valoración técnico–jurídica para determinar si administrar un bien generará réditos económicos.

Por ejemplo, en el caso de un vehículo se analiza si este tiene algún leasing (contrato de arrendamiento con opción de compra) o cobro judicial y, si es así, se estudia si al venderlo se recuperará la inversión de esos gastos y se obtendrán ganancias o, por el contrario, no existirán beneficios económicos.

“El interés es generar ganancias sobre la administración y venta de bienes para invertir en el combate del fenómeno de las drogas. No tiene sentido tener un bien que va a salir más caro administrarlo que venderlo.

“En estos casos, se le dice a la autoridad judicial que no es de interés económico por una razón determinada que se detalla y entonces ya ellos deciden si se decomisa por interés policial y se lleva al depósito judicial de vehículos”, explicó Rodríguez.

Bienes en detalle

Joyas y dispositivos electrónicos son los más comunes

FUENTE: ICD    || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Situación similar a la de los automotores atraviesan los dispositivos electrónicos, electrodomésticos, joyas, mobiliario, herramientas, entre otros. No obstante, cuando hay una sentencia en firme que ordena que cualquier mueble pase a manos del Estado, el ICD debe asumir su custodia por ley.

Con los terrenos y casas igualmente se hace un análisis económico, pero se valora con mayor profundidad su administración, tomando en cuenta que esto conlleva una inversión millonaria en mantenimiento, seguridad, limpieza y pago de servicios básicos, en el caso de que se cuente con ellos.

“El ICD no tiene la capacidad de administrar todas las propiedades al mismo tiempo, por lo que esto representa económicamente. Solo una propiedad al año significa una inversión de entre ¢43 millones y ¢45 millones, en promedio”, destacó el director del Instituto.

Actualmente, el Instituto tiene bajo su responsabilidad 49 bienes inmuebles, lo que quiere decir que la administración y custodia de todos ellos requiere, en este momento, una inversión mensual de ¢175,5 millones, o sea, ¢2.106 millones al año.

Por esta circunstancia es que no se acepta administrar todas las propiedades decomisadas. Con el resto, el camino a seguir es que se le realice una anotación en el registro que destaque que es parte de una investigación, de manera que se evite un traspaso, donación o comercialización hasta la finalización del caso, mencionó Rodríguez.

Otra situación que se toma en cuenta es cuando en una casa viven personas que no están ligadas con las pesquisas. Ante esa circunstancia, además de la anotación en el registro, se acuerda con los habitantes del inmueble que ellos se encarguen de su mantenimiento y cuido. Sin embargo, si en el futuro se decreta por la vía judicial que el bien debe pasar a manos del Estado, se tramita el desalojo correspondiente.

Caso de interés particular

En medio de las valoraciones más recientes hechas por ICD, un bien inmueble que generó interés por las ganancias económicas que podría generar es el Motel Infinity, en Alajuela. Este fue incautado al supuesto grupo narco dirigido por Turesky.

De acuerdo con los datos revelados por la Policía Judicial, esa fue una de las últimas inversiones hechas por la organización antes de que sus miembros fueran detenidos.

“En los últimos meses este grupo adquirió un motel ubicado en la provincia de Alajuela que tuvo un costo de $8 millones (poco más de ¢5.000 millones), la mayor parte de ese monto fue pagado con dinero en efectivo, de acuerdo con las investigaciones”, precisó en mayo, Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ.

De todas las propiedades con las que se relaciona a la organización, el Instituto decidió asumir por ahora solo la administración del motel, tomando en cuenta que podría sacarle provecho económico a futuro.

“Recibimos el motel porque es una infraestructura que se podría poner a trabajar para generar ganancias. Aún estamos en trámites administrativos y jurídicos, pero la idea es que sea uno de los que no están en simple cuido, sino que produce. Esta es una infraestructura donde no habita nadie, a diferencia de casas que se anotaron, pero no se recibieron porque se valoró quién vivía ahí”, puntualizó Rodríguez.

Los ingresos económicos de un bien de este tipo son considerables, esto tomando en cuenta que un motel trabaja en horario 24/7 y cuenta con varias habitaciones de diferentes tipos, con características diversas que generan variación en sus precios.

Antes de las diligencias judiciales, la administración de este establecimiento cobraba ¢15.000 por una habitación sencilla, mientras que por utilizar la suite platinum con jacuzzi, una persona debía cancelar un monto de ¢30.000. Empero, esas tarifas pueden ser modificadas si el ICD asumiera su administración, a partir de la valoración propia que se realice.

Eillyn Jiménez B.

Eillyn Jiménez B.

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de Las Américas. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación de Mercadeo. Escribe sobre sucesos.