Erick Gatgens, codefensor de Mélida Solís, dueña de la empresa constructora H Solís, lamentó lo que considera un absoluto entrabamiento en el proceso judicial del caso Cochinilla que, luego de dos años, sigue sin mayores avances.
Gatgens señaló que la principal prueba continua engavetada, lo que pone en evidencia que nuestro sistema penal no está preparado para procesos como estos, donde hay una multiplicidad de partes y de hechos.
“Eso debería llamar a la reflexión sobre qué debemos hacer para enfrentar estos casos”, aseveró.
A su criterio, podría ser necesaria una reforma a la legislación penal o que la Fiscalía sea más selectiva y decida enfocarse en ciertos hechos más relevantes, de modo que con los otros pueda pedir algún criterio de oportunidad.
“Me parece que se deben poner las barbas en remojo sobre el manejo de estos casos”, agregó Gatgens.
Un criterio similar expresó hace un año el fiscal Glenn Calvo, poco antes de dejar la dirección del equipo que durante un año tuvo a cargo el análisis del caso Cochinilla por parte del Ministerio Público.
“Nuestro sistema no está preparado para este tipo de causas. No tiene una contención, no solo de recurso físico como tal, sino de activos humanos”, afirmó a La Nación.
Para el abogado, la ventaja es que la mayoría de las medidas cautelares fueron levantadas.
En ese sentido, Gatgens señaló como positivo el hecho de que el Juzgado, a sabiendas de que el asunto “va para largo”, resolvió eliminar las medidas más fuertes como la prisión preventiva.
El 14 de junio del 2021, más de 550 policías del OIJ y 100 funcionarios del Poder Judicial realizaron 57 allanamientos por el caso Cochinilla. Uno de los operativos se realizó en la sede del Conavi, en Montes de Oca. Foto: (JOHN DURAN)
Difícil ajuste de agendas
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En cuanto a las 13 vistas de apelación pendientes del caso Cochinilla, Gatgens afirmó que eso genera un entrabamiento importante.
Aunque desde el inicio el Ministerio Público se ha mostrado optimista en que el proceso va a avanzar rápido, por múltiples razones las audiencias se suspenden, principalmente por choques de señalamientos o por otros juicios.
“El Juzgado a veces ha querido hacer las cosas a la carrera, pero el Tribunal Penal resolvió que si una parte tiene interés de estar en una audiencia, no puede el Juzgado, con mano militar, decir: ‘usted no participa y listo’, pues se trata de un derecho de las partes para participar”, dijo.
Para el abogado Erick Ramos, codefensor de Carlos Cerdas, dueño de la empresa constructora MECO, es falso que las actuaciones de la defensa sean las únicas que impiden abrir la prueba electrónica, como lo afirma la Fiscalía.
Sostuvo que tantas audiencias pendientes, luego de dos años de proceso, obedecen a muchos factores a la hora de conciliar agendas y no solo a la defensa.
Ramos recalcó que el Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública ordenó que la defensa tenga el derecho de estar presente para abrir los dispositivos electrónicos decomisados.
Explicó que antes de que el Tribunal establezca las fechas, cada defensor debe aportar su agenda.
“Si el Tribunal señala una fecha en la que ya estamos comprometidos, no podemos llevar a cabo la audiencia. Pero no es solo responsabilidad de la defensa. Hay que tener en cuenta que este es un caso altamente complejo con decenas de imputados físicos y jurídicos, y no es sencillo”, acotó.
Señaló que la representación fiscal cuenta con varios integrantes, por lo que si uno de ellos no puede asistir a la audiencia, otro puede hacerlo en su lugar. Sin embargo, en el caso de los imputados, algunos solo tienen un defensor, por lo que la programación de audiencias debe tener esto en cuenta.
