Los expedientes judiciales por estafas informáticas que ingresan a los juzgados y tribunales crecen de manera vertiginosa.
En el 2022 entraron 9.292 casos nuevos, lo cual implicó un aumento de 160% con respecto a los 3.576 del 2021, según las estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
Durante este año, la tendencia de crecimiento se mantiene porque los casos acumulados, entre enero y mayo, ya contabilizan 4.331, una cifra mucho mayor a todo el 2021.
El patrón detrás del aumento es que grupos de ciberdelincuentes cometen actividad ilícita aprovechando el mayor uso de servicios bancarios mediante plataformas electrónicas, coincidieron voceros judiciales y especialistas financieros.
La estafa informática, según las estadísticas judiciales, es el principal delito informático por el cual se abre un expediente. El Código Penal establece una pena de hasta seis años de cárcel a quien cometa esta infracción y cause un daño económico a una persona o empresa.
En los juzgados también ven otros procesos como suplantación de identidad o sabotaje informático, pero son una minoría.
El incremento de nuevos casos se traslada al de expedientes terminados.
El año pasado hubo 8.553 procesos finalizados en juzgados y tribunales, en los cuales en 7.678 hubo desestimación o sobreseimiento. La carencia de prueba relevante o que el denunciante no continuó con el proceso está detrás de dicho resultado, muestran los datos oficiales.
En tanto, en 875 expedientes el proceso fue devuelto al Ministerio Público, hubo conciliación o un fallo favorable.
La tendencia registrada el año pasado también ocurrió entre el 2019 y 2021. Por ejemplo, en el 2021 hubo 3.317 resoluciones en juzgados y en el 88% de los casos, es decir, 2.918 expedientes, se desestimó o archivó.
Y en el 2023 la dirección es la misma: entre enero y mayo hubo 4.551 resoluciones, pero el 86% el resultado fue una desestimación o se sobreseyó, según datos judiciales.
La sustracción de dinero de las cuentas de clientes bancarios es un problema en crecimiento. Entre enero del 2021 y el 22 de abril de 2022, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó el robo de ¢4.317 millones y $1,4 millones, según las denuncias presentadas por usuarios financieros.
Razones del alza
La principal razón para la desestimación de un proceso por delitos informáticos es la falta de prueba suficiente que permita probar los hechos delictivos en la etapa de investigación y el juicio, explicó Esteban Aguilar Vargas, fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público.
En la etapa de pesquisa, efectuada en conjunto con el OIJ, pasa en ocasiones que la prueba necesaria ya no existe o no es posible llevarla al debate, agregó.
“En la fase del juicio, podría ocurrir, en tanto, que se genere duda y la prueba recabada no logre desvirtuar el principio de inocencia que cobija a la persona acusada”, dijo Aguilar, quien comentó que aunque la Fiscalía considere suficiente la información presentada, son los jueces quienes resuelven.
”Corresponderá al Ministerio Público presentar los recursos de apelación respectivos, con el fin de buscar anular dicha sentencia”, subrayó.
Las desestimaciones ocurren por diversas razones. Por ejemplo, el hecho denunciado no lo cometió el imputado; no se logró identificar al responsable del delito, este prescribió o quien demandó no siguió con el proceso, se detalla en los motivos de los casos terminados.
Las denuncias por delitos informáticos también crecieron, en los últimos cuatro años.
El año pasado ingresaron 12.109, lo cual significó un aumento del 62% comparado a las 7.485 del 2021.
Para Danilo Montero R., director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), en muchas ocasiones la persona afectada no presenta los documentos necesarios para el caso porque pierde el interés o simplemente no los logra obtener.
“Hay casos en que las personas no logran demostrar, en los tribunales, que hicieron una debida custodia de su información financiera”, afirmó.
Sin embargo, agregó que una de las debilidades es la poca especialización de los jueces en este tipo de delito.
En este aspecto coincidió Mario Gómez Pacheco, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). Él consideró que el país debe dotar de recursos económicos, técnicos y humanos al OIJ y al Ministerio Público para el combate de estos casos.
“Estos procesos de investigación son muy sofisticados, la mayor parte de las acciones (delictivas) se realizan a través de esquemas cibernéticos. La realidad es diferente y el país debe adaptarse”, sostuvo Gómez.
Añadió que también es vital promover reformas legales para atacar a las bandas de crimen organizado que ejecutan estos delitos.
Colaboración en investigaciones
Desde las entidades financieras argumentaron que hay plena cooperación con el OIJ y el Ministerio Público en el suministro de información para sostener las investigaciones en los Tribunales de Justicia.
Además, recalcaron que se usan nuevos sistemas de ciberseguridad y métodos de autentificación para prevenir y reducir el fraude digital.
Carlos Astorga, gerente de Servicios Corporativos del Banco de Costa Rica, comentó que se entregan desde registros de actividad en línea, capturas de pantallas, correos electrónicos, direcciones IP, así como registros de archivos.
Las instituciones financieras sí destacaron que sus clientes efectúan cada mes millones de transacciones y la mayoría se realizan sin ningún tipo de inconveniente.
Raúl Lacayo, vocero de Seguridad Bancaria del Banco Popular, explicó que el porcentaje de casos que se traducen en delitos informáticos es reducido frente al volumen de transacciones.
Reseñó que usualmente se cometen mediante métodos de ingeniería social al hacerse pasar por falsos funcionarios bancarios, pago de municipalidades e impuestos, firma digital, ofertas laborales y falsos premios con el objetivo de obtener las credenciales bancarias de las personas.
Sobre la responsabilidad de la banca, David Hernández Mora, director de Seguridad e Investigaciones del Banco Nacional, dijo que consiste en asegurar que sus plataformas poseen esquemas de seguridad.
“Los usuarios de las diferentes plataformas bancarias deben utilizar los dispositivos y factores de seguridad de forma correcta, sin exponerlos a terceros”, añadió.
Para Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC Credomatic, cada caso debe analizarse de forma independiente e integral, pues tiene sus propias particularidades.
Recalcó que cuentan con sistemas y desarrollos robustos para monitorear en tiempo real las transacciones realizadas por los usuarios, y detectar actividades sospechosas en el comportamiento transaccional.
