El ministro de Seguridad Pública afirmó en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que necesita al menos 2.000 policías más, así como $60 millones (unos ₡35.400 millones) adicionales al presupuesto de este año para afrontar como se debe la criminalidad en el país, pues dijo que la administración pasada eliminó 1000 plazas.
Explicó que actualmente lo que hacen es mover los policías de un lugar a otro según los requerimientos en los puntos donde más surgen hechos delictivos, tales como Limón, Puntarenas y Alajuela, pues no tiene recursos para atender cada región como se debe.
Lo mismo ocurre a lo interno de cada provincia, donde las patrullas de un cantón a menudo tienen que irse a otro lado, pues hay muchas unidades dañadas y los puntos calientes exigen constante atención.
Solo en San José existen 22 zonas que exigen más presencia policial como Dos Cercas y La Tabla en Desamparados, León XIII en Tibás y la zona de El Matadero en Purral de Goicoechea, donde se requiere tener patrullas toda la noche y rondas constantes durante el día.
El director regional de San José, Marlon Cubillo, indicó a manera de ejemplo que para atender los bares que están en barrio La California y alrededores necesita 30 policías por turno después de las 6 p. m. y hasta las 6 a. m. de jueves a domingo, porque si no en esos locales “la gente se mata”.
Eso les obliga a destinar cuatro unidades para control de detenidos, así como cuatro patrullas que tienen que sacar de Desamparados y otras cantones capitalinos que quedan menos protegidos. Agregó que esos bares deberían estar vigilados por la Policía Municipal, pues a veces hay llamadas del Sistema de Emergencias 911 y no hay patrullas disponibles.
“Un día se armó un pleito dentro de uno de esos locales, comenzaron a tirar botellas y hubo heridos por todo lado, la seguridad interna no lo pudo contener y tuvo que intervenir la Fuerza Pública, se llamó a la Policía Municipal para que aplicaran el cierre de 24 horas y no quisieron ni siquiera llegar, pese a ser los responsables, ya que al otorgar una patente las 24 horas se debe tener a su propia policía para atender eso. “Tuve que asumir la responsabilidad, aplicar el cierre y eso me ocasionó una denuncia de los patentados porque se les cerró el bar”, dijo Cubillo.
Falta coordinación
Esa falta de coordinación entre policías fue fustigada por diputados de oposición como Alejandra Larios (Liberación Nacional) y Horacio Alvarado (Unidad Social Cristiana), quienes afirmaron que se nota la falta de comunicación que existe entre los cuerpos policiales y la carencia de políticas públicas claras.
Pidieron detalles de lo actuado en los ocho meses de esta administración, así como un informe trimestral sobre las medidas de contención de la delincuencia y la violencia.
Larios lamentó que cada cambio de gobierno se dejen de lado políticas integrales y surjan nuevas propuestas, como la Política de Seguridad Ciudadana para la próxima década que propone esta administración y que apenas está gestándose.
Como echar agua a un canasto
Las autoridades de Seguridad insistieron en la necesidad de que los jueces y el Instituto Nacional de Criminología del Ministerio de Justicia sean más firmes a la hora de otorgar beneficios como las tobilleras electrónicas y otros medidas que dejan libres a delincuentes.
Lo anterior porque constantemente encuentran en las calles a personas con múltiples presentaciones ante la Fiscalía por delitos como, homicidios, tentativas de homicidio, robo agravado, asaltos, hurtos y portación ilegal de armas.
El ministro Torres enfatizó en que no se requieren más leyes, sino que los jueces de la República apliquen, con mayor severidad, las que ya existen.
Es como echar agua a un canasto, dijo el ministro Jorge Torres, al recordar que delincuentes como los que mataron a Marco Calzada en el barrio chino de San José o los que en diciembre mataron a Keylor Gamboa, en barrio Pinto de San Pedro, tenían decenas de pasadas a los tribunales por múltiples delitos y andaban libres.
Con el fin de encontrar soluciones a esta falta de diálogo y entendimiento entre los cuerpos policiales, los diputados de esa comisión acordaron citar al ministro de Justicia, Gerald Campos, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre y al ministro de Seguridad Pública, Jorge Torres, para que se refieran a las causas por las que quedan libres personas que han delinquido de manera reiterada, lo cual incide en nuevas actividades delictivas.
Daniel Calderón, viceministro de Seguridad, dijo que solo el año pasado detuvieron a 6.400 personas que tenían orden de captura, es decir, gente con cuentas pendientes en los tribunales. Enfatizó que situaciones como esas se contraponen a la lucha por reducir los homicidios y otros delitos contra la vida.
El año pasado cerró con la cifra récord de 656 asesinatos y solo en los primeros doce días de este 2023 ya son 24 las personas fallecidas, es decir dos diarias.
Armas robadas
Calderón alzó la voz sobre la alta disponibilidad de armas de fuego, pues solo el año pasado decomisaron en las calles 2.095 armas ilegales, muchas de ellas en manos de estructuras criminales. De igual manera, se incautaron de más de 8.000 armas blancas, que también son muy utilizadas en homicidios como ocurrió en los de Marco Calzada y Keylor Gamboa.
En el arsenal nacional, el 54% de las armas han sido robadas a empresas de seguridad privada y el 36% a personas físicas. Con ese tipo de armas se ejecuta el 70% de los homicidios en nuestro país.
Otro de los que estuvo este jueves en la comisión legislativa fue Hans Sequeira, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), quien coincidió con los demás exponentes en que el narcotráfico es la principal causa de la criminalidad.
Considera que como el fin máximo de esa industria delictiva es conseguir dinero, se debe golpear con fuerza los bienes del narco, decomisándoles todo lo que sea posible en cuanto a drogas, aeronaves, edificios, capitales y armas.
Sequeira afirmó que con las tecnologías modernas la Policía requiere innovaciones en aspectos como las intervenciones telefónicas, pues hay conexiones que cuesta más rastrear, así como al seguimiento de las criptomonedas o bitcoines.