“En este momento no hay reglas de nada, eso es parte de lo que está facilitando que se esté usando el país para blanquear oro. Algunas de las hipótesis es que está entrando oro de Suramérica para tratar de blanquearse aquí y seguir su canal de comercialización hacia afuera”.
Esa es una de las respuestas de Andrea Meza, ministra de Ambiente y Energía, sobre las causas de la crisis que arrastra el Estado costarricense con respecto a la extracción de oro.
El 20 de agosto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) arrestó a 27 personas sospechosas de conformar una red criminal que extraía ilegalmente oro en Crucitas de Cutris, en San Carlos.
La banda llevaba el metal a Abangares, Guanacaste, para procesarlo y luego lo exportaba a Estados Unidos. Entre los detenidos figura un funcionario del Ministerio de Hacienda.
Ese día, el OIJ allanó 32 propiedades en cantones de Heredia, San José, Guanacaste y Puntarenas.
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No obstante, las declaraciones de la jerarca de Ambiente y Energía agregan un nuevo elemento a ese caso y permiten dimensionar la gravedad del asunto.
“Ahí hay muchas cosas que hay que tratar de entender. Por eso, hay una investigación abierta, pero uno de los elementos que salen a relucir es que hay que mejorar la trazabilidad del oro", comentó.
Mejorar la trazabilidad significa hallar un mecanismo que permita precisar dónde y cómo se obtuvo el mineral; en Costa Rica la única minería permitida es la artesanal, basada en extracciones de pequeños volúmenes y sin el uso de explosivos.
Aumento de exportaciones
La hipótesis expuesta por la ministra sobre el ingreso de oro desde Suramérica para ser vendido desde Costa Rica explicaría, en parte, el extraño aumento en las cifras de exportación de ese material.
Según un reportaje de Ameliarueda.com, los totales de oro exportados se multiplicaron casi 44 veces en ocho años.
Por ejemplo, datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) indican que Costa Rica vendió 27 toneladas de oro en 2010; justo en ese año el país se declaró “libre de minería metálica a cielo abierto”.
Contrario a lo que dicta la lógica, esa declaratoria parece haberle dado un impulso a la extracción y comercialización del metal: entre 2013 y 2019 salieron de suelo nacional entre 170 toneladas y 1.175 toneladas de oro por año.
De acuerdo con Procomer, entre 2010 y 2019, Costa Rica exportó 3.561 toneladas de ese material. El 70% fue sacado entre 2017 y 2019.
Meza explicó que, como parte de los intentos para controlar la exportación de oro, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) envió, meses atrás, un oficio en el que se establece que los interesados en exportar deben gestionar un permiso y demostrar el origen del oro.
Una investigación de Costa Rica Noticias, publicada el 24 de agosto, reveló cómo un grupo de personas salía, de manera frecuente, del aeropuerto internacional Juan Santamaría con maletas que contenían varios kilos de oro.
En esos casos, el material fue sacado de manera legal a través de la gestión de Documentos Únicos Aduaneros ante las autoridades de Hacienda.
La ministra reconoció que los vacíos existentes en la legislación nacional han facilitado la extracción y comercialización de oro a nivel nacional e internacional.
"En los últimos años se ha disparado la salida de oro por el aeropuerto, eso es parte de lo que vimos con todo el proceso de investigación judicial.
"Entonces, se empezó a identificar que la exportación de oro es un espacio que el Estado costarricense no ha regulado y debe regular. Y el único espacio que existía para tratar de darle cierta trazabilidad al oro era indicar que el material extraído del suelo costarricense debía salir con permisos de exportación que certifiquen su origen.
“Una reflexión hecha es que hay que regular ese proceso de comercialización, porque en la actualidad no hay reglas claras, eso es parte de lo que está ocasionando que se use al país”, expresó Meza.
Urgen reglas claras
Para ordenar el tema, el país no solo debe decidir qué hacer con Crucitas, sino que también debe modernizar la normativa relacionada con la extracción de oro de manera artesanal.
“Lo he dicho otras veces, con respecto al caso Crucitas, yo no conozco minería a cielo abierto de gran escala que sea sostenible; eso no lo conozco y creo que ese no es el modelo costarricense (...)
"La opción puede ser una extracción a pequeña escala, con técnicas sostenibles, manejado por cooperativas o estructuras pequeñas que faciliten que los beneficios de la actividad se queden en las comunidades, hay canales internacionales que están buscando ese tipo de oro”, sostuvo.
En el papel, la Dirección General de Minas tiene autorizadas ocho concesiones mineras, otorgadas a cooperativas de coligalleros o familias que dependen de esa actividad en Abangares, Guanacaste, San Ramón, Alajuela y Monte de Oro, en Puntarenas.
Pero en la realidad, pequeños mineros sacan, procesan y comercializan oro en muchos otros puntos del país.
Solo en Abangares, están identificados cinco puntos más, en los cuales trabajan, según Cecilio Argüello, líder de los mineros de ese cantón, 1.500 personas.
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Argüello aseguró que los legisladores deben aclarar, de una vez por todas, las reglas sobre la minería en el país para que él y sus vecinos puedan trabajar “tranquilos y de manera legal”.
Precisamente, la semana anterior, los mineros de Abangares bloquearon por más de 36 horas la carretera Interamericana Norte, para presionar al Gobierno a realizar modificaciones a la ley que les permita vender el material que extraen.