Ministra de Justicia afirma que operadoras de bloqueo celular en cárceles deben velar por eficiente operación

Ante la posibilidad de que los privados de libertad busquen mecanismos para burlar el bloqueo de la señal celular que desde octubre rige en varios centros penitenciarios, la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, dijo que las operadoras deberán actualizar regularmente el sistema para impedirlo.

En una comparecencia este jueves ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, Salazar explicó a los diputados que el costo de los sistemas tecnológicos para el bloqueo de la señal celular en los centros penales le corresponde a cada operador.

Se espera que al final de este año los 21 centros de atención institucional del Ministerio de Justicia queden cubiertos con el bloqueo. Hasta octubre, solo la cuarta parte de los centros contaban con ese sistema, que permitió, solo en ese mes, rastrear y cancelar 435 llamadas.

Ante una consulta del diputado Gustavo Viales, sobre si ante los avances de las tecnologías, podrían dejar obsoleto el bloqueo en el corto plazo, la jerarca afirmó que el reglamento establece la obligación de los operadores para garantizar el bloqueo dentro de los centros penitenciarios.

Indicó que, de no hacerlo, se exponen a una sanción económica. También deben velar porque no se afecte a quienes viven en los alrededores de las diferentes cárceles.

Sobre el derecho de los funcionarios penitenciarios para tener acceso a llamadas, Salazar explicó que no es algo que les toma por sorpresa y que estaban preparados.

Indicó que desde que comenzó a hablarse del asunto se les informó de que entraría a operar el bloqueo y que por eso repararon todos los teléfonos fijos, de modo que estén a disposición de ellos.

Asimismo, aclaró que la Policía Penitenciaria, por reglamento, no puede usar celulares en horas de servicio y ni siquiera portar los aparatos.

También, en el tiempo de descanso, los policías tienen la oportunidad de salir del centro para sus llamadas personales.

La ministra sostuvo que los operativos seguirán en las cárceles, pero serán más de inteligencia que de fuerza, para conocer los patrones de comportamiento de la población.

Estima que los decomisos de dispositivos telefónicos van a disminuir, porque serán aparatos obsoletos dentro de los centros, “pero la inteligencia continúa para ir un paso más allá de la tecnología que ellos pudieran utilizar”, sostuvo.

En la comparecencia también estuvo el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, quien indicó que hasta octubre del 2020 se presentaron más de 4.000 denuncias de fraude y la mayoría son organizadas dentro de los centros penales.

El jefe policial dijo a los diputados que el perjuicio llega a los ¢7.000 millones y que casi la mitad de las estafas ocurren en San José.

Ante la consulta de los diputados sobre la posibilidad de verificar que las llamadas fraudulentas surgen de cárceles, Espinoza afirmó de que en todas las denuncias se realiza el registro de las radiobases telefónicas, lo que les brinda una aproximación al sitio donde se origina la llamada.

Como todavía el bloqueo no se aplica en todas las cárceles, Espinoza llamó a la población a estar muy atenta ante llamadas en las que les pidan datos de claves, los cuales nunca deben suministrar, aunque la llamada parezca provenir el mismo número de su banco.