El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, acudió este jueves, a las 2:08 p. m., a la Fiscalía General de la República luego de que tuviera conocimiento de que existe una investigación en su contra.
Casa Presidencial confirmó que un medio de comunicación les hizo consultas este jueves sobre cinco investigaciones penales abiertas en contra del mandatario, por lo cual Chaves delegó en un representante legal la consulta ante la Fiscalía, pero no podía tener acceso a la información.
Por lo anterior, el mandatario decidió ir personalmente a ponerse a las órdenes del Ministerio Público, cuya sede está ubicada en barrio González Lahmann, en San José.
Al retirarse de la sede de la Fiscalía, a eso de las 2:45 p. m., Chaves no brindó información a los medios de comunicación sobre la causa penal en su contra, pero aseguró que se trata de “acusaciones frívolas”.
“Francamente las acusaciones son absurdas y sin fundamento desde mi punto de vista. Yo como siempre he estado muy tranquilo, sigo todavía más tranquilo para serles franco porque las acusaciones son verdaderamente frívolas, absurdas. En otras jurisdicciones lo acusarían por abuso de proceso”, manifestó el mandatario.
La oficina de prensa del Ministerio Público, había confirmado a La Nación, el 2 de mayo anterior, que se siguen dos causas penales en contra del gobernante, bajo los expedientes 22-000210-0276-PE y 22-007355-0042-PE, en relación con el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en la pasada campaña electoral.
En aquel momento, las autoridades también indicaron que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) remitió las causas a la Fiscalía General “ya que se siguen contra el señor Chaves, quien ahora ocupa un puesto en uno de los Supremos Poderes de la República, por lo que ahora le corresponderá a ese despacho continuar con estas investigaciones”.
Este jueves, el mandatario no confirmó si la investigación por la cual acudió al Ministerio Público tiene relación con el financiamiento de las actividades proselitistas.
Por el contrario, lamentó enterarse por medios de prensa acerca de procesos penales en su contra. Afirmó que nadie lo citó y que él decidió apersonarse de forma voluntaria.
“Yo no puedo contestarles porque estos son casos penales y hasta que no se abra un juicio no puedo comentarle al respecto”, señaló ante consultas de la prensa.
El fiscal general interino, Warner Molina, atendió las consultas del mandatario. Según confirmó el Ministerio Público al término de la visita del presidente a sus oficinas, Molina le mostró los expedientes en cuestión al mandatario. También estuvo presente la fiscala adjunta, Melissa Quirós Rodríguez.
“La consulta de los expedientes forma parte de los derechos de las partes involucradas en una causa penal”, seńaló la Fiscalía, quien confirmó que Chaves acudió voluntariamente.
“Las causas se encuentran en la fase de investigación preparatoria, la cual, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, es de carácter privada”, agregó la entidad.
Financiamiento de campaña
Si bien no confirmó que la pesquisa tenga relación con el financiamiento de su campaña política, el mandatario sí dejó entrever que está relacionada con la época electoral y mencionó aspectos muy generales sobre los supuestos denunciantes.
“Me gustaría hacerlo con nombres y apellidos, y quiénes son sus patrocinadores políticos, que durante la campaña no sé qué hicieron para convencer, un partido político en particular, un partido político específico, para convencer a este señor que hiciera ruido y que fregara”, aseveró Chaves.
Mientras brindaba las declaraciones, Chaves consultó a sus asesores legales: “¿Puedo decir que es una persona que dijo que era fundador de mi partido?”.
Ante la negativa de sus asesores, respondió: “No puedo denegarlo, tampoco debo confirmarlo, pero sí, son denuncias de personas que verdaderamente no tienen nada que hacer provechoso”.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también realiza investigaciones sobre un fideicomiso privado que financió gastos electorales, entre julio y setiembre de 2021, al margen de la transparencia exigida por la legislación electoral.
Investigaciones publicadas por La Nación revelaron que mediante el fideicomiso se financiaron gastos como el alquiler de la casa de campaña del PPSD, giras de candidatos a diputado a zonas rurales del país y hasta pago de planillas.
Dicho fideicomiso lo crearon Rodrigo Chaves y el empresario Jack Loeb Casanova, en febrero de 2021, para lo cual firmaron un convenio con ATA Trust Company S.A.
Arnoldo André Tinoco, actual canciller de la República, figuró como presidente de ATA Trust. Incluso el abogado realizó aportes al fondo que financió gastos electorales.
