Carlos Arguedas C.. 12 marzo
Contra Paul Franklin Watson se había emitido una orden de captura internacional, la cual quedó sin efecto en enero pasado. Foto de AFP
Contra Paul Franklin Watson se había emitido una orden de captura internacional, la cual quedó sin efecto en enero pasado. Foto de AFP

El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea confirmó el pasado 25 de enero la prescripción en la causa penal que se seguía contra el ambientalista canadiense Paul Franklin Watson, por el delito de peligro de naufragio, por golpear un barco tico en el 2002.

La resolución la dio a conocer este martes la organización Sea Shepherd en un comunicado de prensa. Con esa decisión también se cancela la orden de captura internacional del conservacionista.

El fallo del tribunal se produjo luego de analizar una apelación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que impugnó una decisión del Tribunal Penal de San José del 30 de julio del 2018, cuando dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Watson por prescripción de la acción penal.

La Fiscalía alegó que los jueces del tribunal penal se basaron “en un cálculo errado del cómputo de la prescripción que, de haber sido correctamente calculado, habría determinado que la acción (penal) prescribiría el 12 de octubre de 2019”.

Sin embargo, los jueces de apelación, Ana Isabel Solís Zamora, Elizabeth Montero Mena y José Manuel Cisneros Mojica, después de hacer un estudio de los motivos que tiene la legislación para interrumpir la acción penal, determinaron que “el día 10 de marzo de 2014, efectivamente se ha extinguido la acción penal”.

Abraham Stern Feterman, uno de los defensores del ambientalista, dijo: “La resolución del Tribunal de Apelaciones confirma la tesis de la defensa y se comprueba, en definitiva, que desde el día 10 de marzo del 2014 han obligado a mi cliente a litigar el caso injustamente. Durante casi cinco años mantuvieron abierto un proceso penal totalmente prescrito”, comentó.

Recuento del caso

El hecho por el cual se abrió este proceso judicial ocurrió el 23 de abril del 2002 en aguas territoriales del Pacífico de Guatemala, cuando el barco Ocean Warrior golpeó en tres ocasiones al pesquero costarricense Varadero 1, que llevaba seis tripulantes.

La acción, presuntamente, fue porque la embarcación tica realizaba aleteo de tiburones, una actividad ilegal y cruel.

El Ocean Warrior es propiedad del grupo ecologista Sea Shepherd Conservation Society, del cual Watson, de 68 años, es el fundador. El día del incidente, él comandaba la embarcación.

Franklin Martínez, dueño del Varadero 1, dijo el 27 de abril del 2002 al periódico Al Día que el pesquero sufrió daños en la cabina, en un costado y se le torció un eje. Dos tripulantes sufrieron lesiones y estuvieron incapacitados 15 días.

En tanto, Watson declaró en esa misma ocasión a Al Día que todo obedeció a un choque accidental. “Regresábamos de la Isla del Coco cuando los encontramos. Navegábamos paralelos a la embarcación y en eso ellos cambiaron el rumbo. Por eso chocamos”, alegó.

Al regresar a tierra firme, los pescadores denunciaron a Watson ante la Fiscalía Adjunta de Puntarenas, la cual abrió un proceso por el delito de peligro de naufragio, el cual que tiene una pena de seis a 15 años de prisión, “a quien ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o un transporte aéreo”, según lo establece el artículo 258 del Código Penal.

Watson rindió declaración indagatoria el 29 de abril del 2002 en la Fiscalía de Puntarenas. Luego vinieron varios señalamientos a los cuales no se presentó y fue el 26 de junio del 2006 que se le declaró reo rebelde y se emitió una orden de captura internacional.

Conciliación

Como parte de este proceso, a finales del 2016 Paul Watson concilió con los pescadores puntarenenses, les ofreció una disculpa y una compensación por los daños que ellos habían sufrido.

Empero, dicho acuerdo quedó supeditado a que se dictara la prescripción de la acción penal. En el comunicado de prensa de Sea Shepherd emitido este martes no hacen referencia a ese mencionado convenio.

Sin embargo, incluyeron declaraciones de Watson en el sentido de que “en las acciones efectuadas aquel día (23 de abril del 2002), nunca hubo ningún tipo de daño o agresión contra la embarcación Varadero 1, ni a su tripulación. Actuamos con el único y genuino fin de proteger a los tiburones que estaban siendo masacrados”.

Asimismo, se atribuye a Watson manifestar: “Quiero agradecer la solidaridad del pueblo de Costa Rica, la ecuanimidad de su actual gobierno y, en especial, la comprensión y apoyo del señor ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez Echandi. Es hora de mirar al frente y retomar los esfuerzos de conservación que nuestra organización y miles de personas hacen diariamente en todo el mundo a favor del medio ambiente”.

Finalmente, dijo que tiene mucho interés en “proteger, junto al pueblo costarricense, ese maravilloso santuario natural que es la Isla del Coco y otras zonas en peligro ligadas al Corredor Marino del Pacífico Este Tropical”.