También se determinó que, clandestinamente, una parte del material minero era llevado hasta Nicaragua, país de origen de varios de los coligalleros que irrumpieron en las propiedades para las actividades de extracción.

Este jueves, desde las 6 a. m., ambas entidades judiciales desplegaron 32 allanamientos en cantones de Heredia, San José, Guanacaste y Puntarenas, con el objetivo de desarticular una organización dedicada a esa actividad ilícita. Asimismo, se concluyó que esta situación condujo al lavado de dinero.

Por ello se capturó en total a 27 personas, entre ellos un funcionario del Ministerio de Hacienda que ayudaba al grupo delictivo.

Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, explicó que la agrupación aprovechó que en las minas de Abangares existe un permiso para extraer oro de manera legal, por lo que ahí se cuenta con gran cantidad de rastras que facilitan la obtención del metal.

“Un grupo de los sujetos que estamos investigando extrajo material de Crucitas, lo depositó en sacos y lo trasladó en vagonetas y camiones hacia Abangares, donde hay una enorme cantidad de equipos para moler los sedimentos y extraer el oro. A partir de ese procedimiento, sacaron el material que, eventualmente, fue exportado (...).

“Sabemos que también se está extrayendo oro de Corcovado para sumarlo e incrementar las exportaciones, que tienen como destinos Houston, Miami y Los Ángeles. Además, gran parte del oro se traslada de manera más rudimentaria y menos elaborada hacia Nicaragua, donde una gran cantidad de coligalleros gozan de los beneficios que permite y produce la extracción ilegal del oro”, manifestó Espinoza.

Por su parte, el Ministerio Público precisó que en Guanacaste era donde el material se convertía en lingotes.

Agregaron que la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes reportó que, entre el 2018 y el 2020, el grupo criminal exportó oro a Estados Unidos por un monto aproximado de ¢2.000 millones; sin embargo, esa cifra fue fijada a partir de los valores consignados en los documentos aduaneros de exportación, a lo cual habría que sumar el precio final cancelado por los compradores en el país destino.

Los detenidos este jueves son señalados por delitos mineros, ambientales y legitimación de capitales. Además, como en la operación policial se ubicaron lingotes de oro, ¢80 millones en efectivo, 10 vehículos, explosivos, armas de fuego, documentos y drogas, también se abrirá una causa en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.

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Funciones específicas

De acuerdo con las autoridades, los integrantes de esta banda tenían funciones específicas que iban desde la administración de las fincas en Crucitas hasta la obtención del material sustraído en forma de sedimentos o procesado, venta del mismo, almacenamiento del oro en casas, testaferros y encargados de hacer informes contables y financieros de la adquisición y venta del oro obtenido.

También había personas encargadas de financiar las compras de ese material a cambio de algún beneficio patrimonial y otras que brindaban pruebas falsas de ventas de ganado para que otros imputados pudieran justificar en los bancos las cantidades de dinero que recibían producto del lavado de este.

Finalmente, hay otros sospechosos a los que se les atribuye el procesamiento del oro y la exportación para empresas ligadas a esta organización criminal, las cuales sacaban del país el material en lingotes por el aeropuerto internacional Juan Santamaría, bajo la falsa justificación de que era oro chatarra.

“Se detectaron miembros del grupo que asesoraban en materia financiera y contable a otras personas, incluso, se registró a una de ellas en una sociedad que indicó, de manera falsa, dedicarse a la venta de oro chatarra. También se descubrió la emisión de facturas falsas, para darle apariencia lícita al lavado de dinero que realizaba el grupo criminal.

“Además, dentro de los investigados está un funcionario público de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al cual se le encargó el asesoramiento a otros miembros de la organización para que pudieran ocultar la ilicitud de las transacciones a las autoridades”, afirmó la Fiscalía.

Añadieron que en los últimos meses, debido al cierre de fronteras y del aeropuerto Juan Santamaría, el grupo modificó su actuar.

“Utilizaban distintas empresas dedicadas al transporte de mercancía al exterior, para asegurar la continuidad de la exportación del oro y las actividades de legitimación de capitales”, precisaron.

Por otra parte, la investigación permitió determinar que las sustancias químicas con las cuales los coligalleros extraían el oro, como mercurio y cianuro, eran enviadas desde San José hasta Crucitas por otros de los imputados.

Después de las capturas, la Fiscalía informó de que no solicitará medidas cautelares para todas las personas involucradas en el grupo, ya que cada caso será valorado de manera individual y para eso se determinará el delito cometido y los arraigos procesales que se tengan.

Los apellidos de los cabecillas de esta organización no trascendieron, ya que la diligencia se extendió por varias horas.

En mayo, el director del OIJ, Wálter Espinoza, informó a la Sala Constitucional de que en la zona de Crucitas operaban bandas organizadas responsables de múltiples delitos que iban desde la extracción de oro y plata hasta legitimación de capital e incluso corrupción de funcionarios.

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Daño ambiental grave

Por otra parte, la Fiscalía externó su preocupación por el problema social, económico, así como de salud pública y ambiental en Crucitas, Abangares y el Parque Nacional Corcovado.

“Lamentablemente, esta situación no finalizará con los operativos realizados hoy (jueves). Es urgente que el problema sea abordado a la mayor brevedad y que desde la parte política se logre una solución permanente”, aseveró la institución.

Este caso se investiga dentro del expediente 19-004389-0042-PE.