Los casos de violaciones, abusos sexuales, relaciones con menores de edad, proxenetismo, fabricación y divulgación de pornografía, trata de personas y rapto con fines de matrimonio llegan cada vez más al Ministerio Público.
Entre el 2004 y el 2017, las denuncias por ese tipo de conductas creció un 74%, según datos del Poder Judicial.
Solo el año pasado, las autoridades recibieron un total de 8.818 quejas; eso equivale a una por hora.
En el 2004, la tasa de delitos sexuales denunciados era de 120,8 por cada 100.000 habitantes y para el 2017 dicho indicador subió a 178,2.
Por otro lado, las estadísticas también muestran que los menores de edad son los más afectados por estos abusos. De hecho, niños y adolescentes figuraban como víctimas en el 70% de las denuncias presentadas en el 2017.
En ese año, la Fiscalía conoció un total de 3.598 denuncias por abuso sexual contra menores e incapaces, 2.220 por relaciones sexuales con menores de edad y 344 por otros delitos como corrupción y relaciones sexuales remuneradas con niños o adolescentes.
Dicho patrón se repite al revisar los datos del 2004 al 2017: Niños y adolescentes son quienes más sufren violencia sexual en Costa Rica.
Crecimiento
Los abusos sexuales no solo han crecido en número en los últimos años, sino que cada vez representan una porción mayor de todos los delitos cometidos en el país.
En el 2011, los delitos sexuales representaban el 2,9% de todas las quejas presentadas. Cinco años después, en el 2016, estos casos representaron el 4,3,%, según el Informe de Labores de la Administración de Justicia 2017, documento elaborado por la Presidencia de la Corte Suprema.
Entre 2011 y 2016, el Ministerio Público conoció un millón de denuncias por diferentes transgresiones, de las cuales 49.061 correspondían a los 29 delitos sexuales que tipifica el Código Penal.
La violación es uno de los casos que van en aumento. Así lo indica el hecho de que en el 2015, la Fiscalía recibió 1.432 denuncias, en el 2016, se atendieron 1.470 y el año pasado llegaron un total de 1.607 quejas.
De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 90% de las personas que sufren abusos sexuales o violaciones son mujeres.
Otras faltas que vienen en alzada son la difusión de pornografía, los abusos sexuales contra mayores de edad, la seducción o encuentros con menores por medios electrónicos y la trata de personas.
¿Por qué crecieron las denuncias?
"Creo que se debe a varios factores. Uno de ellos es que hay más fuentes de información que están llegando a las víctimas y hay posibilidad de acudir a diferentes instancias para dar a conocer el hecho", manifestó María Gabriela Alfaro, fiscal adjunta de la Fiscalía de Asuntos de Género.
Alfaro también reconoció que hay una mejoría en los reportes del servicio de emergencias 9-1-1 y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Consideró que otro de los aspectos que influyó es la reforma al Código Penal, realizada en enero de 2017 y conocida como la ley de relaciones impropias, que permite castigar a quienes tengan relaciones sexuales con personas menores de edad de entre 15 y menores de 18 años.
"Anteriormente, ese delito solo establecía penas para relaciones sexuales con personas de entre 13 y 15 años, pero con el cambio se amplía el fuero de protección a quienes tienen más de 15 años y menos de 18 años", explicó la fiscal adjunta.
Del 2016 al 2017, las denuncias por relaciones sexuales con menores de edad pasaron de 1.067 a 2.220, lo cual significa un crecimiento del 108%.
Al respecto, Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, considera que en la actualidad hay más denuncias porque las “víctimas están más empoderadas” y porque “hay más organizaciones apoyando a quienes sufren abusos”.
"Eso es importante porque cuando la víctima no tiene acompañamiento, muy probablemente, no va a denunciar. Cuando tiene acompañamiento, se empodera y procede a denunciar", afirmó el magistrado.
Por su parte, Omar Jiménez, fiscal adjunto de la Fiscalía Penal Juvenil, considera que las redes sociales han contribuido al aumento de las agresiones sexuales contra los menores de edad.
Esas plataformas, dice, permiten la divulgación de material pornográfico y abre ventanas para que los depredadores sexuales contacten de manera fácil a las víctimas.
La cifra oculta
Pese a la creciente cifra de denuncias, las autoridades presumen que existe una "gran cifra oculta" de agresiones sexuales que no llegan a ser conocidas por el Poder Judicial, la Policía o la sociedad.
Son casos en los que la persona agredida prefiere callar por temor, vergüenza o por desconocimiento del proceso legal y de los programas de asistencia.
"Ese es un dato que no podríamos nosotros calcular, pero sí le puedo asegurar que existe una cifra negra que ha existido siempre, no solo por los disvalores de la masculinidad que son parte de nuestra sociedad, sino porque este tipo de delitos ocurren en el ámbito de la intimidad.
"Además, si estamos frente a víctimas menores de edad, los efectos de manipulación y la situación de desventaja frente a sus agresores sexuales, las posiciones de poder que muchos de ellos toman frente a los niños procuran el silencio y es hasta muchos años después que hablan", declaró la fiscal Alfaro.
El Código Penal establece que la prescripción de delitos sexuales oscila entre tres y diez años. No obstante, existen algunas gestiones durante el proceso judicial que interrumpen el plazo de prescripción.
Cuando la víctima es un menor de edad, la prescripción empieza a correr cuando el denunciante cumple 18 años.
"Temores para denunciar hay muchos, existen dependencias emocionales, existen dependencias económicas en las que la persona que agrede, además, es el principal proveedor en el núcleo familiar y existen niños que aunque sean o no abusados también se verán afectados en una situación como esta", agregó la abogada.
Con la idea de apoyar a los afectados y promover la denuncia, el Ministerio Público ofrece varias medidas de protección como el programa de atención a víctimas y testigos.
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) puede gestionar, en casos de dependencia económica, ayudas mensuales para manutención o hasta albergues para sacar a las víctimas del alcance del agresor.
"La mujer tiende a culparse de la situación de abuso, lo primero es hacerle ver que no son responsables de lo que hace un tercero (...) Es importante asegurar a la familia, tenemos un albergue para casos en los que peligra la vida, coordinamos ayudas con el IMAS y damos terapia", dijo Mónica Sandí, abogada del Inamu.
Pese a los esfuerzos del Estado por asistir a las víctimas y castigar a los depredadores sexuales, Gabriela Delgado Hidalgo, sicóloga del Inamu, cree que el sistema es débil.
"La violencia sexual sucede con impunidad por temor y por otras condicionantes que hacen que las mujeres no accedan al sistema de justicia y tienen mucha razón de tener miedo porque la justicia no siempre brinda las necesidades económicas, materiales y emocionales para que la mujer comprenda lo que pasa en el hogar", señaló Delgado.
"El principal temor de las mujeres es que no les crean. Otro temor es enfrentarse a la justicia con personal que no esté sensibilizado, también temen no tener los medios para sostener a sus hijos", añadió la profesional.