Veintiocho víctimas de estafas bancarias presentaron demandas contra los bancos Popular y Nacional ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Los procesos fueron presentados por miembros del movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica, coordinado por Carmen Rojas Guzmán, exfuncionaria del Banco Popular que el año anterior perdió ¢9,7 millones por medio de una llamada telefónica.
La primera demanda, tramitada dentro del expediente 23-001992-1027-CA, fue presentada en abril contra el Banco Nacional. En esta, 17 personas reclaman ¢400 millones por el dinero perdido, más daños y perjuicios.
El segundo expediente, el 23-003949-1027-CA, incluye a 11 personas y fue presentado en julio contra el Banco Popular, por un monto de ¢160 millones.
“La fundamentación de la demanda se sustenta en el incumplimiento del deber de custodia de los recursos depositados por los once demandantes al banco, ya que alegan que el daño ocasionado, claramente evidencia una serie de falencias de los sistemas de seguridad”, señaló la organización en un comunicado de prensa.
“Este movimiento ciudadano espera que la justicia actúe prontamente para recuperar el dinero de los afectados y sentar así un precedente que obligue a los bancos a cumplir cabalmente con su deber de supervisión y custodia”, agregó el grupo, el cual detalló que trabaja en un proyecto de ley que será presentado ante la Asamblea Legislativa.
Carmen Rojas aseguró a La Nación que el movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica se fundó el 2 de junio del año pasado, dos semanas después de la estafa de la que ella fue víctima. Su página de Facebook suma 2.479 seguidores y, según la afectada, ya acumulan más de 100 casos de posibles afectados y preparan nuevas demandas contra los bancos ya señalados, así como otras entidades financieras.
La coordinadora del movimiento afirmó que la solución de las entidades “ha sido trasladar la responsabilidad a las víctimas, tanto así que hay un protocolo establecido por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), justamente para conducir a las víctimas por un camino tortuoso que jamás llega a una solución”.
El pasado miércoles 9 de agosto, este medio solicitó una reacción al representante de prensa de la ABC por correo electrónico, sin embargo, al cierre de edición de esta nota no se había recibido la respuesta.
Por su parte, el Banco Nacional confirmó que ya fue notificado y la demanda fue contestada. “En virtud de que se trata de un asunto que se ventila en los tribunales de justicia, el banco no puede referirse al mismo por tratarse de un asunto de carácter confidencial”, señaló la entidad, mientras que el Banco Popular respondió que no ha sido notificado aún.
El Tribunal Contencioso Administrativo, por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, indicó que en ambos expedientes se ordenó la desacumulación de los procesos. Es decir, se están separando las demandas para que sean tramitadas individualmente.
Posteriormente, el Tribunal determinará si le da curso a las demandas, en cuyo caso trasladará las mismas contra las partes demandadas.
Según información publicada por este medio, los expedientes judiciales por estafas informáticas que ingresan a los juzgados y tribunales crecieron vertiginosamente en un año. En el 2022 entraron 9.292 casos nuevos, lo cual implicó un aumento de 160% con respecto a los 3.576 del 2021, según las estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
Estafa millonaria en 33 minutos
El 1.° de junio del 2022, La Nación publicó la entrevista con Carmen Rojas, vecina de Poás de Alajuela, en la que detalló cómo perdió ¢9,7 millones en una llamada de 33 minutos ocurrida el 17 de mayo de ese año.
Como el número comenzaba con 2202, la exfuncionaria del Banco Popular pensó que se trataba de la entidad donde trabajó por varios años. El estafador, al otro lado de la línea, le dio datos sobre ella que le generaron confianza, e insistía con que debía cambiar su tarjeta y múltiples claves debido a la necesidad de introducir un PIN a la hora de hacer compras de más de ¢30.000 en comercios.
Una vez que el estafador accedió a la cuenta principal de la víctima, procedió a transferirla a cuatro cómplices, quienes regularmente actúan como cuentas destino y con mucha rapidez retiran el efectivo. El hampón solo requirió de siete transferencias, dos de ellas a una cuenta del mismo Banco Popular, para apoderarse del monto millonario.
Durante la llamada, Rojas recibió un mensaje de texto sobre el traslado de ¢1,5 millones de sus ahorros a su cuenta principal. Al llamar desde otra línea a la cooperativa donde guarda sus fondos, descubrió que la habían estafado.
“Yo me sentía orgullosa de que nunca me habían estafado, de que siempre salía bien librada cuando me llamaban y de que seguía las recomendaciones de los bancos ante esas situaciones; por eso sentía que a mí no me iba a pasar (...). Pero ese día hubo muchos datos míos que tenía este hombre y por eso yo me sentí confiada”, lamentó Rojas en aquella conversación con La Nación.
El pasado miércoles, Rojas aseguró que después de esa entrevista, tomó la decisión de formar el movimiento Gente Estafada en Bancos de Costa Rica.