Por una presunta fuga de información, el Consejo Superior del Poder Judicial confirmó la revocatoria del nombramiento de Luis Guillermo Fonseca Herrera, quien laboraba como subjefe del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Así consta en el acta del Consejo del pasado 20 de setiembre, en donde se detalla que también se rechazó el recurso de apelación presentado por el defensor del funcionario judicial.
“Se acordó rechazar el recurso de apelación presentado y mantener el acto administrativo impugnado, confirmar la revocatoria de nombramiento del servidor Luis Guillermo Fonseca Herrera, la cual rige a partir del lunes 24 de setiembre del 2018.
"La Dirección General del Organismo de Investigación Judicial, el Departamento de Gestión Humana y el Tribunal de la Inspección Judicial, tomarán nota para lo que corresponda. Se declara acuerdo firme”, detalla el documento, disponible en la página web del Poder Judicial.
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En el escrito se especifica que la prueba incorporada al expediente permite acreditar que Fonseca Herrera informó sobre un allanamiento a un tercero que pudo poner en riesgo el operativo, “omitiendo guardar reserva sobre un asunto judicial, propiamente sobre la investigación que se estaba llevando a cabo”, con lo cual consideran que se “contravino” lo dispuesto en el artículo nueve del Código de Ética para el OIJ.
Los hechos
A Fonseca Herrera se le abrió una investigación por, supuestamente, filtrar información sobre un allanamiento.
En apariencia, el subjefe judicial le avisó al fiscal adjunto contra la Delincuencia Organizada, Francisco Fonseca Ramos, de que iban a allanar la casa de su suegro.
Este último es un abogado de apellidos Martínez Fuentes, quien fue detenido el 9 de agosto del 2017 como sospechoso de ser el notario de un grupo criminal que realizaba estafas en la adquisición de propiedades y vehículos.
Martínez Fuentes, de 64 años, también es el padre de la ex fiscala adjunta de Limón, Karolina Martínez Solano. Ella está casada con el fiscal Fonseca Ramos.
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El Ministerio Público detalló el día de la captura de Martínez Fuentes, que un oficial del OIJ llamó al fiscal Fonseca para avisarle del allanamiento en la casa de su suegro.
Según agregó el órgano acusador del Estado, esa situación puso en peligro toda la operación.
"Estima este Consejo, en estricto apego a la normativa que le cobija para la aplicación de una sanción disciplinaria, que casos como este no es posible otra sanción que no sea el despido, por cuanto existe una violación grave a los deberes que está obligado a cumplir una persona como servidora o servidor judicial. En el presente asunto, los hechos ventilados llevan a desconfiar del servidor investigado, como persona idónea para atender el puesto que le ha sido delegado.
“De toda persona servidora judicial, se espera un comportamiento apegado estrictamente a las leyes y el ordenamiento jurídico en general, sin que se justifique de ninguna manera el interés personal, ya sea por amistad o parentesco, de una persona servidora judicial a otra, en relación a su trabajo, aunado al hecho de la gravedad de las actuaciones y de las secuelas que podría traer brindar información confidencial sobre un asunto judicial, más grave aún, cuando se toquen temas de carácter penal, pues es sabido por todos, sus consecuencias podrían ser mayores”, explica el acta.
Información actualizada a las 6:28 p. m. con más datos del acta.