Oficiales de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública detuvieron el lunes a cuatro sospechosos de extraer material minero de manera ilícita en una finca de Crucitas de Cutris, en San Carlos de Alajuela.
De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la aprehensión se dio durante un patrullaje que realizaban los cuerpos policiales por la zona “para prevenir y combatir la minería ilegal”.
Los detenidos fueron identificados como dos hombres nicaragüenses de apellidos Rocha y Montenegro, así como dos mujeres apellidadas López y Blandón, de la misma nacionalidad.
Seguridad Pública indicó que los sospechosos se encontraban realizando las labores de extracción en un sector de una finca de un costarricense de apellido Arias.
La Policía de Fronteras les decomisó una bomba de agua, un estañón de plástico, tres baldes, tres palas, un cayuco de madera y tres alfombras.
Tras solicitar la dirección funcional del fiscal de turno, los cuatro sospechosos fueron trasladados hasta Ciudad Quesada a fin de ser puestos a la orden de la Fiscalía de San Carlos, donde serán procesados por el presunto delito de extracción ilegal de material minero.
El MSP agregó que las dos mujeres y uno de los hombres se encontraban en condición migratoria irregular y que el otro sujeto en condición de residente.
Además, destacó que el fin de semana otras tres personas habían sido detenidas por este mismo delito en el momento en que se encontraban en una quebrada de Crucitas extrayendo material minero.
Crimen organizado
El pasado 19 de agosto de 2020, La Nación publicó que grupos criminales organizados convirtieron la zona minera de Crucitas en una región donde, aparte de robarse el oro y plata de Costa Rica, evaden impuestos, talan bosques y trafican cianuro, mercurio, armamento pesado e incluso mano de obra de Nicaragua.
El desborde de crímenes nace de una alianza entre coligalleros y “empresarios de la zona”, costarricenses, quienes contratan mano de obra ilegal nicaragüense que junto a los nacionales han conseguido un secuestro hasta ahora impecable de la riqueza natural allí.
Crucitas era manejada por la firma canadiense Industrias Infinito, la cual dejó el país en 2015 luego de un escándalo político y judicial y cuya actividad anuló el Tribunal Contencioso Administrativo.
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Una investigación iniciada en abril del 2019 por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, permitió establecer que el material extraído de manera ilícita en varias fincas de Crucitas era trasladado en vagonetas y camiones hasta Abangares, Guanacaste, con el objetivo de procesarlo con equipos especiales, moler los sedimentos y extraer el oro que después, era exportado legalmente.
También se determinó que el metal se colocaba de forma legítima en Miami, Los Ángeles y Houston, Estados Unidos, y que, clandestinamente, otra parte del material minero era llevado hasta Nicaragua.
Por esta investigación, ambas entidades judiciales desplegaron 32 allanamientos en cantones de Heredia, San José, Guanacaste y Puntarenas, con el objetivo de desarticular una organización dedicada a esa actividad ilícita. Asimismo, se concluyó que esta situación condujo al lavado de dinero.
Por ello se capturó en total a 27 personas, entre ellos un funcionario del Ministerio de Hacienda que ayudaba al grupo delictivo.
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Causas de la crisis
En setiembre del año anterior, la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, manifestó que las investigaciones judiciales sobre el caso Crucitas apuntan a que el país está siendo utilizado para exportar material proveniente de otras naciones de forma ilegal.
“En este momento no hay reglas de nada, eso es parte de lo que está facilitando que se esté usando el país para blanquear oro. Algunas de las hipótesis es que está entrando oro de Suramérica para tratar de blanquearse aquí y seguir su canal de comercialización hacia afuera.
“Ahí hay muchas cosas que hay que tratar de entender. Por eso, hay una investigación abierta, pero uno de los elementos que salen a relucir es que hay que mejorar la trazabilidad del oro”, afirmó la jerarca en esa ocasión.
Mejorar la trazabilidad significa hallar un mecanismo que permita precisar dónde y cómo se obtuvo el mineral; en Costa Rica la única minería permitida es la artesanal, basada en extracciones de pequeños volúmenes y sin el uso de explosivos.